15 Septiembre 2013
Fernando Laborda - La Nación
Mientras Martín Insaurralde y Daniel Scioli se desviven por brindar desesperadas señales de que el oficialismo ha escuchado el reclamo emitido mediante las urnas en las primarias abiertas del 11 de agosto, colocando a la inseguridad en el centro de la campaña electoral, Cristina Kirchner parece haber optado por refugiarse en el pasado. Lo poco que se vio ayer, en la primera parte de la entrevista que difundió la Televisión Pública, mostró a una Presidenta que insiste en profundizar su estrategia de victimización, mostrándose como la más atacada de la historia argentina por encarnar un proyecto transformador que afecta a determinados "intereses económicos". Su relato sumó en la víspera un nuevo eslabón, cuando se comparó con Juan Domingo Perón por la "demonización" que sufrió.
La Presidenta mostró que se siente más cómoda hablando del último régimen militar y de la década menemista, para relacionar esas épocas con el endeudamiento externo del país, que de los problemas presentes hoy en la agenda ciudadana. Lo hace para poner de manifiesto a cada rato que su gestión se ha basado en el "desendeudamiento", aunque elude mencionar que los tradicionales créditos de los organismos financieros internacionales a la Argentina han sido reemplazados en su gobierno por el financiamiento del Tesoro Nacional con reservas del Banco Central y con fondos de la Anses que deberían estar reservados para los jubilados, y por el más injusto de los impuestos: el inflacionario.
El mensaje que aspira a dar Cristina Kirchner es que si hay una izquierda nacional en la Argentina, es el kirchnerismo y que su gran competidor del momento, Sergio Massa , terminará funcionando como una herramienta de la derecha. Su mejor intérprete fue su filósofo político de cabecera, Ernesto Laclau, quien se pronunció en esos términos recientemente y agregó, en sintonía con lo expresado ayer por la Presidenta, que "la magnificación de los fenómenos de corrupción, de los que son atacados todos los gobiernos populares, es un caballito de batalla de la derecha".
De cara al fin de ciclo que parece haber comenzado con el resultado de las elecciones primarias, la pregunta que sobrevuela a actores económicos y a buena parte de la dirigencia política es hasta qué punto Cristina Kirchner estará dispuesta a garantizar una transición ordenada a quien vaya a sucederla en diciembre de 2015.
Con algunas precisiones formuladas a los empresarios que la escucharon días atrás en Tecnópolis, a puertas cerradas, y con los detalles del proyecto de ley de presupuesto 2014 enviado al Congreso, puede deducirse la respuesta a aquel interrogante: la Presidenta no tiene pensado corregir el rumbo económico y la fiesta deberá pagarla el próximo gobierno. Las actuales autoridades nacionales no proyectan abandonar el cepo cambiario, ni modificar el esquema de metas de crecimiento por metas de inflación, ni disminuir la dosis de intervencionismo estatal, ni brindar señales a los mercados que le permitan al país beneficiarse de las bajas tasas de interés internacionales, ni dejar de seguir recurriendo al Banco Central y la Anses para financiar al Estado nacional.
"No me voy a comer a nadie", les expresó la Presidenta a los hombres de negocios reunidos en Tecnópolis el miércoles pasado, luego de pedirles que aprovecharan ese espacio para exponer sus opiniones y no se tenga que enterar de ellas a través de los diarios. A algunos de los presentes les sonó como una advertencia de que todavía está en condiciones de comerse a quien quiera, aunque se encuentre en la última etapa de su mandato y sin posibilidades de reelección.
Tal cita sugiere que Cristina Kirchner no sólo no está dispuesta a modificar su política económica, sino que tampoco accederá a cambiar su estilo de gestión, aunque ayer, en el reportaje que le concedió al periodista Hernán Brienza, haya dicho: "No creo que la política deba ser una relación de amigo y enemigo. No considero enemigo a alguien que no esté de acuerdo conmigo". Los ataques económicos de su gobierno a los medios de comunicación no complacientes con sus políticas y los escraches públicos y persecuciones impositivas a empresarios que osaron cuestionar algunas medidas gubernamentales parecen desmentirla. En el paradigma de negocios en la era kirchnerista, no hay mayor lugar para los críticos ni para los auténticos emprendedores, que deben ceder su lugar a los lobistas y cortesanos del Gobierno.
La decisión presidencial de no realizar correcciones económicas se explica por una lógica kirchnerista que supone que algunas de las rectificaciones que podrían plantearse para enderezar el rumbo actual tendrían un costo político que un gobierno débil no debería asumir. Al mismo tiempo, la Presidenta parece convencida de que cuenta con margen de maniobra para mantener la actual política económica por dos años más, eventualmente con algunos parches, y dejarle los ajustes pendientes a quien la suceda en 2015.
Hay, sin embargo, serias dudas entre algunos economistas de que la bomba no pueda estallar antes de diciembre de 2015. El analista económico Agustín Monteverde advirtió que, según el último balance del Banco Central, correspondiente al 6 de septiembre, los poco más de 35.000 millones de dólares de reservas brutas esconden el equivalente a 8965 millones de dólares como depósitos del Gobierno. Esta cifra representa mucho más que los aproximadamente 2446 millones de dólares reservados para el Tesoro Nacional al 28 de agosto. Como esa suma de casi 9000 millones de dólares supera con creces los vencimientos de deuda hasta fin de año, Monteverde sospecha que se utilizarán para financiar importaciones de combustibles.
Los números del BCRA muestran también una creciente tenencia de títulos públicos por unos 272.500 millones de pesos, equivalentes a 47.784 millones de dólares al cambio oficial, expresados en letras intransferibles a diez años, que más que un pagaré podrían ser un pagadiós.
Otro dato también inquietante es que mientras a fines de 2009 las reservas brutas del BCRA equivalían a 16 meses de importaciones de la Argentina, hoy equivalen a menos de seis meses, según el estudio de Monteverde. A título anecdótico, en diciembre de 2001, en el centro de la última gran crisis socioeconómica y política, las menguadas reservas representaban nueve meses de importaciones, más que ahora.
A un ritmo de pérdida de reservas cercano a los 1000 millones de dólares mensuales, como el producido en lo que va de 2013, no faltan economistas que pronostican que el país podría quedarse sin reservas netas en el transcurso de 2015.
Estos vaivenes económicos, sumados a un escenario internacional que no acompañaría en los próximos dos años a los países emergentes como hasta ahora, de la mano de una desaceleración china, de menores estímulos monetarios de la Reserva Federal norteamericana y de una potencial suba de las tasas, comienzan a alarmar a los líderes territoriales del peronismo, incluidos algunos que hasta hoy acompañaron a Cristina Kirchner.
Las dificultades del proceso de sucesión recién comienzan y se profundizarán cuando, tras las elecciones de octubre, algunos caudillos territoriales se convenzan de que la factura por su retroceso electoral debería ser pagada por la Presidenta, como ese padre que se ha cansado de prestarle el auto a su hijo los fines de semana para que, invariablemente, se lo devuelva chocado.
Pero si esos dirigentes peronistas se ilusionan con que le harán pagar algunos platos rotos al gobierno actual, deberían saber que Cristina no piensa hacerse cargo ni de un pocillo.
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