Lo más cerca posible de la Constitución

17 Septiembre 2013
La Constitución es un programa de reparto de poder; el catálogo de disposiciones que enuncian derechos, deberes y límites esenciales tanto para el ámbito de lo público como de lo privado. La Constitución precisa las líneas maestras que organizan el universo de personas y cosas, y las relaciones que estos establecen entre ellos en el territorio de referencia.

Por eso este conjunto de reglas y principios ocupa la cúspide de la pirámide normativa que conceptualizó el jurista austríaco Hans Kelsen. En última instancia, toda la ley y acto estatal, y toda acción particular debe ajustarse a las prescripciones constitucionales o, por lo menos, no transgredirlas. Esto es verdad para las cosas de gran importancia, por ejemplo, para no aspirar a gobernar más tiempo que el que permita la Constitución, pero también para las cuestiones cotidianas. Ejercita un derecho de naturaleza constitucional el ciudadano que expresa sus ideas o profesa una religión. Lo mismo ocurre cuando clama por igualdad o por un ambiente sano. En ese sentido, el conflicto social expresa una demanda constitucional insatisfecha. Por sus implicancias generales y universales, porque nadie ni nada está exento de sus preceptos, porque pertenece a todos en la misma medida y porque establece la organización institucional deseada, la Constitución está llamada a ser un texto lde lectura, consulta y análisis permanente. Hay que recurrir a ella para buscar respuestas; para recordar el norte; para recobrar el espíritu comunitario; para instrucción y no sólo para advertir sobre el riesgo de violación de un principio básico o sobre la violación consumada. Idénticas razones obligan a concluir que la Constitución no puede ser objeto de estudio sólo de especialistas en la materia ni su difusión quedar confinada a los claustros universitarios y foros académicos. Ese conocimiento resulta capital para la ciudadanía y, por tanto, la ciudadanía ha de aspirar él no sólo por convicción sino, también, porque es lo que conviene a la defensa de las libertades individuales, de la democracia, la república y del Estado de derecho.

Por ello la celebración del XI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional "Jorge Carpizo", que comienza hoy y concluye el jueves, emerge como una oportunidad única para ampliar el saber relativo a la Constitución. Ese acontecimiento convertirá a esta ciudad en una auténtica capital internacional del constitucionalismo gracias a la presencia de prestigiosos autores de doctrina, docentes y magistrados de Europa y América. Entre los invitados y panelistas confirmados están Diego García Sayán y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, respectivos presidente y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y José de Jesús Orozco Henríquez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos ellos llegan a la provincia por primera vez y no precisamente en un momento fácil puesto que Venezuela acaba de dejar sin efecto su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El temario del congreso refleja inquietudes contemporáneas vinculadas a la reforma constitucional; el populismo; las garantías constitucionales; el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana en la jurisprudencia local; la protección del ambiente; los derechos del consumidor, etcétera. Los tucumanos disponen de un caudal voluminoso de información susceptible de echar luz sobre el estado del constitucionalismo en el mundo iberoamericano y en Argentina. Este diario dará cobertura a ese acontecimiento con la intención de producir un encuentro entre las ideas y el gran público, y la esperanza de brindar a los lectores la oportunidad de profundizar en la Constitución, primer y último refugio del ciudadano contra los excesos del poder.

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