Suman más de 80.000 las familias sin vivienda

Ya es una típica costumbre: los años electorales parecen venir tomados de la mano de las usurpaciones de terrenos por parte de familias que aseguran no tener un techo para vivir. Los hechos así lo demuestran. Así ocurrió en 2009, con una ocupación de casas en el barrio Lomas de Tafí. También en 2011, con el intento de usurpación de un predio de Villa 9 de Julio. Y está sucediendo ahora, con la expoliación de cuatro lugares: en el ingenio San Juan, en la ex fabrica Pacífico (San José), en los predios del Tiro Federal, y en los terrenos del Arzobispado (Avenida de las Américas al 600).

Aunque el Censo 2010 indique que desde 2001 a la fecha el déficit habitacional de la provincia disminuyó casi a la mitad, la apropiación de inmuebles sigue siendo una constante que se reedita, especialmente, en vísperas de períodos electorales.

De acuerdo al último relevamiento realizado hace tres años por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), en Tucumán hay 396.429 viviendas, contra las 310.674 de 2001, lo que arroja un crecimiento del 28%; pero la muestra también desnuda que cuatro de cada 100 hogares tucumanos no tienen ni baño ni letrina (son 16.527). En 2001, en plena crisis económica y política, la provincia presentaba un déficit habitacional de 140.000 viviendas. Es decir que en la última década, esa carencia se redujo a 80.000 casas, ya que, según datos del propio Indec, la gestión de gobierno aportó 60.000 soluciones habitacionales.

Sin embargo, las apropiaciones de terrenos fiscales y privados fueron en aumento. Según el subsecretario de Regulación Dominial y Hábitat, Gustavo Usandivaras, las usurpaciones afectan el estado de derecho, porque se viola -afirmó- el principio constitucional de la propiedad privada. "Esta situación (las usurpaciones) está produciendo una angustia en muchos propietarios. No obstante, quiero aclarar que son dos las víctimas del problema: el dueño del inmueble ocupado, y las familias cautivas que por ignorancia son arrastradas por inescrupulosos dirigentes políticos", señaló el funcionario. Según Usandivaras, los hechos de usurpaciones están directamente relacionados a los años electorales. "Casualmente esta serie de hechos se producen en época electoral. Pasó en 2009, en 2011 y ahora. ¿Cómo se resuelve? Manteniendo una firme postura del Estado, promoviendo la defensa irrestricta de la propiedad privada. El Estado puede salir a luchar contra el déficit habitacional pero bajo ningún punto de vista aceptará la violación de la propiedad privada", planteó el ex concejal de la capital. Usandivaras comentó que durante su gestión se entregaron 18.000 escrituras en toda la provincia.

El jueves, cuando se produjeron los incidentes en el predio de la ex fábrica de cohetes Pacífico, el gobernador, José Alperovich, fue el primero en afirmar que el Gobierno protegerá la propiedad privada. "Le pido a la gente que no se deje engañar, que no vaya (a usurpar). Vamos a defender la propiedad privada, es algo que está muy mal. No permitimos la usurpación; en eso vamos a ser muy firmes", había expresado.

El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, también opinó sobre las ocupaciones. "Son lo más dañino que puede haber para ordenar la política habitacional. En primer lugar, porque no se puede asignar a la gente terrenos que no son propios, porque todos los planes federales de vivienda exigen que los terrenos estén regularizados. Si esto no es así, es imposible poner en marcha la infraestructura. El peor de los males es la usurpación, desde el punto de vista técnico y práctico", aseveró Durán. "Y sólo estoy hablando del tema operativo práctico y no de las consecuencias legales. Seguramente el tema de las usurpaciones tiene sus implicancias política. Los usurpadores se victimizan, pero hay que aclarar que no son víctimas", agregó.

El jueves por la tarde, LA GACETA concurrió al predio usurpado de Avenida de las Américas al 600, perteneciente al Arzobispado de Tucumán. Allí, 34 familias residen en sus casas prefabricadas desde hace seis meses.

Los moradores aseguran que no fueron llevados al lugar por ningún dirigente político. "Fuimos llegando de varios barrios y nos instalamos. Queremos que el Gobierno nos haga un relevamiento porque no tenemos ni agua ni luz", comentó Silvana Rodríguez, una joven madre que mientras relataba los hechos amamantaba a su bebé.

Cuando el diario llegó al lugar, dos patrulleros impedían que los vecinos rompieran el suelo para perforar el caño mayor y, de esta manera, aprovisionarse de agua. Según comentó otra vecina, Cinthia Aráoz, los ocupantes del predio intentaron hablar con alguna autoridad eclesiástica, pero aún no fueron escuchados. "Fuimos hasta la parroquia del frente que sabemos que es del Arzobispado. Nos atendió el ex arzobispo (Luis)Villalba que vive allí; nos dijo que no tenía nada que hablar con nosotros. Sabemos que la Iglesia había iniciado un juicio, pero después paró. Se ve que se dieron cuenta que no era bueno que la Iglesia le haga juicio a sus fieles y menos aún si no tienen casa", relató Aráoz.

"Queremos que hagan un relevamiento y estamos dispuesto a comprar los terrenos. No queremos que nos regalen nada", agregó Fabián Figueroa, otro vecino asentado en lo que, hasta hace seis meses, fue una cancha de fútbol.

Antecedentes

Un club ocupado.- El Club Tiro Federal de Tucumán, ubicado detrás del Hipódromo (Silvano Bores al 600), fue usurpado. El problema no es nuevo, hace 40 días el predio sufrió la primera toma, según Daniel Yapur, secretario del club. En aquella ocasión, la Policía logró desalojar a la gente, que terminó ubicándose a los alrededores del predio. "Hace 40 días que estamos sitiados", se quejó Yapur, dado que tras el primer desalojo, los usurpadores terminaron asentándose alrededor del club. La situación se complicó nuevamente, en el marco de distintas usurpaciones que sucedieron en la provincia, ya que las 50 familias que rodeaban el club, rompieron las paredes de ladrillos y se instalaron en el interior del lugar (foto izquierda).

Intento frustrado en Campo Norte.- La Municipalidad podrá inaugurar hoy las obras de urbanización en calle Viamonte sin nada que temer, ya que fueron desalojadas las 160 personas que el 23 de este mes se instalaron en los predios de Campo Norte. Tras reuniones con funcionarios provinciales, los ocupantes liberaron el lugar sin necesidad de que se produzcan hechos de violencia, como los acontecidos el jueves en la ex fábrica de Pacífico (foto derecha).

Escándalo en Bella Vista.- En junio, un concejal de Bella Vista (José "Pita" Leguizamón) fue suspendido por sus pares en medio de una pelea interna en el oficialismo. El desencadenante del conflicto fue la ocupación ilegal de terrenos en ese municipio. Los desalojados prendieron fuego a la sede municipal para repudiar al intendente Luis Espeche. Los aliados al jefe municipal, en tanto, responsabilizaron al edil peronista de haber incentivado las ocupaciones.

Un asentamiento que sigue.- El 5 de diciembre de 2012 se vivieron momentos de extrema tensión en un predio que pertenece al ingenio azucarero San Juan, ubicado en el municipio de la Banda del Río Salí. El terreno fue usurpado por 200 familias en agosto de ese año. Ese día llegaron al lugar cerca de 120 agentes de la Policía para cumplir con una orden judicial y ponerle fin a la ocupación, pero no lograron su cometido.

En Cruz Alta.- Unas 50 familias fueron desalojadas el 12 de octubre de 2012 por la Policía provincial de un predio usurpado en la comuna de Delfín Gallo, en el departamento Cruz Alta, al este de la provincia. El operativo, del que participaron 80 uniformados, se dio en terrenos del Ingenio Concepción.

Estudio privado.- Los hogares tucumanos que necesitan mejoras, según un estudio del Ieral (Fundación Mediterránea) de 2011, eran más de 100.000. En el informe "Problemas habitacionales e inversión en viviendas sociales en Argentina", en el cuadro del Indice de Calidad global de vivienda por provincia, el Ieral indica que Tucumán registra 269.942 viviendas "aceptables", 121.516 "recuperables" y 17.200 irrecuperables (ese dato coincide con el del Censo 2010).