Por Federico Türpe
22 Febrero 2014
Las buenas intenciones por sí solas no alcanzan, pero sin buenas intenciones ni siquiera podemos empezar a caminar.
Es auspicioso que se siga avanzando en el proceso de una enmienda integral del fuero penal provincial, iniciado el año pasado y cuya segunda audiencia pública se desarrolló el jueves en la Legislatura.
El sistema penal tucumano está colapsado y funciona en medio de un caos que propicia un paraíso para quienes se benefician con este desorden.
Los delincuentes de traje y corbata gozan de una escandalosa impunidad, mientras los pasillos de Tribunales están atiborrados de ladrones de gallinas.
“¿Tan mal estamos que no podemos prevenir ni siquiera un arrebato en la vía pública?”, se preguntó durante la audiencia Jorge Baclini, fiscal regional de Rosario. Baclini fue uno de los santafesinos expositores el jueves, junto con Daniel Erbetta, vocal de la Corte Suprema de Santa Fe.
En esa provincia se puso en marcha un nuevo sistema procesal penal, que incluyó profundos cambios en la administración de justicia, aunque, por lo reciente de la medida, aún sin resultados ostensibles para el ciudadano común.
El delito no retrocederá como consecuencia directa de la reforma y hay que ser prudentes con las expectativas generadas en torno de la reducción inmediata de la inseguridad, advirtieron, en coincidencia, los funcionarios santafesinos.
La comisión que impulsa la reforma procesal penal en Tucumán, integrada por los tres poderes del Estado y por otros representantes del Derecho, mira atentamente lo realizado en esta provincia de administración socialista.
“La investigación de la corrupción es prioritaria”, afirmó Baclini, planteando uno de los dos objetivos fundamentales a los que debe propender la reforma. El otro es la impunidad. No es menor en una provincia donde excepcionalmente se investiga -ni mucho menos se encarcela-, a un funcionario público vinculado a un hecho de corrupción. Desde el policía que adultera una prueba o entorpece la etapa de instrucción, hasta un fiscal que cajonea una causa o un juez que falla de acuerdo a los intereses del Poder Ejecutivo.
A un sistema sospechado y colapsado por falta de recursos, en donde “todo parece estar armado para que nadie investigue”, como sostiene Baclini, se le suma la falta de idoneidad de un staff que, en su mayoría, no ha estudiado ni concursado para investigar.
En medio de este proceso, el gobernador José Alperovich anuncia que pretende endosarle, además, la investigación del narcotráfico a la Justicia provincial, amén de que es indiscutible que la Justicia Federal no tiene con qué ni cómo hacerlo.
En un país donde el consumo de drogas está despenalizado de facto, el entramado empresarial del narcotráfico involucra, necesariamente, a los tres poderes del Estado y a las fuerzas de seguridad.
Las idas y vueltas del gobierno sobre esta idea han confirmado un nivel de improvisación preocupante, sin señales de que se quiera encontrar una solución de fondo, sino más bien sólo un golpe de efecto demagógico hacia una sociedad cada día más castigada por la inseguridad.
En este contexto, es un dislate suponer que la misma fuerza que en diciembre cambió muertos por un aumento salarial pueda hacerse cargo del narcotráfico, del que además forma parte.
Por eso es auspiciosa la reforma procesal penal. Mientras los cambios estén sujetos al diagnóstico técnico-científico de los expertos y no a los intereses de sectores que aparentan cambiar todo cada vez que pretenden que nada cambie. Y la realidad confirma que hasta ahora ganaron siempre.
Es auspicioso que se siga avanzando en el proceso de una enmienda integral del fuero penal provincial, iniciado el año pasado y cuya segunda audiencia pública se desarrolló el jueves en la Legislatura.
El sistema penal tucumano está colapsado y funciona en medio de un caos que propicia un paraíso para quienes se benefician con este desorden.
Los delincuentes de traje y corbata gozan de una escandalosa impunidad, mientras los pasillos de Tribunales están atiborrados de ladrones de gallinas.
“¿Tan mal estamos que no podemos prevenir ni siquiera un arrebato en la vía pública?”, se preguntó durante la audiencia Jorge Baclini, fiscal regional de Rosario. Baclini fue uno de los santafesinos expositores el jueves, junto con Daniel Erbetta, vocal de la Corte Suprema de Santa Fe.
En esa provincia se puso en marcha un nuevo sistema procesal penal, que incluyó profundos cambios en la administración de justicia, aunque, por lo reciente de la medida, aún sin resultados ostensibles para el ciudadano común.
El delito no retrocederá como consecuencia directa de la reforma y hay que ser prudentes con las expectativas generadas en torno de la reducción inmediata de la inseguridad, advirtieron, en coincidencia, los funcionarios santafesinos.
La comisión que impulsa la reforma procesal penal en Tucumán, integrada por los tres poderes del Estado y por otros representantes del Derecho, mira atentamente lo realizado en esta provincia de administración socialista.
“La investigación de la corrupción es prioritaria”, afirmó Baclini, planteando uno de los dos objetivos fundamentales a los que debe propender la reforma. El otro es la impunidad. No es menor en una provincia donde excepcionalmente se investiga -ni mucho menos se encarcela-, a un funcionario público vinculado a un hecho de corrupción. Desde el policía que adultera una prueba o entorpece la etapa de instrucción, hasta un fiscal que cajonea una causa o un juez que falla de acuerdo a los intereses del Poder Ejecutivo.
A un sistema sospechado y colapsado por falta de recursos, en donde “todo parece estar armado para que nadie investigue”, como sostiene Baclini, se le suma la falta de idoneidad de un staff que, en su mayoría, no ha estudiado ni concursado para investigar.
En medio de este proceso, el gobernador José Alperovich anuncia que pretende endosarle, además, la investigación del narcotráfico a la Justicia provincial, amén de que es indiscutible que la Justicia Federal no tiene con qué ni cómo hacerlo.
En un país donde el consumo de drogas está despenalizado de facto, el entramado empresarial del narcotráfico involucra, necesariamente, a los tres poderes del Estado y a las fuerzas de seguridad.
Las idas y vueltas del gobierno sobre esta idea han confirmado un nivel de improvisación preocupante, sin señales de que se quiera encontrar una solución de fondo, sino más bien sólo un golpe de efecto demagógico hacia una sociedad cada día más castigada por la inseguridad.
En este contexto, es un dislate suponer que la misma fuerza que en diciembre cambió muertos por un aumento salarial pueda hacerse cargo del narcotráfico, del que además forma parte.
Por eso es auspiciosa la reforma procesal penal. Mientras los cambios estén sujetos al diagnóstico técnico-científico de los expertos y no a los intereses de sectores que aparentan cambiar todo cada vez que pretenden que nada cambie. Y la realidad confirma que hasta ahora ganaron siempre.
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