El Superior dilata la respuesta a una denuncia

El pedido de juicio académico contra dos docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que ocuparon cargos jerárquicos en la UNT durante la última dictadura motivó que la sesión del Consejo Superior del martes pase a un cuarto intermedio para el próximo martes. Se trata del planteo que había elevado el funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Bernardo Lobo Bugeau, en el que denuncia al vicedecano de Derecho, Miguel Marcotullio, y al secretario de Política Administrativa de esa facultad, Bernardo Carlino: el primero se desempeñó como secretario Académico de Derecho de febrero de 1982 a septiembre de 1983; Carlino condujo Económicas entre junio de 1977 y abril de 1978.

Lobo Bugeau pide en la denuncia que se inicie un juicio académico contra ambos, sobre la base de que la resolución N° 1.255/987 del Consejo Superior determina este procedimiento para aquellos profesores que ocuparon los cargos de rector, decano, secretarios académicos y directores de facultades. Según esta norma, el cuerpo debía tratar la denuncia en su primera sesión, desde que aquella fuera presentada. El rector, Juan Alberto Cerisola, llevó el tema al recinto.

La denuncia comenzó a tratarse en sesión pública hasta las 20.30, cuando el decano de Derecho, José Luis Vázquez, solicitó que se debata en privado. Prevalecieron dos ejes: por un lado, que se rechace la denuncia, sobre la base de que no se cuenta con suficientes elementos probatorios. Esta postura fue defendida, en especial, por abogados: Vázquez, los consejeros Carlos Seidán (estamento de graduados), Ernesto Wayar (profesores titulares), y el director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro.

Por otro lado, el decano de Medicina, Mateo Martínez, advirtió que la denuncia planteada por Lobo Bugeau trasciende lo jurídico. Consideró que la UNT está en deuda con el tratamiento de lo ocurrido durante ese período. Con el consejero Daniel Campi (profesores titulares) pidieron al cuerpo que, más allá de la resolución jurídica que se tome, se emita una declaración política con una suerte de mea culpa institucional, por la histórica falta de tratamiento de esas cuestiones.

Asuntos entrados
Al inicio de la sesión se trataron los asuntos entrados. El consejero por la segunda minoría estudiantil, Víctor Amaya (Nueva Línea-Estudiantes Humanistas-Nuevo Encuentro), había presentado tres temas; pero antes de la sesión retiró uno, que cuestionaba las atribuciones de Martín Cartés. “Militante de La Cámpora autorizó con su firma la erogación de gastos y distribución de partidas presupuestarias durante 2013. Solicito información del cargo y/o función que cumple en el ámbito de la UNT, el destino de las partidas autorizadas y la rendición de cuentas”, decía la nota que, finalmente, Amaya retiró. Ayer, consejeros admitieron en off que les había llamado la atención tanto el retiro de la nota como el hecho de que el cuestionamiento al camporista Cartés provenga de Amaya, un peronista cercano al kirchnerista Movimiento de Unidad Popular. Este explicó a LA GACETA que optó por ingresar la nota por mesa de entradas: “convenía generar el trámite administrativo; si lo debatíamos como asunto entrado iba a quedar en la nada”.

Otra nota que presentó tenía que ver con la pronta llegada a la UNT de $ 24 millones de utilidades de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Amaya pedía que los distribuya el Consejo de Decanos para evitar que se utilicen en el marco del proceso electoral en desarrollo. Cerisola presentó el tema, pero aclaró que entre las facultades del rector figura la de distribuir ese dinero. Nadie reclamó debate y el tema pasó.

Por último, se aprobó la carrera del Profesorado en Ciencias de la Comunicación, proyecto también presentado sobre tablas por Amaya. Cerisola se comprometió a enviar la partida presupuestaria para que en Filosofía se nombren dos docentes, para esa carrera.