02 Mayo 2014
Argentina será objeto de una “vigilancia comercial prioritaria” debido a la insuficiente protección de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) o el acceso al mercado para las personas que dependen de la protección de la propiedad intelectual y a raíz del aumento de las falsificaciones y piratería.
Así se desprendió del “Informe Especial 301” presentado el miércoles en Washington, por la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
La Argentina integró junto con Argelia, Chile, China, India, Indonesia, Pakistán, Rusia, Tailandia y Venezuela la lista de vigilancia prioritaria. El documento expresó que la Argentina permanece en la lista de vigilancia prioritaria en 2014, e integrando esa posición desde 1996.
Más adelante manifestó que la Argentina ha avanzado poco en la mejora de la “protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual en los últimos años”. Luego, el “Informe 301” puntualizó que persisten importantes preocupaciones con respecto a los altos niveles de piratería y falsificación, incluso en el entorno digital.
El documento hizo hincapié en la falta de voluntad política para hacer frente a la situación, a pesar de que la autoridad tributaria (AFIP), ha llevado a cabo algunas operaciones de aplicación.
“Un buen ejemplo de la falta de cumplimiento, incluso básico de las leyes de Propiedad Intelectual, es el continuo crecimiento y expansión del mercado conocido como ‘La Salada’ y la capacidad de sus propietarios para seguir operando con impunidad”, remarcó el informe.
Según la agencia de noticias DyN, la USTR cargó contra la Casa Rosada como responsable de esas violaciones a la propiedad intelectual, al señalar que los retrasos en la adquisición de derechos de propiedad intelectual y la falta de transparencia para los criterios de patentabilidad, también plantean preocupaciones. “Los retrasos en la solicitud de patentes de Argentina están creciendo y este es un problema que podría ser aliviado si la Argentina adhiriera al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y si existiera la voluntad política de hacerlo”, manifestó.
El documento remarcó que la Argentina tampoco proporciona una protección eficaz contra todo uso comercial desleal o de la divulgación no autorizada de pruebas y otros datos, para obtener la aprobación de comercialización para los productos farmacéuticos.
El Informe “Special 301” es una revisión anual de la situación mundial de la protección de los DPI y su aplicación. USTR realiza esta revisión conforme a la Sección 182 de la Ley de Comercio de 1974, modificada por la Ley Omnibus de Comercio y Competitividad de 1988 y los Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT.
Uno de los trabajos privados que confirman un crecimiento de la venta informal en el país es el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En su último informe, destacó que la comercialización ilegal en las ciudades con “Saladitas” alcanzó los $ 1.784 millones en el primer mes de 2014, de los cuales $ 1.310 millones fueron ventas en las conocidas ferias de compra y $ 474 millones fueron ventas realizadas por manteros fijos en la vía pública. La cifra no incluyó los vendedores ambulantes.
En ese análisis y en base a los datos de la Federación Económica de Tucumán (FET), San Miguel de Tucumán, a fines de 2013 había 1.822 puestos ilegales: 1.447 localizados en 11 saladitas y otros 375 eran puesteros asentados fijos en las calles. En seis meses, esa ciudad registró un aumento de un 25,4% en la cantidad de manteros y de un 27% en los puestos en Saladitas. Con ese crecimiento, el 9,6% del comercio de Tucumán ya era ilegal, según informaron.
Posteriormente, El Gobierno tucumano desalojó a los ambulantes del microcentro de la capital.
Así se desprendió del “Informe Especial 301” presentado el miércoles en Washington, por la oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
La Argentina integró junto con Argelia, Chile, China, India, Indonesia, Pakistán, Rusia, Tailandia y Venezuela la lista de vigilancia prioritaria. El documento expresó que la Argentina permanece en la lista de vigilancia prioritaria en 2014, e integrando esa posición desde 1996.
Más adelante manifestó que la Argentina ha avanzado poco en la mejora de la “protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual en los últimos años”. Luego, el “Informe 301” puntualizó que persisten importantes preocupaciones con respecto a los altos niveles de piratería y falsificación, incluso en el entorno digital.
El documento hizo hincapié en la falta de voluntad política para hacer frente a la situación, a pesar de que la autoridad tributaria (AFIP), ha llevado a cabo algunas operaciones de aplicación.
“Un buen ejemplo de la falta de cumplimiento, incluso básico de las leyes de Propiedad Intelectual, es el continuo crecimiento y expansión del mercado conocido como ‘La Salada’ y la capacidad de sus propietarios para seguir operando con impunidad”, remarcó el informe.
Según la agencia de noticias DyN, la USTR cargó contra la Casa Rosada como responsable de esas violaciones a la propiedad intelectual, al señalar que los retrasos en la adquisición de derechos de propiedad intelectual y la falta de transparencia para los criterios de patentabilidad, también plantean preocupaciones. “Los retrasos en la solicitud de patentes de Argentina están creciendo y este es un problema que podría ser aliviado si la Argentina adhiriera al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y si existiera la voluntad política de hacerlo”, manifestó.
El documento remarcó que la Argentina tampoco proporciona una protección eficaz contra todo uso comercial desleal o de la divulgación no autorizada de pruebas y otros datos, para obtener la aprobación de comercialización para los productos farmacéuticos.
El Informe “Special 301” es una revisión anual de la situación mundial de la protección de los DPI y su aplicación. USTR realiza esta revisión conforme a la Sección 182 de la Ley de Comercio de 1974, modificada por la Ley Omnibus de Comercio y Competitividad de 1988 y los Acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT.
Uno de los trabajos privados que confirman un crecimiento de la venta informal en el país es el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En su último informe, destacó que la comercialización ilegal en las ciudades con “Saladitas” alcanzó los $ 1.784 millones en el primer mes de 2014, de los cuales $ 1.310 millones fueron ventas en las conocidas ferias de compra y $ 474 millones fueron ventas realizadas por manteros fijos en la vía pública. La cifra no incluyó los vendedores ambulantes.
En ese análisis y en base a los datos de la Federación Económica de Tucumán (FET), San Miguel de Tucumán, a fines de 2013 había 1.822 puestos ilegales: 1.447 localizados en 11 saladitas y otros 375 eran puesteros asentados fijos en las calles. En seis meses, esa ciudad registró un aumento de un 25,4% en la cantidad de manteros y de un 27% en los puestos en Saladitas. Con ese crecimiento, el 9,6% del comercio de Tucumán ya era ilegal, según informaron.
Posteriormente, El Gobierno tucumano desalojó a los ambulantes del microcentro de la capital.
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