09 Mayo 2014
DERECHO. El fiscal objetó el manejo de fondos en la obra de la Casa Remis. la gaceta / foto de ANALIA JARAMILLO (archivo)
Un camión con volquete, una camioneta y un “plotter”. Pero no cualquier camión sino un Ford Cargo 1317 O km; no cualquier camioneta sino una Toyota Hilux 3.0 4x4 TDI; y no cualquier “plotter” sino un Hewlett-Packard Jet T610. Estas cosas exigió la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a Beton SRL, la contratista de la obra de restauración y ampliación de la Casa Remis, sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
“Dichos elementos debían ser provistos dentro de los 30 días de iniciada la obra, serían afectados para su inspección y luego quedarían en propiedad de la UNT, en el ámbito de la Dirección General de Construcciones Universitarias a cargo de Olga Graciela Cudmani”, relató el fiscal federal Carlos Brito. Según su criterio, esta exigencia resulta irrazonable: “en una obra que tiene por fin la ampliación de un edificio (céntrico), carece de razonabilidad lo exigido”. En refuerzo de ello, expresó que, además, la UNT solicitó al adjudicatario un local para diez personas, con dos computadoras completas, tres escritorios, armarios y heladera, destinado a “casilla de inspección”.
Este reproche es, sin embargo, pequeño al lado de la acusación de haber pagado al contratista más de lo que este reclamaba en concepto de alquiler. “La UNT reconoció casi $ 300.000 por 26 meses de alquiler, cifra superior a la peticionada. El período mencionado por el contratista iba de enero de 2010 a septiembre de 2011 y el período pagado comprende desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2013. En el pliego, además, no se advierte la previsión de este mayor costo”, dijo Brito. El fiscal federal también advirtió que la UNT pagó $ 7 millones por la obra a Beton SRL, $ 2,8 millones más de lo solicitado ($ 4,2 millones). Al respecto, comentó: “se incluyeron cambios injustificados para el reconocimiento y pago de mayores rubros sin justificar razones de emergencia o de interés público”.
Entre otras irregularidades constatadas por el representante del Ministerio Público, surge que el acto administrativo de llamado a licitación presenta doble y hasta triple foliatura. La autoridad que lo firma es, otra vez, Cudmani, que invocó una autorización del rector Juan Alberto Cerisola que, según Brito, carece de los requisitos básicos para ser considerada válida.
“A la luz de los antecedentes remitidos por la propia UNT, tampoco existen constancias de que se haya cumplido con la publicidad y difusión de la convocatoria”, agregó el fiscal.
“Dichos elementos debían ser provistos dentro de los 30 días de iniciada la obra, serían afectados para su inspección y luego quedarían en propiedad de la UNT, en el ámbito de la Dirección General de Construcciones Universitarias a cargo de Olga Graciela Cudmani”, relató el fiscal federal Carlos Brito. Según su criterio, esta exigencia resulta irrazonable: “en una obra que tiene por fin la ampliación de un edificio (céntrico), carece de razonabilidad lo exigido”. En refuerzo de ello, expresó que, además, la UNT solicitó al adjudicatario un local para diez personas, con dos computadoras completas, tres escritorios, armarios y heladera, destinado a “casilla de inspección”.
Este reproche es, sin embargo, pequeño al lado de la acusación de haber pagado al contratista más de lo que este reclamaba en concepto de alquiler. “La UNT reconoció casi $ 300.000 por 26 meses de alquiler, cifra superior a la peticionada. El período mencionado por el contratista iba de enero de 2010 a septiembre de 2011 y el período pagado comprende desde diciembre de 2010 hasta diciembre de 2013. En el pliego, además, no se advierte la previsión de este mayor costo”, dijo Brito. El fiscal federal también advirtió que la UNT pagó $ 7 millones por la obra a Beton SRL, $ 2,8 millones más de lo solicitado ($ 4,2 millones). Al respecto, comentó: “se incluyeron cambios injustificados para el reconocimiento y pago de mayores rubros sin justificar razones de emergencia o de interés público”.
Entre otras irregularidades constatadas por el representante del Ministerio Público, surge que el acto administrativo de llamado a licitación presenta doble y hasta triple foliatura. La autoridad que lo firma es, otra vez, Cudmani, que invocó una autorización del rector Juan Alberto Cerisola que, según Brito, carece de los requisitos básicos para ser considerada válida.
“A la luz de los antecedentes remitidos por la propia UNT, tampoco existen constancias de que se haya cumplido con la publicidad y difusión de la convocatoria”, agregó el fiscal.
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