Un pago de $ 2,6 millones tras sólo ocho días de obra

Abundan los reproches en el caso de Filosofía

FILOSOFÍA Y LETRAS. Un complejo de aulas habría dado pie a los excesos. la gaceta / foto de antonio ferroni (archivo) FILOSOFÍA Y LETRAS. Un complejo de aulas habría dado pie a los excesos. la gaceta / foto de antonio ferroni (archivo)
09 Mayo 2014
La falta de prolijidad del trámite correspondiente a la edificación de un complejo de aulas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) empieza donde empieza (valga la redundancia) el expediente, según el fiscal federal Carlos Brito. Por un lado está la nota del Decanato de esa unidad académica que da cuenta del colapso del anfiteatro (suceso ocurrido en febrero de 2011) y del pedido de construcción de aulas. Por el otro, una actuación de Olga Graciela Cudmani, directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias, que acumula todas las constancias de la obra.

En este segundo cuerpo de documentación no existe dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que avale la decisión de dejar de lado el mecanismo de la licitación pública. Brito añadió que las autoridades incumplieron el requisito de publicidad y no acreditaron debidamente la urgencia del proyecto. Pero lo más grave es que ocho días después del inicio de la obra, la UNT pagó $ 2,6 millones a la empresa Confer SA (ese monto supone el 24% del presupuesto de la contratista). “Por el estado de avance de los trabajos y el corto plazo transcurrido jamás podría considerarse que la obra estaba ejecutada, como se desprende de la certificación”, dijo Brito. Por parte de la UNT, firmaron el certificado Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones; el inspector Horacio Alfredo Lobo y Cudmani.

Entre otras irregularidades, Brito constató falencias en el control que determinaron la extensión de los plazos sin la debida justificación; la inexistencia de una previsión presupuestaria; la foliatura incorrecta; la ausencia de pliego aprobado y del acto administrativo de convocatoria, y decisiones dictadas por una autoridad incompetente. Respecto de esto último, el fiscal acotó que Cudmani citó como autorización para actuar un renglón manuscrito por el rector Juan Alberto Cerisola. “Esta expresión carece de los elementos fundamentales para ser considerado un acto administrativo y, sin embargo, fue el punto de apoyo de la estructura que dio lugar a la ejecución de una obra que superó los $ 12 millones entre los montos original y complementarios, y cuyo control y habilitación descansó en una sola funcionaria de la UNT, que se atribuyó todas las facultades en relación con la obra de Filosofía y Letras”, observó Brito.

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