El procesamiento del vicepresidente Boudou

El procesamiento del vicepresidente de la nación, Amado Boudou, imputado por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles en el caso Ciccone, ha convulsionado a una buena parte de la sociedad porque es la primera vez en la historia argentina que la segunda autoridad del país en actividad es acusada de corrupción por la Justicia. Según el juez federal, Ariel Lijo, que lleva adelante la causa, Boudou, junto a José Nuñez Carmona, habrían adquirido la firma Ciccone Calcográfica, que se hallaba en quiebra, mientras se desempeñaba como ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial.

La decisión del juez no implica que el funcionario cuestionado irá inmediatamente a juicio oral porque seguramente se desarrollará a partir de ahora una serie de trámites jurídicos antes de llegar o no a esa instancia. Aunque el magistrado dice contar con las pruebas suficientes como para procesar al vicepresidente, rige el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario.

Una vez más, la decisión ha dividido la opinión pública. La oposición sostiene que el funcionario debería dar un paso al costado y renunciar, mientras que el oficialismo asevera que se trata una persecución mediática y judicial. Su abogado ha señalado que la resolución de procesamiento refleja la animosidad del juez. El mismo Boudou, tras su declaración indagatoria, criticó al magistrado porque pone a “funcionarios bajo la picota, pero no investiga a ningún empresario grande”.

En estos tiempos en que la Justicia ha sido cuestionada por carecer de independencia del Ejecutivo, no deja de ser positivo que un juez se anime a mostrar lo contrario a sabiendas de las presiones, calificaciones y descalificaciones de uno u otro lado a las que seguramente se verá sometido. Lo razonable sería que la causa siguiera su curso normal, lejos del maniqueísmo al que somos adeptos los argentinos. Si la Justicia falla a favor es independiente y si lo hace en contra es corrupta. Y aunque pueda hacer focos de corrupción como posiblemente sucede en los otros poderes del Estado, sería positivo que este procesamiento no se convirtiera en una pelea mediática sin tregua, como viene sucediendo desde hace varios años, y que solo contribuye a dividir a los argentinos.

Sería auspicioso si el vicepresidente demostrara que son falsas -como asegura- las imputaciones que se le formulan en los estrados judiciales y no en declaraciones periodísticas. En todos los casos, las palabras deben estar apoyadas en los hechos y en las pruebas.

Esta es una posibilidad para comenzar a respetar las instituciones, para jerarquizar la Justicia, dejándola actuar. Es hora de que maduremos, de que la ética, la tolerancia y el respeto por el otro se convirtieran en algo natural. Que ante un supuesto hecho de corrupción en las entrañas del poder o en cualquier ámbito, se investigue en profundidad hasta llegar a la verdad y no obremos intentando tapar el sol con las manos, como si temiéramos conocerla. En la década del 70, el presidente Richard Nixon tuvo que renunciar por verse envuelto en un caso de corrupción, probado por la Justicia de su país.

Si el vicepresidente es inocente, no debería temer las instancias judiciales que vendrán. En un crimen, en hechos de corrupción o en cualquier acción delictiva, cuando se llega finalmente a la verdad, se fortalecen las instituciones y la democracia.