“Las ampliaciones de plazos no favorecen a las constructoras”

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló en un informe, que abarcaba a 2.000 casas de Lomas de Tafí, las demoras registradas en la ejecución del megabarrio. Según el organismo que asesora al Congreso de la Nación, las constructoras contratadas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) tardaron, en promedio, un 40% más de lo previsto en los pliegos de las obras. Además, la AGN señaló que ni las oficinas del Gobierno nacional ni del Ipvdu elevaron las intimaciones ni las multas previstas en la Ley de Obras Públicas en casos de dilaciones injustificadas.

Esta situación fue refutada ayer por directivos de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), quienes se acercaron a LA GACETA para explicar que “las ampliaciones de plazos nunca favorecen a las constructoras”.

“Las demoras se pueden producir por diferentes causas: lluvias, modificaciones de proyectos, falta de pagos, factibilidades que no se entregan... hay una complejidad de razones, y casi ninguna de ellas da motivo a multas. Al contrario: para un contratista, la peor multa es que pagará los costos por el paso del tiempo (sin productividad)”, detalló Alberto Roque Guardia, presidente de la CTC. El empresario estuvo acompañado por el secretario de la organización, Eduardo Mateo, y del área de Hacienda, Gustavo Mansueto. Todos coincidieron en que las tardanzas en la ejecución de las viviendas -detectadas y ventiladas por la AGN- fueron justificadas ante la Provincia y la Nación, por lo que no correspondían sanciones.

Por estos días, la Auditoría General de la Nación, a cargo de Leandro Despuoy, publicó un informe sobre el programa federal “Techo Digno” aplicado hasta 2011 en Buenos Aires y en Tucumán (en Lomas de Tafí). El ente de control cuestionó las tardanzas en la entrega de las obras. Esta aseveración había sido cuestionada, primero, por el gobernador, José Alperovich, y por el interventor del Ipvdu, Gustavo Durán. Ambos habían señalado que las leyes provinciales permitían una ampliación de hasta el 25% en esos plazos; sin embargo, las moras marcadas por la AGN superan, en promedio, el 40%. Más allá de esto, la Cámara Tucumana de la Construcción desmintió que la circunstancia diera lugar a penalizaciones. Según explicaron, cada situación que generaba dilaciones fue notificada a las autoridades, y el trámite era sometido a revisiones del Tribunal de Cuentas.

Guardia retrucó que, además, la propia auditoría “recomienda que en los complejos habitacionales de la magnitud de Lomas de Tafí (tiene unas 5.000 casas en total) los plazos deberían ser más extensos”. Aclaró que, cuando los tiempos se prolongaron, “en ningún caso los intereses fueron pagados por el Estado”, y que en cada contrato las compañías renuncian a exigir el reintegro de gastos improductivos (es decir, por mantener los costos del emprendimiento, aún estando frenado). “Esta obra es un logro importante. Fue positiva la gestión tanto de las autoridades nacionales y provinciales como de las constructoras”, afirmó Guardia.