11 Septiembre 2014
“APÓCRIFOS”. Morelli dijo que los recibos de la Convención son falsos. LA GACETA / FOTO DE osvaldo ripoll
“Juntan dos papeles que no tienen nada que ver”. El intendente de Concepción y ex convencional, Osvaldo Morelli, negó así el vínculo entre las supuestas boletas de gastos de la Convención Constituyente de 2006 publicadas por LA GACETA que llevan el nombre de su chofer, José Salica, y el decreto de nombramiento de la esposa de este, María Soledad Rodríguez, como funcionaria municipal.
En primer lugar, el jefe municipal reiteró ayer que los recibos no serían verídicos. “Los de la Convención tienen un membrete. Además, mi chofer nunca fue asesor. Sí lo fue un docente de la facultad de Derecho de la UNT. Trabajamos en conjunto con los otros especialistas del bloque de Participación Cívica”, recordó. Morelli insistió en que tanto las firmas que aparecen con el nombre de Salica como de él serían apócrifas: “peritos calígrafos lo confirmaron”. Aseguró que le sorprendió que apareciera esa documentación y se mostró seguro de que está relacionado con cuestiones políticas.
En segundo término, defendió la designación de Rodríguez -sucedió en enero, pero trascendió esta semana- como directora de Calidad de Vida. “Es un cargo político. Hace 10 años que trabaja en la Municipalidad. Tiene experiencia y se capacitó en Bromatologia de la Provincia. No hay por qué cuestionarla. Lo hacen porque dicen que es la esposa de quien recibió tal cosa… ¡pero él no recibió nada! Los fondos del bloque eran manejados por el presidente (Carlos Courel)”, añadió.
Aseguró que el matrimonio Rodríguez-Salica es “muy humilde”: “no tienen nada. Tienen un hijo discapacitado. Lo que sí hice fue que le dieran una vivienda del Ipvdu (Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano). Se lo merecían. Trabajan desde hace muchos años en el municipio”.
En relación a las críticas de concejales de la oposición, afirmó: “que presenten todos los pedidos de informes que quieran”. Contestó a otras dos acusaciones de los ediles. Por un lado, negó que su hijo Franco Morelli esté nombrado en su administración. “No es empleado, no tiene nada que ver con la Municipalidad. No hay ningún nombramiento. Como es candidato (a intendente), comienzan a hablar sobre él. Me manejo con prudencia y, ante las críticas, me dedico a trabajar. El trabajo me ha dado buenos réditos. He ganado las elecciones en las que me presenté”, enrostró.
Por otro lado, reconoció que la publicación del Boletín Oficial local está retrasada. “Lo haré actualizar. No sé por qué no se publican. Ya los están poniendo en internet”, afirmó.
En diciembre de 2004, la Legislatura había sancionado la Ley N° 7.469, que habilitaba una reforma parcial de la Constitución provincial. El artículo 9° de esa norma estipulaba que los convencionales gozarían de los “derechos, prerrogativas e inmunidades inherentes a los legisladores provinciales y sus funciones serán desempeñadas ad honorem, con excepción de los gastos que demande el cumplimiento de las mismas”. El costo ascendió a $ 1,8 millón. En diciembre pasado, este diario accedió a los supuestos comprobantes, cuya suma superan los $ 2 millones. En total, de acuerdo con esos papeles, Salica firmó recibos por $ 32.000.
El dirigente Enrique Romero realizó una denuncia penal por presunta malversación de fondos y la causa está en manos de la fiscala Mercedes Carrizo.
Por otro lado, el martes se conoció el nombramiento de la esposa de Salica (mediante el decreto N° 22/14). “Todo indica que Morelli no sólo ha lucrado con los fondos de la Convención, sino también que con nombramientos busca callar la verdad de un hecho que nunca dilucidó”, afirmó Raúl Albarracín (UCR), ex concejal. Los actuales ediles opositores adelantaron que pedirán informes sobre la capacitación y la situación de la nueva funcionaria.
En primer lugar, el jefe municipal reiteró ayer que los recibos no serían verídicos. “Los de la Convención tienen un membrete. Además, mi chofer nunca fue asesor. Sí lo fue un docente de la facultad de Derecho de la UNT. Trabajamos en conjunto con los otros especialistas del bloque de Participación Cívica”, recordó. Morelli insistió en que tanto las firmas que aparecen con el nombre de Salica como de él serían apócrifas: “peritos calígrafos lo confirmaron”. Aseguró que le sorprendió que apareciera esa documentación y se mostró seguro de que está relacionado con cuestiones políticas.
En segundo término, defendió la designación de Rodríguez -sucedió en enero, pero trascendió esta semana- como directora de Calidad de Vida. “Es un cargo político. Hace 10 años que trabaja en la Municipalidad. Tiene experiencia y se capacitó en Bromatologia de la Provincia. No hay por qué cuestionarla. Lo hacen porque dicen que es la esposa de quien recibió tal cosa… ¡pero él no recibió nada! Los fondos del bloque eran manejados por el presidente (Carlos Courel)”, añadió.
Aseguró que el matrimonio Rodríguez-Salica es “muy humilde”: “no tienen nada. Tienen un hijo discapacitado. Lo que sí hice fue que le dieran una vivienda del Ipvdu (Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano). Se lo merecían. Trabajan desde hace muchos años en el municipio”.
En relación a las críticas de concejales de la oposición, afirmó: “que presenten todos los pedidos de informes que quieran”. Contestó a otras dos acusaciones de los ediles. Por un lado, negó que su hijo Franco Morelli esté nombrado en su administración. “No es empleado, no tiene nada que ver con la Municipalidad. No hay ningún nombramiento. Como es candidato (a intendente), comienzan a hablar sobre él. Me manejo con prudencia y, ante las críticas, me dedico a trabajar. El trabajo me ha dado buenos réditos. He ganado las elecciones en las que me presenté”, enrostró.
Por otro lado, reconoció que la publicación del Boletín Oficial local está retrasada. “Lo haré actualizar. No sé por qué no se publican. Ya los están poniendo en internet”, afirmó.
En diciembre de 2004, la Legislatura había sancionado la Ley N° 7.469, que habilitaba una reforma parcial de la Constitución provincial. El artículo 9° de esa norma estipulaba que los convencionales gozarían de los “derechos, prerrogativas e inmunidades inherentes a los legisladores provinciales y sus funciones serán desempeñadas ad honorem, con excepción de los gastos que demande el cumplimiento de las mismas”. El costo ascendió a $ 1,8 millón. En diciembre pasado, este diario accedió a los supuestos comprobantes, cuya suma superan los $ 2 millones. En total, de acuerdo con esos papeles, Salica firmó recibos por $ 32.000.
El dirigente Enrique Romero realizó una denuncia penal por presunta malversación de fondos y la causa está en manos de la fiscala Mercedes Carrizo.
Por otro lado, el martes se conoció el nombramiento de la esposa de Salica (mediante el decreto N° 22/14). “Todo indica que Morelli no sólo ha lucrado con los fondos de la Convención, sino también que con nombramientos busca callar la verdad de un hecho que nunca dilucidó”, afirmó Raúl Albarracín (UCR), ex concejal. Los actuales ediles opositores adelantaron que pedirán informes sobre la capacitación y la situación de la nueva funcionaria.
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