El ex juez Terán debe ir preso, según el fiscal

La Justicia debe condenar al ex magistrado federal N°2, Felipe Terán; a los abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca; al productor bursátil Jorge Rigourd y al cajero Fernando Recalde por su participación en la maniobra con títulos de la deuda pública conocida como causa “Borquez”, según el alegato de Leopoldo Peralta Palma, fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF). El representante del Ministerio Público precisó ayer que Terán y Martín también son penalmente responsables por los hechos investigados en “Camandona”. En cambio, el fiscal pidió la absolución para los imputados Pablo Rossi y César Daniel Barboza.

La sanción más dura, siete años de prisión, alcanza a Terán y a Martín. Según Peralta Palma, a Ducca le corresponden seis años; a Rigourd, cuatro, y a Recalde, dos años de prisión de ejecución condicional (estos últimos dos imputados están vinculados a la empresa MA Valores SA Sociedad de Bolsa). Con la excepción de Recalde, todos son además pasibles de inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

El fiscal dio por acreditada la comisión de una tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional y la falsificación de documentos (la imputación varía de acusado en acusado, y el TOF mismo declaró prescripta la defraudación respecto de Terán en “Borquez” y en “Camandona”, y respecto de Martín en “Camandona”). En el alegato que brindó este jueves en una sala casi vacía (salvo por la presencia de un puñado de allegados de los imputados y de la prensa), Peralta Palma enumeró las irregularidades detectadas en el trámite de los juicios iniciados en el ex juzgado de Terán para obtener el cobro en dólares de bonos en default (alcanzados por la cesación de pagos dispuesta en diciembre de 2001). Tales anomalías constan en la auditoría de 2005 de la Procuración del Tesoro de la Nación que determinó la destitución de Terán y la renuncia del ex juez federal N°1, Jorge Parache, y dio pie a una renovación inédita en la Justicia Federal de Tucumán.

En “el intestino”

“En ‘Borquez’ no se llega al pago no porque (los demandantes) hicieran mal las cosas sino porque el Estado nacional envió una auditoría después de advertir las irregularidades al juez durante ocho meses. Debe quedar en claro que se querían cobrar U$S 5 millones en un solo pago, cuando la demanda original era por bonos que valían U$S 620.000”, manifestó Peralta Palma, que durante su intervención estuvo acompañado por Carlos Brito, el fiscal federal que instruyó las causas penales con títulos de la deuda pública.

Respecto de “Camandona”, manifestó que las peritaciones demostraron la falsedad de las firmas atribuidas al ex bonista Julio Melchor Camandona (sobreseído) que aparecen en los escritos presentados por el letrado Martín. En cuanto a la diferencia entre las medidas cautelares favorables a los tenedores de títulos dictadas por Terán (sólo ordenaban el pago de la renta) y los oficios presentados en el Ministerio de Economía de la Nación dijo: “incorporar subrepticiamente el concepto de amortización potenciaba el monto que los tenedores debían percibir. Los títulos estaban vencidos y quedaron sujetos a una forma de pago establecida por el Estado. Pretender el cobro del capital y de los intereses colocaba a Camandona y a (Inés Yolanda) Borquez (sobreseída) en mejor posición que los fondos buitre que ocupan la atención de la prensa y del Gobierno. Esos dos bonistas habrían podido recuperar todo (el valor nominal de los bonos) hace diez años y en mejores condiciones que los ‘buitres’”.

Peralta Palma dijo que el ex juez Terán era depositario de la confianza de la sociedad, y que Ducca y Martín tienen una educación universitaria y eligieron delinquir. Y en relación con los otros dos imputados añadió: “el cajero Recalde trabajaba en el intestino de ‘la máquina’ y el licenciado Rigourd puso el combustible para que esta funcionase y, cuando la cosa salió mal, recuperó su capital”.

LA AUDIENCIA

EL JUEZ CASAS FIJA LOS TIEMPOS Y REPRENDE AL EX MAGISTRADO TERÁN
Gabriel Casas, titular del tribunal, dispuso que, con “la tolerancia debida”, los alegatos se extiendan durante una hora en el caso del fiscal y de 30 minutos en el de los defensores. Durante la intervención del Ministerio Público, Casas reprendió al ex juez Felipe Terán, primero por intentar interrumpir y, luego, por “hacer comentarios”.

EL DEFENSOR BURGOS QUISO ALEGAR, PERO FINALMENTE NO PUDO
Sólo quedaba una hora. A las 16 terminaba todo. Los defensores Rodolfo Burgos y Pablo Bauque invirtieron el orden de exposición. Cuando el letrado de Martín iba a comenzar a hablar, el tribunal optó por un cuarto intermedio de cinco minutos. Burgos aceptó y advirtió: “bueno, pero cuando vuelvan no me dejen sin esos cinco minutos”. Los vocales regresaron 20 minutos después y dispusieron que la audiencia siga el martes.