08 Marzo 2015
En Brasil se dice que no hay nada que esté mal que no pueda empeorar, un dicho que describe con buena dosis de acierto la situación en la que quedó el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, ya golpeado por el grave deterioro de la economía, después de que decenas de legisladores aliados quedaran bajo la lupa de la Justicia. La “bomba” estalló cuando el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki dio luz verde para que 47 políticos sean investigados por sospecha de integrar una “compleja organización criminal”, según apuntó el procurador general de la República, Rodrigo Janot, autor del pedido de investigación. “Las dimensiones amazónicas del ‘Petrolao’, ese escándalo de robos en Petrobras, le dieron a la democracia brasileña una apariencia de ‘cleptocracia’”, afirmó el analista Josias de Souza, del portal UOL.
Y es que las cifras del que se configura como el mayor escándalo político de la historia de Brasil son astronómicas, comenzando por los recursos que se estima fueron desviados entre los años 2004 y 2012: U$S 3.700 millones. El dinero era supuestamente utilizado para pagar sobornos y financiar campañas políticas. También asombra el número de políticos implicados en los fraudes: además de los presidentes del Senado Federal, Renan Calheiros, y de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, integran la lista 22 de los 513 diputados federales, 12 de los 81 senadores y 12 ex diputados.
Completan la lista de implicados ex ministros de Rousseff y de Lula Da Silva, el ex presidente de la República y actual senador Fernando Collor de Mello -despojado del poder en 1992 por corrupción- y la hija del ex presidente de la República José Sarney, Roseana Sarney, ex gobernadora del estado de Maranhao. Seis partidos políticos poseen al menos un integrante vinculado a la red de corrupción. De estos partidos, los tres con más cantidad de investigados son los principales socios de la alianza que llevó a Rousseff a conquistar su segundo mandato: el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el derechista Partido Progresista (PP). Éste último lidera la nómina con 30 de sus integrantes investigados: 18 de sus 40 diputados, y tres de sus cinco senadores, ocho ex diputados y del vicegobernador de Bahia, Joao Leao. En segundo lugar figura el PMDB, con siete miembros bajo sospecha -entre ellos los presidentes de la Cámara Baja y del Senado-, seguido del gobernante PT, con tres senadores, tres diputados federales y un ex diputado investigados. Pero el mayor problema es que parece que esto no ha hecho más que comenzar: al divulgar la lista que mantuvo en vilo al país, Zavascki dio el puntapié inicial de una investigación que comenzará a dar sus frutos en un par de años. Mientras tanto, el país se encuentra al borde de la recesión y para evitarla, Rousseff y su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, deben poner en práctica un drástico ajuste fiscal que necesita la aprobación del Congreso, un Congreso que tiene a buena parte de sus integrantes bajo sospecha de corrupción. En resumen: para sacar al país del pantano económico y superar la aguda crisis política, en el marco de la cual resuena una y otra vez la palabra “destitución”, la presidenta depende de un Congreso que está en la mira de la Justicia y que además se le opone tanto o más que la propia oposición.
Y es que las cifras del que se configura como el mayor escándalo político de la historia de Brasil son astronómicas, comenzando por los recursos que se estima fueron desviados entre los años 2004 y 2012: U$S 3.700 millones. El dinero era supuestamente utilizado para pagar sobornos y financiar campañas políticas. También asombra el número de políticos implicados en los fraudes: además de los presidentes del Senado Federal, Renan Calheiros, y de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, integran la lista 22 de los 513 diputados federales, 12 de los 81 senadores y 12 ex diputados.
Completan la lista de implicados ex ministros de Rousseff y de Lula Da Silva, el ex presidente de la República y actual senador Fernando Collor de Mello -despojado del poder en 1992 por corrupción- y la hija del ex presidente de la República José Sarney, Roseana Sarney, ex gobernadora del estado de Maranhao. Seis partidos políticos poseen al menos un integrante vinculado a la red de corrupción. De estos partidos, los tres con más cantidad de investigados son los principales socios de la alianza que llevó a Rousseff a conquistar su segundo mandato: el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y el derechista Partido Progresista (PP). Éste último lidera la nómina con 30 de sus integrantes investigados: 18 de sus 40 diputados, y tres de sus cinco senadores, ocho ex diputados y del vicegobernador de Bahia, Joao Leao. En segundo lugar figura el PMDB, con siete miembros bajo sospecha -entre ellos los presidentes de la Cámara Baja y del Senado-, seguido del gobernante PT, con tres senadores, tres diputados federales y un ex diputado investigados. Pero el mayor problema es que parece que esto no ha hecho más que comenzar: al divulgar la lista que mantuvo en vilo al país, Zavascki dio el puntapié inicial de una investigación que comenzará a dar sus frutos en un par de años. Mientras tanto, el país se encuentra al borde de la recesión y para evitarla, Rousseff y su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, deben poner en práctica un drástico ajuste fiscal que necesita la aprobación del Congreso, un Congreso que tiene a buena parte de sus integrantes bajo sospecha de corrupción. En resumen: para sacar al país del pantano económico y superar la aguda crisis política, en el marco de la cual resuena una y otra vez la palabra “destitución”, la presidenta depende de un Congreso que está en la mira de la Justicia y que además se le opone tanto o más que la propia oposición.
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