Cartas de lectores

Tafí del Valle

Quiero expresar mi agradecimiento al lector Ricardo Sanchís, director de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Tafí del Valle, por sus palabras vertidas en su carta, manifestándole que con las mismas doy por cumplido uno de mis objetivos. Le solicito asimismo de que la ligereza de la cual habla, sea aplicada a su persona en primer lugar, ya que desconoce y habla sin conocimiento de causa de que trata mi herencia, y le explico que la herencia que se recibe desde los padres se juega desde lo simbólico; de allí que la mejor herencia que recibí de mis padres es su afecto y la actitud de lucha en defensa de los derechos de mi familia. Respecto al segundo punto quiero señalar que no me sorprenden sus palabras: “no se ha incumplido la normativa cuestionada” ya que dicha situación fue objeto de crítica en mi carta pasada, como la de la lectora Olga Ramos de Remonda. Por otro lado, acerca de que: “dicho instrumento público lo sigue esperando para cuando guste notificarse”, sólo me queda por manifestar nuevamente que agradezco su delicadeza y amabilidad y que lo excuso de poder haberme notificado con una nota por escrito del estado de la causa. Por último y atendiendo a lo más importante, respecto de la planta de tratamiento, quiero expresar que espero que cumplan con el informe no sólo expedido por la Universidad sino por la Secretaría de Medio Ambiente, ya que está en juego la conservación del destino turístico por excelencia de la provincia, donde el costo en cuestión es mucho mayor “que los costos de transporte” que aduce. Por mi parte doy por cerrada la cuestión ya que se ha atendido el punto central de mi interés, dando lugar al tiempo para que el mismo se expida sobre cual ha sido la mejor decisión para Tafí del Valle.

Eduardo José Danielsen 
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Atraso bicentenario

Nos referimos con el titulo a casi 200 años de atraso Institucional de Tucumán en un tema sustancial para la vigencia de un sistema democrático y un Estado de Derecho en el que, formalmente vivimos. Desde aquel histórico y simbólico reclamo de “El pueblo quiere saber de que se trata” de 1810, el concepto de democracia incluye la posibilidad cierta de que los ciudadanos, cualquier ciudadano , pueda conocer no sólo en qué se gastan los impuestos que está obligado a pagar, sino quiénes son los funcionarios públicos que lo hacen y cómo evoluciona su patrimonio personal, antes y después de su función pública. Reiteradamente, tanto desde los editoriales de este diario como desde la tribuna de cartas de lectores, innumerables veces se ha requerido el dictado de una ley de acceso a la información pública. Pero, a pesar de fallos liminares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se ha conseguido conocer el destino de los “gastos sociales” de los legisladores de Tucumán. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene reiterados pronunciamientos condenando a países miembros del Pacto de San José de Costa Rica a respetar el derecho a la información pública. Sostiene el Tribunal Internacional que “el derecho de acceso a la información pública presupone la lucha contra las inmunidades y silencios del poder”. Este derecho es la columna vertebral de la democratización y de la publicidad de los actos de gobierno, esencial en el sistema republicano (casos de Claude Reyes y Otros c/Chile 19.09.2006, Gómez y otros c/Brasil 24.11.2010). El proyecto enviado por el propio PJ, del cual surgió la Constitución de 2006, prevé a esta institución, como así también el Juicio de Residencia. No obstante los constituyentes, muchos de ellos legisladores en ejercicio, omitieron su tratamiento y, obviamente, su sanción. Pero lo más llamativo de la falencia institucional es que Tucumán, la patria de Monteagudo, Alberdi y otros eminentes hombres públicos, es que se ha retrocedido casi 200 años en cuanto a este eminente derecho ciudadano de saber el destino de sus impuestos. Recordemos: luego de la llamada “anarquía del año 1820 en que los caudillos Estanislao López y Pancho Ramírez derribaron el gobierno de Buenos Aires, que pretendía instituir una Constitución Nacional unitaria, Tucumán, junto a muchas provincias, declararon su autonomía respecto del gobierno centralista dispuesto a defender el ideario federal de darse sus propias instituciones políticas sin dejar de pertenecer a la Nación. Tucumán, gobernada por Bernabé Aráoz, proclamó la “República de Tucumán” y dictó su propia Constitución. Más allá de lo efímero de su duración (derribado el Gobernador por una asonada militar al año siguiente), es conveniente recordar que entre las cláusulas de esa Constitución se advierten al menos dos elementos esenciales del régimen republicano que se tenía en vista para la provincia autónoma. En primer lugar la base de la autarquía económica del municipio (dejó de llamarse alcaldía) y en segundo término lo que queremos resaltar: el derecho de los “vecinos” a conocer el resultado de la gestión económica del municipio al menos una vez al año. El Intendente debía dar a conocer a los vecinos cómo y en qué gastó los tributos que se cobraban. Es decir se consagraba el Derecho a la información de manera clara y expresa. De igual modo en las Constituciones de 1854, 1884, 1907, 1990 y 2006 se dispone que los fondos públicos no pueden ser dispuestos sino por funcionarios del municipio. Más aún; la Constitución de 2006 consagra todo una Sección VII-Capitulo Único (Arts 132/143) donde se consagra en plenitud la Autonomía del Municipio, siguiendo la directiva del art. 133 de la Constitución Nacional reformada en Santa Fe en 1994. ¿Puede concebirse mayor afrenta al texto constitucional que el denominado Pacto Fiscal donde los municipios hacen entrega al PE de los fondos coparticipables a cambio del pago de los salarios de los empleados municipales? El retroceso en el Derecho a la Información lleva casi 200 años y la autonomía municipal es la demostración de que Tucumán vive en la Inconstitucionalidad más flagrante sin que a nadie, especialmente los responsables de tamaña afrenta, se les mueva un pelo..

Benito Carlos Garzón
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Pensar lo que se dice

Generalmente las ideas que fluyen de la mente y que se vuelcan en el papel transformadas en palabras, según mi modesto criterio, son más bien pensadas que sentidas; por eso no se me ocurre decir que “más vale decir lo que se siente, que pensar lo que se dice”. Estimo que de este modo no caeríamos en conceptos y calificativos disparatados que desvirtúan una intención semántica, como poner apodos o motes que a la postre hieren y confunden al destinatario. Fui uno de ellos en un intercambio de pareceres en sendas cartas de lectores, en las que la ilación del tema se separaba sin concierto ni precisión. Por eso considero sumamente interesante el tema libre “Sería”, de Roberto Espinosa (4/3). Tantas y acertadas disquisiciones que, de entenderse así, contribuirían a contemplar la vida desde otras dimensiones, para así entendernos más y mejor, dóciles y condescendientes, dejando de lado las tribulaciones, los enconos y los rencores, para vivir un mundo mejor.

Miguel Ángel López
Manz F Casa 20 Barrio Las Acacias
Yerba Buena

Carrera administrativa

Pido disculpas por mi vehemencia en lo que voy a exponer, por lo que se produce con los empleados estatales de tucumán, actitudes y actos que tendré en cuenta el día que me toque concurrir a las urnas para elegir autoridades. Debemos reconocer la mayoría de los empleados públicos provinciales, que desde hace años la ley que establece la carrera administrativa del personal que presta servicios desde hace muchos años en la órbita del estado, ha sido y es bastardeada, vapuleada, pisoteada diría hasta “masacrada” por dirigentes políticos, que circunstancialmente llegan a un cargo público y desde ese lugar de “poder” hacen ingresar por la ventana (no por la puerta) a parientes, amigos y conocidos a la administración pública con categorías altas, que van desde la 18 a 21 con el mote “personal transitorio” que luego pasan a revestir la planta permanente del estado y con la misma categoría. Y los que venimos de tantos años prestando servicios todavía estamos esperando que llegue el Mesías a casa de gobierno y ordene un corrimiento de categorías (como la Policía, nada más que ellos son de grado) o un ascenso de 2 categorías e implementar así, una situación más justa. Sería bueno entonces que los asesores del gobierno le sugieran al señor Gobernador, que realice un ascenso general para el personal de la administración, especialmente, aquellos que les falte hasta 10 años para jubilarse. Cabe recordar por último, que peticionar a las autoridades es un derecho constitucional que espero se tenga en cuenta.

Miguel Angel Palma
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Donaciones

En un noticiero televisivo el periodista les dice a los televidentes (con respecto a las inundaciones) que cualquier donación que quisieran hacer será recibida en el canal. Luego el mismo periodista comunica que la Municipalidad de Yerba Buena también recibe donaciones en el Carrillo. Al escuchar esto el ciudadano no puede dejar de pensar en varias cosas: 1) Las donaciones que reciba la Municipalidad serán utilizadas políticamente ya que, cuando las distribuyan no serán anónimas como hubieran querido las personas que las donaron. 2) La Municipalidad no debería solucionar los problemas de las inundaciones en forma preventiva y no ir detrás de los problemas de la gente? Muchos de los problemas de las inundaciones se deben a la deforestación que se hace en distintos lugares del municipio y las autoridades miran para otro lado. ¿Qué hacen con nuestros impuestos? 3) Se hacen actos para inaugurar calles, pero no arreglan las que hicieron y están llenas de baches, o sea la hicieron con materiales de mala calidad o sin los materiales necesarios.

Gustavo Sobral
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Arañas y ladrones

Muy lejos de polemizar con el lector que opinó que a él no le interesan las arañas sino los ladrones en este hermoso lugar turístico, lo apoyo totalmente; pero una cosa no excluye la otra, ya que justamente me inspiré en el movimiento vecinal del que participamos los vecinos para luchar contra el flagelo de los ladrones, y ahora la idea es alertar sobre las arañas. Reitero, la propuesta es organizarse entre todos: vecinos y autoridades, para detener el avance de los desagradables arácnidos que emiten un olor insoportable y que se multiplican sin control al no tener depredadores naturales. Sé con conocimiento de causa que las arañas ya llegaron a Las Talitas. Obviamente, esto no significa desconocer la importancia de las inundaciones e incendios que castigan a nuestro país y que están en un orden de prioridad muy superior. Quiero agradecer a las numerosas personas que se comunicaron para interesarse en el tema y tratar de buscar una solución.

María Elena Andina
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Es hora de planificar

Dramática situación atraviesa nuestra provincia por la falta de mantenimiento y de la infraestructura adecuada. Descuidarlas fue y es de una crueldad absoluta, porque no se tuvo conciencia de las graves consecuencias que ahora se padece. La nota de Magena Valentié interroga, muestra e interpela con acierto lo que seguramente son factores que influyen para sustentar los dramas de tantas familias. Ojalá pudieran dar respuesta a tan acertado cuestionamiento. Más allá de las imprevisiones naturales, se nota la falta de interés para invertir en proyectos fundamentales que garanticen a largo plazo seguridad a la ciudadanía. Basta de mostrarse en “pequeñas cositas” y en fotos engañosas. La realidad es la mejor prueba de cómo y qué se hizo. Basta de “Bla, bla , bla…”. Ojalá que demos nuestro voto a quienes se comprometan planificando y concretando proyectos vinculados a responder las graves problemáticas que nos aquejan y que hablan por sí mismas. ¡Alerta, Tucumán! Es hora de pensar.

Nelly Elías de Benavente
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Malos augurios

En tiempos preelectorales los candidatos deben saber que el mapa poblacional demográfico de la provincia se ha modificado: los incontables rascacielos en el radio capitalino, los barrios con planificación urbana y por último las populosas villas surgidas de asentamientos precarios. Nadie duda que desde hace décadas el campo se despobló progresivamente mientras que los centros urbanos crecen sin papar y hoy no hay municipio, comuna, localidad o pueblo que no tenga villas miseria. Buscar los motivos de este múltiple fenómeno sería de nunca acabar, pero la demanda de servicios públicos es constante e incesante y los responsables no dan abasto. Los próximos gobernantes tendrán que darle prioridad al suelo y al subsuelo, ya que los antiguos canales, acequias, etcétera, carecen de un adecuado y permanente mantenimiento y en muchos casos se convirtieron en basurales públicos. Todas estas deficiencias salen a la luz con las lluvias y las inundaciones, a lo que se suma el desmonte a piacere. Por otra parte, está el subsuelo sobre el que se asientan miles de viviendas que, al carecer de cloacas, disponen de pozos ciegos. ¿Hay un registro de cuántos pozos de este tipo hay? Hay que saber que nuestro país sufrió en el pasado las peores epidemias. Si llegara a ocurrir algo semejante, las condiciones las habríamos creado nosotros mismos y con actos demagógicos no se han de solucionar. El ave de mal agüero revolotea sobre nuestras cabezas. A no asustarse.

Ysmael Díaz
Mario Bravo 247
Banda del Río Salí

Fundación de ciudades

Estamos a días de trascendentales hechos para los tucumanos: los 450 años de la fundación de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el sitio de Ibatín, efectuada el 31 de mayo de 1565. La cuarta fundación que hoy perdura en la Argentina. Aquí, en este Tucumán, ya tan titulado con trascendentales hechos históricos y reconocido por tantos actos heroicos, deberíamos proyectar un abrazo patriótico para toda la Argentina, conciliador y fraterno, festejando esa fecha como se merece. No solo por nuestra antigüedad sino por la confluencia étnica de tres razas, y con la riqueza de las distintas migraciones e inmigraciones en los distintos períodos de nuestra historia. No menos importante son los 465 años de la ciudad de Barco (luego Barco y Nuevo Maestrazgo de Santiago y finalmente Santiago del Estero), en la Quebrada del Portugués, realizada un 29 de junio de 1550. Con ello hemos sumado un galardón más a nuestra tradición e incorporarlo en la memoria de otros pueblos argentinos. Ambos homenajes lo hicimos a través del Instituto Tucumano de Cultura Hispánica en estos últimos años, acompañados por representantes o integrantes de instituciones culturales, colectividades, comunidades, históricas, hispánicas, genealogistas, investigadores, diplomáticos, periodistas, académicos, profesionales, agrupaciones tradicionalistas, gauchas, folclóricas y acompañados por estudiantes, amigos y familiares. Nos adherimos en forma nacional a la designación del día 29 de junio como el día de la Argentina Fundacional, a los fines de evocar el origen de la argentinidad, la confluencia étnica y la entidad de la nacionalidad. En esta Argentina, de confluencias diversas pero enraizada, en donde caben todas las formas de sentirse un buen argentino, desde el Instituto Hispánico vamos a evocar nuestro origen, realizando homenajes a ambas fundaciones con gran entusiasmo, tratando de comunicar y motivar a todas las entidades privadas o públicas interesadas, el sumarse a los actos que hemos programado. Río de Janeiro, con motivo de también cumplir 450 años de fundada, ha organizado notables fiestas, homenajes y eventos para celebrar lo que consideran un honor, no obstante la diversidad cultural. Tucumán no puede quedar de lado de tan significativa fecha, cuando otros están orgullosos ante tal meritoria fecha histórica, étnica y cultural.

Justino Terán
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Aumento a jubilados

Una vez más expreso que no estoy de acuerdo con el método utilizado para determinar los aumentos semestrales, también está en desacuerdo el defensor nacional de la tercera edad. Si bien el aumento determinado de 18,26% es importante, sin duda, no se trata de porcentajes sino de valores, porque se lo efectúa sobre una base irreal y aquí me refiero a la Constitución Nacional: pareciera que los funcionarios que están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, así lo juraron, los jubilados no somos ciudadanos iguales ante la ley, dado que el haber mínimo de un jubilado es menor al haber mínimo vital y móvil $ 4.400. Ante esto viene a mi memoria el diálogo entre el Presidente Perón y el Dr. Alfredo Palacios: “Pte. Perón, Dr. Palacios de que se queja, si un soldado recibió el 100x100 de aumento y un Gral. apenas un 20%; Dr. Palacios, Sr. Presidente no me hable de porcentajes que generalmente son mentirosos hábleme de valores, diga: $ 10 a un soldado y $ 2.000 a un Gral., le informo que en la cantina del cuartel un sándwich de mortadela cuesta $ 5”. Señora Presidenta: cuando usted anunció el aumento, bajó la bandera y comenzó la carrera, largaron en punta las farmacias, los supermercados, los impuestos; vivo en Tucumán, algunos ya superan el 50%, el transporte es el más caro en el país, ya aumentó un 35%; los jubilados quedamos parados en la largada, cuando lleguemos nuestro aumento ya habrá sido absorbido. Aclaro que en Tucumán todos los sectores del trabajo recibieron a fin de año gratificaciones, bonos, los estatales fueron premiados con $ 1.750. Espero que algún día los funcionarios cumplan con la ley y nos igualen al resto de los ciudadanos.

María Cristina Abregú
Salas y Valdez 1251 Torre I 1°D

Justicia local

Sería muy saludable para el cuerpo de la Justicia, ese poder que cada tanto y según qué casos políticos se cuestiona, que la decisión cimera de esa institución del sistema republicano oriente sus pasos en el mejor de los sentidos. Dar a cada uno lo suyo, según sus merecimientos y trayectorias. La Sala IV de la Cámara Penal -a la vista no sólo de la Corte sino de quienes leen los diarios y siguen otros medios de prensa- está en crisis. Y un tribunal jamás debe estarlo, y en especial modo el que decide sobre la libertad y el derecho pleno a gozarla. Los que tienen causa sometida a sus sentencias necesitan garantías del debido proceso. Un tribunal en crisis no puede asegurarlas. Ésa en la razón por la cual en una carta anterior imaginaba que la solución era desintegrar esa Sala, para evitar nuevos agravios a sus integrantes, una de ellas de extendida actuación en la justicia y las cátedras penales. Y para asegurar el servicio de justicia a la ciudadanía, obligación inexcusable del Estado.

Carlos Duguech
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