12 Marzo 2015
Néstor Rojas Mavares - Columnista de la agencia DPA
Tras las sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos, el gobierno bolivariano y el oficialismo apelaron a la historia, con advertencias de una eventual intervención militar estadounidense. El presidente Nicolás Maduro llamó al país a unos ejercicios militares “defensivos” para el sábado, y el oficialismo en la Asamblea Nacional aprobó una resolución en la que advirtió que las acciones injerencistas de Washington podrían crear un escenario similar a la invasión de Panamá en 1989.
Reales o no esas amenazas, Maduro solicitó poderes especiales para legislar por decreto durante seis meses a fin de hacer frente a la agresión, en tanto que advirtió que Estados Unidos tiene listo un proyecto para aplicar un bloqueo financiero y comercial al país. Las relaciones entre Washington y Caracas llegaron a un punto de crispación que no fue alcanzado durante los 13 años que se mantuvo Hugo Chávez en el poder, aún cuando su discurso antiimperialista tenía matices más estridentes.
Hasta hace más de 10 años, Venezuela era considerado un proveedor confiable de petróleo a EEUU. Enviaba a ese mercado 1,7 millones de barriles diarios, una cifra que ha caído a la mitad, justo cuando el gobierno enfrenta duras dificultades por la baja en los ingresos de petrodólares. Las sanciones a siete funcionarios -acusados de violación de los derechos humanos y corrupción- prevén la suspensión de visas y congelación de cuentas, pero el gobierno estadounidense dejó claro que no afectará las operaciones comerciales del petrolero entre los dos países.
Maduro calificó de “estúpidas” las sanciones y en respuesta nombró a uno de los acusados, el general Gustavo González, para el cargo de ministro del Interior. En la noche del martes, durante su solicitud de poderes especiales, dejó caer un petardo ruidoso: Estados Unidos se está “preparando para invadirnos”. Basó su aviso de alerta en que la ley de sanciones declara a Venezuela una amenaza “inusual” para EEUU. Distinto a otras intervenciones, el sucesor de Chávez bajó el tono en sus ataques a la oposición y en su lugar llamó a todo el país a unirse ante “este difícil escenario” que se presenta.
Echando más leña al fuego, el acuerdo “antiimperialista” impulsado por la mayoría oficialista en el Asamblea pidió la derogación de las medidas sancionadoras de EEUU contra funcionarios venezolanos. El acuerdo señala que EEUU pretende “apropiarse de las riquezas naturales y destruir los logros alcanzados por el pueblo venezolano en estos 16 años de revolución bolivariana”. La mayoría oficialista aprobó en fast track los poderes especiales (ley habilitante) y se fijó para el domingo la sesión para pasarla en segunda discusión. Sus 99 diputados, de un total de 165, garantizan la aprobación.
El ex embajador en la ONU, Milos Alcalay, señaló que ya es habitual en la política exterior venezolana una “diplomacia de micrófonos”, con la que quiere protagonizar una confrontación con EEUU, en la que un tema bilateral trata de convertirlo en una “cruzada fundamentalista contra el imperio”. Hay quienes ven en esa retórica un argumento para exaltar el nacionalismo, en un momentos en que el gobierno enfrenta problemas de popularidad por el desabastecimiento y cuando los partidos se alistan para las elecciones legislativas de este año. Opositores alertan que Maduro podría utilizar los poderes especiales para otra arremetida contra la disidencia, que comenzó este año con la detención del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de conspiración. Para el líder de la oposición, Henrique Capriles, los poderes especiales son una “excusa más” del gobierno, para no enfrentar la crisis que golpea a nuestro pueblo. Más poder para el poder, es lo único que quieren”, dijo.
Lo más popular
