García Posse arremete contra Herrera

La causa “Jorrat” no sería un hecho aislado en los Tribunales penales sino la expresión de un patrón de conducta advertido con frecuencia en la Fiscalía de la X Nominación que encabeza Guillermo Herrera, según Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital. El 31 de marzo pasado, ese profesional se presentó en la Fiscalía de la IV Nominación, y describió el modus operandi consistente en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; en la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y el requerimiento de medidas que no tenían relación con la investigación en sí sino que resultaban actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y en el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial.

“Cuando apareció la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) contra Alejandro Noguera (fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción), comenzamos a recabar información”, explicó el letrado al fiscal Diego López Ávila en la audiencia en la que ratificó y amplió la denuncia del Colegio contra Noguera y Herrera.

En esa búsqueda, hallaron la investigación de Herrera respecto de Jorge Rigourd, copropietario de la compañía financiera Cofin, que, según García Posse, encaja con el comportamiento descrito: “en los primeros tiempos, el fiscal producía hechos o formulaba declaraciones con alto impacto en la prensa. Así, se publicitaron allanamientos y secuestros impresionantes cuyos resultados al día de la fecha serían absolutamente inciertos”. El denunciante recordó que Rigourd estuvo detenido y que Herrera incluso pidió la prisión preventiva: “pero la actuación del fiscal fue tan cuestionable que hasta la jueza Mirta Lenis de Vera lo advirtió (cuando liberó al imputado)”.

El titular del Colegio, que aportó a López Ávila documentos que prueban sus declaraciones, manifestó que el colega Julio Gerardo Valdez había informado sobre otras presuntas anomalías cometidas por Herrera en el caso de una supuesta usurpación que lo involucraba a él y Ángel Ale (hermano de Rubén Ale, imputado en “Jorrat”). García Posse relató que el fiscal de la X Nominación dio el carácter de querellante a Valdez y el de imputado a Ale en una causa, y en otra causa por la misma propiedad reconoció a Ale la condición de querellante e imputó a Valdez.

“También está el expediente ‘Teves’, donde Herrera habría requerido y obtenido la detención de Roxana Teves, de su hija, de su hijo y de su nuera con el propósito de que la mujer desista, en beneficio de la querellante, de los derechos que intentaba hacer valer en un juicio iniciado para disolver una sociedad de hecho”, agregó. Algo similar ocurrió, de acuerdo con el abogado, en “Albarracín”: “el señor Miguel Manuel Albarracín también sufrió detención y terminó desistiendo de los derechos que reclamaba en el juicio sucesorio de Augusto Vito Alfredo Severini”. García Posse expresó que, como consecuencia de las privaciones de la libertad promovidas por Herrera, tanto Teves como Albarracín terminaron resignando sus reclamos en la Justicia civil. A partir de ese momento, el fiscal dejó de perseguirlos.