25 Julio 2015
Amaya, por nota, le advierte a Alperovich que irá a la Justicia para exigir fondos municipales
El intendente le reclamó al gobernador el pago de $ 213,5 millones de origen nacional, correspondientes al Régimen de Financiamiento Educativo, que según su versión han sido retenidos “indebidamente”. Habló de “tiranía”, “arbitrariedad” y pidió idéntico trato que recibe el PE de la Nación
SALUDANDO VECINAS. Amaya participó de la inauguración de obras de red de gas domiciliaria en San Cayetano, y luego conversó con habitantes del barrio. prensa municipalidad smt
“Ilegítima arbitrariedad”. “Tiranía”. “Indebida apropiación de fondos”. Una confusión “peligrosa” entre “bienes públicos” y “privados”. La tensa relación por las finanzas públicas entre el intendente Domingo Amaya y el gobernador José Alperovich quedó plasmada en una nota que el postulante a vicegobernador del frente Acuerdo para el Bicentenario (ApB) le envió ayer al jefe del Poder Ejecutivo (PE) a su despacho de la Casa de Gobierno.
Mediante ese texto, Amaya le reclamó al mandatario tucumano y precandidato a senador nacional por el Frente para la Victoria (FpV) “el cese de retención de fondos” municipales por parte de la Provincia. Además, elevó una “intimación de cancelación de lo adeudado”, que conjuga el pedido de que la Casa de Gobierno abone “la totalidad de los fondos del Régimen de Financiamiento Educativo”, que suman unos $ 213,5 millones y según el municipio han sido “retenidos indebidamente”, con la advertencia de iniciar una demanda judicial para dirimir la cuestión.
“La gestión de los bienes públicos exige total y absoluta sujeción a la ley y a los parámetros objetivos, por cuanto toda subjetividad abre las puertas para la ilegitima arbitrariedad. La única tiranía que recepta el Estado de Derecho es la tiranía de la ley, y la voluntad abstracta de la misma no puede ser modificada ni neutralizada por la voluntad individual de los gestores circunstanciales de los bienes de la comunidad”, expresó Amaya en la nota, a la que accedió este diario.
El jefe municipal remarcó que la Constitución nacional “exige preservar las autonomías y el régimen municipal”. A la vez, recordó la crisis económica de 2001; y aunque no lo mencionó, aludió al “Pacto Social”, régimen instaurado en 2002 -cuando Alperovich era ministro de Economía de Julio Miranda- que permitía a la Provincia retener los fondos nacionales que correspondían a los municipios por coparticipación federal; a cambio, el PE debía garantizar el pago de sueldos (“Pacto Sueldos”) y de obras públicas (“Pacto Obras”).
Este sistema “cayó” con el inicio de este año, y los intendentes firmaron convenios con la Casa de Gobierno para sustituirlo. De las palabras que dirigió Amaya a Alperovich se desprende que el jefe municipal no está nada conforme con el trato financiero que está recibiendo desde el PE.
“Los endeudamientos de los estados provinciales fueron mayormente absorbidos por la Nación a cambio de una indebida apropiación de fondos. Lo mismo sucedió con los municipios en cada provincia, replicándose el esquema de unificación de caja y reordenamiento financiero. Obviamente ello constituye una medida excepcional, y en consecuencia es de duración limitada”, señaló el intendente. Y aunque Alperovich suele decir que la Casa de Gobierno “ha venido ayudando” a la Capital, Amaya replicó que el régimen económico “no es un ‘favor’ que alguien haya hecho y que se deba agradecer”. “Pretender poner nombre y apellido a tan delicadas cuestiones institucionales y colectivas es realmente un despropósito. Es la negación de la institucionalidad y revela una concepción monárquica. Implica, ni más ni menos, que confundir peligrosamente los bienes públicos de los privados y llegar al desatino de creer o considerar que lo que se hizo con el dinero de todos, en realidad, debe agradecérselo al gestor circunstancial”, redactó el ahora aliado del radical José Cano.
“Parámetros igualitarios”
Amaya desligó al Gobierno nacional de esta situación. “La Nación ha venido y continúa hasta la fecha acompañando objetivamente y con conceptos de rigurosidad objetiva y parámetros igualitarios la situación de endeudamiento de las provincias argentinas, instaurándose un mecanismo general de refinanciación de la deuda pública provincial para con la Nación”, explicó el peronista disidente. Y agregó: “resulta que ahora, el titular del Poder Ejecutivo provincial pretende intempestivamente romper con la lógica de los antecedentes y del contexto, y de un modo destemplado, arbitrario y selectivo, anuncia con impudicia que lo que debe ser objetivo, razonable, genérico, equitativo y espejar la situación y los mecanismos nacionales, en esta provincia va a adquirir características de extrema subjetividad y arbitrariedad por cuanto es esa única persona, por sí y ante sí, la que va a decidir en qué momento, condiciones y plazos particulares algunos municipios han de ser requeridos a la devolución de los adelantos financieros que no le son solicitados a los restantes”. Respecto a las finanzas, Amaya destacó que “está en juego el destino colectivo” de los vecinos de la Capital”.
El intendente instó a la Legislatura a que “rescate y reivindique sus potestades y deberes constitucionales y tome cartas en el asunto”. “La patología de la arbitrariedad es antijurídica, políticamente abyecta y moralmente insostenible. (...) Estamos dispuestos a recurrir a la Justicia para garantizar la vigencia de los derechos de todos y la preeminencia de la razonabilidad y la legalidad por sobre el capricho arbitrario de un circunstancial gobernante”, advirtió.
Señaló luego que la Provincia “ha retenido indebidamente -y por lo tanto adeuda a este municipio-” los fondos del Régimen de Financiamiento Educativo, previsto por leyes nacionales, que asciende a $ 213.5 millones. “Que el PE proceda a cancelar lo adeudado por los conceptos indicados”, remarcó.
Mediante ese texto, Amaya le reclamó al mandatario tucumano y precandidato a senador nacional por el Frente para la Victoria (FpV) “el cese de retención de fondos” municipales por parte de la Provincia. Además, elevó una “intimación de cancelación de lo adeudado”, que conjuga el pedido de que la Casa de Gobierno abone “la totalidad de los fondos del Régimen de Financiamiento Educativo”, que suman unos $ 213,5 millones y según el municipio han sido “retenidos indebidamente”, con la advertencia de iniciar una demanda judicial para dirimir la cuestión.
“La gestión de los bienes públicos exige total y absoluta sujeción a la ley y a los parámetros objetivos, por cuanto toda subjetividad abre las puertas para la ilegitima arbitrariedad. La única tiranía que recepta el Estado de Derecho es la tiranía de la ley, y la voluntad abstracta de la misma no puede ser modificada ni neutralizada por la voluntad individual de los gestores circunstanciales de los bienes de la comunidad”, expresó Amaya en la nota, a la que accedió este diario.
El jefe municipal remarcó que la Constitución nacional “exige preservar las autonomías y el régimen municipal”. A la vez, recordó la crisis económica de 2001; y aunque no lo mencionó, aludió al “Pacto Social”, régimen instaurado en 2002 -cuando Alperovich era ministro de Economía de Julio Miranda- que permitía a la Provincia retener los fondos nacionales que correspondían a los municipios por coparticipación federal; a cambio, el PE debía garantizar el pago de sueldos (“Pacto Sueldos”) y de obras públicas (“Pacto Obras”).
Este sistema “cayó” con el inicio de este año, y los intendentes firmaron convenios con la Casa de Gobierno para sustituirlo. De las palabras que dirigió Amaya a Alperovich se desprende que el jefe municipal no está nada conforme con el trato financiero que está recibiendo desde el PE.
“Los endeudamientos de los estados provinciales fueron mayormente absorbidos por la Nación a cambio de una indebida apropiación de fondos. Lo mismo sucedió con los municipios en cada provincia, replicándose el esquema de unificación de caja y reordenamiento financiero. Obviamente ello constituye una medida excepcional, y en consecuencia es de duración limitada”, señaló el intendente. Y aunque Alperovich suele decir que la Casa de Gobierno “ha venido ayudando” a la Capital, Amaya replicó que el régimen económico “no es un ‘favor’ que alguien haya hecho y que se deba agradecer”. “Pretender poner nombre y apellido a tan delicadas cuestiones institucionales y colectivas es realmente un despropósito. Es la negación de la institucionalidad y revela una concepción monárquica. Implica, ni más ni menos, que confundir peligrosamente los bienes públicos de los privados y llegar al desatino de creer o considerar que lo que se hizo con el dinero de todos, en realidad, debe agradecérselo al gestor circunstancial”, redactó el ahora aliado del radical José Cano.
“Parámetros igualitarios”
Amaya desligó al Gobierno nacional de esta situación. “La Nación ha venido y continúa hasta la fecha acompañando objetivamente y con conceptos de rigurosidad objetiva y parámetros igualitarios la situación de endeudamiento de las provincias argentinas, instaurándose un mecanismo general de refinanciación de la deuda pública provincial para con la Nación”, explicó el peronista disidente. Y agregó: “resulta que ahora, el titular del Poder Ejecutivo provincial pretende intempestivamente romper con la lógica de los antecedentes y del contexto, y de un modo destemplado, arbitrario y selectivo, anuncia con impudicia que lo que debe ser objetivo, razonable, genérico, equitativo y espejar la situación y los mecanismos nacionales, en esta provincia va a adquirir características de extrema subjetividad y arbitrariedad por cuanto es esa única persona, por sí y ante sí, la que va a decidir en qué momento, condiciones y plazos particulares algunos municipios han de ser requeridos a la devolución de los adelantos financieros que no le son solicitados a los restantes”. Respecto a las finanzas, Amaya destacó que “está en juego el destino colectivo” de los vecinos de la Capital”.
El intendente instó a la Legislatura a que “rescate y reivindique sus potestades y deberes constitucionales y tome cartas en el asunto”. “La patología de la arbitrariedad es antijurídica, políticamente abyecta y moralmente insostenible. (...) Estamos dispuestos a recurrir a la Justicia para garantizar la vigencia de los derechos de todos y la preeminencia de la razonabilidad y la legalidad por sobre el capricho arbitrario de un circunstancial gobernante”, advirtió.
Señaló luego que la Provincia “ha retenido indebidamente -y por lo tanto adeuda a este municipio-” los fondos del Régimen de Financiamiento Educativo, previsto por leyes nacionales, que asciende a $ 213.5 millones. “Que el PE proceda a cancelar lo adeudado por los conceptos indicados”, remarcó.
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