Se trata de una decisión política muy valiente pero no exenta de riesgos potencialmente desequilibrantes: el gobierno de Mauricio Macri resolvió ir a fondo en las investigaciones relacionadas con el Alberto Nisman, de cuyo fallecimiento se cumplió ayer un año, tanto en el esclarecimiento de su dudosa muerte como en la denuncia que realizó contra el gobierno de Cristina Fernández por encubrimiento de los culpables en el caso AMIA, el peor atentado terrorista, con obvias ramificaciones internacionales, ocurrido en nuestras tierras.

Más allá de las voluntades, se trata de un entramado sumamente complejo, que representa una gran oportunidad para el gobierno a los efectos de poner fin a la matriz de impunidad que caracterizó a la Argentina en las últimas décadas, involucrando a las fuerzas de seguridad, la justicia y el conjunto del sistema político. Sin embargo, esta decisión también trae aparejada enormes dificultades, con costos potenciales de gran magnitud para Macri. El puntapié inicial de todo este rompecabezas fue, vale la pena recordarlo, el accionar de redes del terrorismo internacional que, con complicidades locales todavía no identificadas, perpetraron los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994. Pasadas más de dos décadas, ese terrorismo se convirtió en una amenaza muchísimo más real y más generalizada, incluyendo a las potencias más importante del planeta. En ese período, Argentina fracasó en conformar un sistema de seguridad digno, eficaz y respetable, a pesar de haber aumentado de forma extraordinaria el tamaño y los recursos que gasta el Estado. Estamos mucho peor preparados para enfrentar a un enemigo que se tornó mucho más peligroso.

Las investigaciones sobre esos atentados, aún abiertas, constituyeron ejemplos paradigmáticos de impunidad cuyo eje fue una justicia lenta, corrupta y venal, que exhibió durante todo el proceso una notable incapacidad para avanzar, mucho menos esclarecer, casos de semejante magnitud. A esto, hay que sumar la falta de transparencia, los negocios espurios y los acuerdos con personeros del poder de turno que caracterizaron a los servicios de inteligencia en el país. De hecho, es imposible comprender el caso Nisman sin prestar atención al vínculo que el propio fiscal tenía con la entonces SIDE, en especial con el enigmático y en su momento todopoderoso “Jaime” Stiuso, dado de baja y denunciado penalmente por el propio gobierno kirchnerista apenas un par de meses después del fallecimiento del fiscal por un supuesto ocultamiento de pruebas en la causa AMIA.

Se espera ahora que Stiuso se presente en breve en la justicia y contribuya a esclarecer esas y muchas otras causas en las que está, correcta o incorrectamente, involucrado.

La política exterior

Otra dimensión fundamental para comprender esta intrincada trama es la política exterior, en especial a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Cristina encaró una radicalización de su gobierno tanto en el plano doméstico como en el internacional, y ambos procesos se retroalimentaron de una manera particularmente rápida y efectiva. En particular, fortaleció su alianza con Venezuela, Cuba, Irán, Rusia y China, mientras que profundizó sus diferencias con todos los países de Occidente, en particular con los Estados Unidos. Es cierto que el conflicto de los Kirchner con este país quedó en evidencia en la escandalosa cumbre de Mar del Plata, en el 2005. Pero fue a finales del 2010, con el Comandante Chávez todavía vivo, que la diferencia se ensanchó hasta límites inexplorados por decisión de CFK. En este sentido, vale la pena recordar la irrupción del ex canciller Héctor Timerman en un avión militar norteamericano (febrero del 2011), la afirmación por parte de CFK de que ISIS era un invento de Hollywood y su insólita referencia, ante amenazas anónimas recibidas telefónicamente, a que si su vida corría riesgo, habría que responsabilizar a los EEUU (“Si me pasa algo, miren al norte”).

La victoria de Macri significa, en principio, cambios en todas esas dimensiones y la intención de esclarecer tanto el caso AMIA como la muerte de Nisman. Eventualmente, esto puede implicar también avanzar en su denuncia a la misma CFK por el eventual delito de traición a la patria como consecuencia de haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán. Más aún, el presidente intenta implementar un shock de transparencia en todo el sistema político incluidos los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Se trata, sin duda, de intenciones tan valerosas como encomiables. Sin embargo, la duda es cuán a fondo puede avanzar en ese camino sin generar un riesgo enorme para su gobierno y la Argentina. ¿Esta impregnado acaso ese compromiso de la misma cuota de ingenuidad, voluntarismo e improvisación que mostró el nuevo gobierno en la ahora superada crisis de la triple fuga?

Es cierto que esa crisis se desató apenas días después de que Cambiemos se hiciera cargos de los destinos del país y de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, puede que aquellos atributos (ingenuidad, voluntarismo e improvisación), no sean exclusivos del área de seguridad. Incluso antes de asumir, Macri hizo declaraciones por lo menos extremas, en relación a la Venezuela, incluyendo la aplicación de duras sanciones por parte de la OEA, el Mercosur y otros foros regionales. La canciller Malcorra se encargó de corregir esa boutade, que había despertado inquietud en varios socios estratégicos de la Argentina, sobre todo en Brasil. Por otro lado el gobierno dejó caer el Memorandum de Entendimiento con Irán, al no apelar el fallo de inconstitucionalidad dispuesto por la Justicia. ¿Volverá ahora a denunciar a ese país en los foros internaciones? ¿Avanzarán las investigaciones a otros vínculos que pudo haber tenido la Argentina K, en especial en el período 2011-2015, con dicha nación y con Venezuela, no solamente en términos comerciales y políticos, sino también en materia de seguridad y de cooperación en áreas científicas y tecnológicas? ¿Hubo acaso convenios secretos entre estos tres países, incluyendo potencialmente el intercambio de petróleo por conocimiento en áreas nucleares y/o en el desarrollo de proyectos misilísticos?

El ex canciller Héctor Timermann afirmó en una grabación privada cuyo contenido fue difundido hace poco que la bomba en la AMIA fue, en efecto, puesta por los iraníes. El país conducido por Hasan Rohaní, quien habría integrado el comité que en 1989 ordenó el ataque a la mutual judía, está una vez más la mira de la comunidad internacional pues entró en vigencia el acuerdo para limitar su programa nuclear alcanzado el año pasado. Sin embargo, otros aspectos controversiales de la política de seguridad iraní, fundamentalmente su programa misilístico, despiertan incertidumbre y alarma entre los especialistas. ¿Podría la investigación de los acuerdos de cooperación entre la Argentina, Irán y Venezuela echar algo de luz en este sentido? ¿Implicaría esto que Irán volvería a convertirse en una amenaza para nuestro país?

Este no es el único riesgo que enfrenta Macri al ahondar en el amplio universo del caso Nisman y sus derivaciones. Al margen de las buenas intenciones, y de que pueda darse algún avance puntual, las promesas de esclarecer judicialmente la causa AMIA y la muerte de Nisman puede frustrarse por cuestiones procedimentales, falta de evidencia contundente o incluso potenciales bloqueos que surjan cuando el ímpetu del nuevo gobierno se modere y su influencia en el Poder Judicial se haga menos perceptible. De este modo, podrían frustrarse tantas promesas y buena voluntad: todo volvería a quedar en un limbo cuyo costo habrá de asumir el actual gobierno.

“Todo tiene que ver con todo”

En las últimas semanas, en el contexto de la triple fuga y la cuestión de la efedrina (que constituye un acotado fragmento del enorme negocio de los estupefacientes), el gobierno kirchnerista apareció íntimamente entrelazado con el narcotráfico. Paralelamente, día a día se suman evidencias de que el gobierno venezolano también tiene una simbiótica relación con esa poderosa industria, incluyendo la estrecha relación con las FARC colombianas, pero sobre todo con los propios carteles mexicanos (incluyendo una denuncia de la DEA de que el “Chapo” Guzmán habría estado en el país gobernado por Maduro, cuyos sobrinos políticos enfrentan cargos por tráfico de drogas, por lo que la entidad norteamericana apuntó directamente a Diosdado Cabello, el número dos del poder venezolano).

Si, como sugería con tanta convicción CFK, “todo tiene que ver con todo”, ¿puede acaso establecerse alguna relación entre el narco, el giro argentino en política exterior y el memorándum con Irán (y, en consecuencia, la muerte de Nisman)? ¿Acaso hay puntos de contacto entre la triple fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci y la muerte del fiscal Nisman, más allá de la actividad “comercial” que habría desarrollado el primero en la Triple Frontera y la curiosa aparición del ex comisario Ribelli en el escenario?

Macri planteó la lucha contra el narcotráfico y anunció que irá hasta el final para esclarecer lo ocurrido con la AMIA. Se trata sin duda de definiciones estratégicas sumamente valientes que, eventualmente, probarían que la Argentina, de verdad, esta dispuesta (y preparada para) cambiar. Sin embargo, los obstáculos que podría enfrentar en el complejo camino hacia la verdad y la justicia son no sólo múltiples, sino difíciles de dimensionar. Y las amenazas a ellas asociadas en un contexto internacional tan turbulento como impredecible no deben pasar desapercibidas. Como ocurrió a comienzos de la transición a la democracia, esto podría enfrentar al nuevo gobierno con un dilema crucial: la ética de la verdad versus la ética de la responsabilidad. El caso Nisman y sus derivaciones constituyen, para Cambiemos, un desafío similar al que las violaciones a los derechos humanos significó para la renaciente democracia argentina en los albores del gobierno de Alfonsín.

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