Sin trabajo ni contención para los Espeche en Bella Vista

La disputa en la ciudad de Bella Vista entre el intendente radical Sebastián Salazar y el ex jefe municipal peronista, Luis Espeche (actual funcionario del Ministerio del Interior), continúa generando un clima de tensión en esa localidad. Salazar les había iniciado un sumario administrativo a la esposa de Espeche, Cristina Romano (ex presidenta del Concejo y candidata a la intendencia por el Frente para la Victoria), y a la esposa de ambos, Celeste Ariane Espeche (ex candidata a edil), alegando que registraban más de 100 faltas injustificadas en lo que va de 2016. Recientemente, madre e hija recibieron sendas cartas documentos en las que se les anunciaba que habían sido removidas como empleadas de planta permanente del municipio. Los Espeche esperaban conseguir resguardo político en la Legislatura, pero finalmente no les dieron cabida allí. Desde el entorno del ex intendente apuntan contra el vicepresidente 2° de la Cámara, Ariel García, líder político de Salazar, por la frustrada “contención” para la ex concejal y su hija.

Nadie lo advirtió.- “Ni el periodismo ni los jueces se dieron cuenta”, dijo ayer un parroquiano en un bar céntrico, desayuno de por medio. Y prosiguió: “en el tema de los gastos sociales hay un funcionario de la Provincia que cometió prevaricato”. (es un delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta). Inmediatamente fue increpado: ¿quién y por qué? “El fiscal de Estado. Les explico: la ley le impone el control de calidad de la administración pública y lo obliga a asumir como querellante en causas que versen sobre delitos contra el Estado”, dijo el veterano abogado, que alguna vez supo ocupar un cargo en la Provincia. Dijo que el delito -a su criterio- fue “asumir la defensa legal y extrajudicial del gobernador y del vicegobernador, acusados de disponer de fondos públicos de forma discrecional, contrarios a la legalidad, sin rendición de cuentas y para fines que nada tienen que ver con el presupuesto de gastos y recursos, ni con el bien común”. E insistió: “esta gravedad no fue advertida por el juez de la causa, ni por fiscales, ni el periodismo ni el Colegio de Abogados. Ni siquiera por el denunciante”.