Investigarán todos los déficits de la Justicia civil

En diciembre de 2015, la Legislatura formó una comisión con miembros de los tres poderes del Estado, profesionales y académicos para producir un anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Ese comité hoy tiene un cometido más amplio, que coincide con la propuesta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: redactar un texto integral que comprenda las reglas que rigen los procesos no penales, inclusive el régimen de Justicia de Paz. Con esa ambición por delante, el cuerpo autorizó ayer la firma de un convenio de cooperación con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y aprobó un cronograma de trabajo cuyo propósito es alcanzar la meta del anteproyecto en el plazo de un año. Tal fin será precedido por un estudio de las necesidades jurídicas insatisfechas de la Justicia civil.

La investigación de los déficits judiciales correría por cuenta del Instituto Superior de Estudios Sociales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), según explicó Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El 18 de octubre próximo, los investigadores expondrán ante la comisión sobre la factibilidad de practicar el estudio en la provincia (ese mismo día, los encargados de concebir un anteproyecto de reforma analizarán la pesquisa de necesidades jurídicas insatisfechas ejecutada en Colombia). A finales de agosto, un funcionario del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, Martín Böhmer, había convocado a desarrollar mediciones de este tipo en el ámbito de “Encuentro ciudadano para el fortalecimiento de la Justicia”, programa que lleva adelante Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia.

La intención de la comisión especial es finiquitar la etapa de diagnóstico y recolección de datos en marzo de 2017. Durante ese mes, un equipo redactor debe presentar un trabajo sobre los posibles principios y estructura de los procesos del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán.

Por decisión del comité, la semana próxima viajarán a Buenos Aires a firmar el acuerdo con el CEJA la vocal Sbdar y Marcelo Caponio, legislador oficialista. Ese funcionario encabezó la comisión especial para la reforma procesal penal durante buena parte de su existencia, que concluyó el 16 de octubre de 2015 con la entrega de un anteproyecto de enmienda. “En la próxima sesión legislativa aprobaremos el nuevo Código Procesal Penal derivado de aquel trabajo. Este es nuestro compromiso”, anunció Caponio al término del encuentro de este miércoles. Participaron de dicha reunión en el salón de actos de la Corte los vocales Antonio Estofán, Daniel Posse y Sbdar; el ministro público Edmundo Jiménez (en principio y según el instrumento de creación, no forma parte de la comisión); Federico Nazur, fiscal de Estado adjunto; Vargas Aignasse, y los legisladores Caponio, Fernando Valdez y Alberto Colombres Garmendia, además de magistrados y abogados.