El PE dará explicaciones por un decreto polémico

El secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, manifestó que esa repartición está trabajando para contestar el oficio girado por el fiscal de Instrucción de turno, Washington Navarro Dávila, a raíz de la demora de 387 días para la publicación del decreto 2.941/3 (SH) de 2015, situación revelada por LA GACETA en la edición del domingo.

A través de ese instrumento, firmado el 16 de septiembre del año pasado por el entonces gobernador, José Alperovich, desde el Tesoro de la Provincia fueron girados $ 550 millones a la partida para sueldos del Poder Legislativo; gran parte de ese dinero, sin embargo, fue destinado a subsidios, luego de reasignaciones presupuestarias.

“Por supuesto que vamos a responder (el pedido del fiscal)”, afirmó Yedlin, en diálogo telefónico con este diario. Detalló que, entre otros puntos, Navarro Dávila solicitó información sobre el trámite que cursan esas disposiciones del jefe del PE; y preguntó qué oficinas y funcionarios actuaron en el caso del decreto 2.941/3 (SH) de 2015.

“En general, una vez que son firmados por el gobernador, los decretos pasan a Despacho; luego a Leyes y Decretos, donde se los numera; después a Boletín Oficial, donde son publicados, y finalmente pasan a Archivo. El fiscal nos pide que digamos quiénes eran los responsables de cada oficina cuando sucedió lo del decreto (2.941/3 (SH) de 2015) y dónde estuvo a lo largo de este tiempo”, explicó Yedlin.

El funcionario encabezará hoy a la mañana, en Casa de Gobierno, el lanzamiento del nuevo portal del Boletín Oficial. Según advirtió, por directiva del jefe del PE, Juan Luis Manzur, se está trabajando para la difusión de esa documentación oficial. “La idea del gobernador y de esta Secretaría General es que todos los decretos sean publicados de forma íntegra”, añadió Yedlin.

Si bien este pedido de informes no tiene plazo, sí debería contestar esta semana un oficio similar -también girado por el fiscal Navarro Dávila- el director de Leyes y Decretos, Martín Osvaldo Nieva.

A subsidios, no a personal

El domingo, LA GACETA dio a conocer la publicación del decreto 2.941/3 (SH) de 2015. Este instrumento reveló que, en el año electoral, el PE había girado $ 550 millones al Poder Legislativo, tras una ampliación presupuestaria efectuada poco antes por la anterior conformación del cuerpo colegiado.

Los fondos estaban destinados al pago del personal, según advirtió el entonces legislador oficialista Ramiro González Navarro, al defender la iniciativa de la Casa de Gobierno en el recinto, en carácter de presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto. De todas formas, gran parte de los recursos fueron reasignados mediante decretos de la Legislatura y, en lugar ser aplicados al pago de personal, fueron gastados en supuestos subsidios (entre ellos, las ya derogadas ayudas sociales a personas).

A raíz de la nota que publicó este diario el domingo, Navarro Dávila abrió una investigación de oficio.

Se trata del fiscal de Instrucción que había archivado el mes pasado la causa por el presunto manejo fraudulento de esos fondos (finalmente el ministro fiscal Edmundo Jiménez dispuso la reapertura de la pesquisa, hoy en manos del fiscal Claudio Bonari).

El autor de aquella denuncia, el peronista disidente Oscar López, recordó aquella acción de Navarro Dávila y lo acusó de estar “sometido y asociado al poder”. “En lugar de investigar la administración fraudulenta y la malversación de los $ 615,6 millones aplicados al descomunal fraude electoral y al enriquecimiento ilícito de legisladores y funcionarios, archivó el expediente, garantizando la impunidad. La actitud del fiscal de abocarse de oficio (al estudio del decreto 2.941/3 SH de 2015) constituye un nuevo intento de perfeccionar esa impunidad”, indicó López. Y advirtió que, por conexidad, esos hechos deberían ser estudiados por el fiscal Bonari.