Por Marcelo Aguaysol
23 Noviembre 2016
¿Cuál es la diferencia entre el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que promueve la gestión de Mauricio Macri respecto de la del diputado Sergio Massa? El tiempo político. Se aproximan las elecciones y cada cual atiende su juego y el que no, y el que no, pagará una prenda.
El Gobierno aún no muestra una clara intención de cumplir su promesa electoral sobre un impuesto que, hasta hace un año y medio alcanzaba a un millón de asalariados registrados; que este año, por efecto de las paritarias y del cobro de horas extra (increíblemente convertidas en una suerte de mochila de plomo al momento de tributar), gravará a dos millones de trabajadores y, si no hay cambios al régimen vigente, es posible que llegue al año electoral con tres millones de contribuyentes forzosos de un impuesto al salario.
Tiene razón Massa cuando dice que a la actual gestión le falta coraje para gravar la renta financiera y prefiere seguir sosteniendo el peso de los tributos sobre las espaldas de los empleados públicos y privados (y hay que incluir también a medio millón de jubilados). Tiene razón el gabinete de Macri cuando sostiene que el costo fiscal de una reducción en la cantidad de aportantes de Ganancias no sólo le hace un hueco al Tesoro federal, sino más bien a las provincias. Por caso, con cualesquiera de los esquemas que se barajan a Tucumán puede costarles unos $ 800 millones de coparticipación más baja de lo esperada para 2017.
Macri y Massa coinciden en algo: juegan con las expectativas socioeconómicas de la población en un tema tan candente como es el bolsillo de la gente. La Casa Rosada muestra una orientación hacia la mejora transitoria del poder adquisitivo. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, ha confirmado que aquellos trabajadores que ganan hasta $ 55.000 de sueldos brutos (sin descuentos). Aún faltan conocer detalles sobre el anuncio que, en los próximos días, se conocerá a través del Boletín Oficial. Lo importante e imprescindible es que no haya retenciones, como sucedió con el aguinaldo del primer semestre, en el que muchos aportantes han desistido de hacer trámites engorrosos y burocráticos para recuperar la plata con la que se quedó el fisco, después de otro acuerdo político en el Congreso. No era el espíritu del anuncio; fue la solución política a una contingencia fiscal.
Hay intenciones oficiales de prolongar el debate de Ganancias más allá de marzo del año que viene. De hecho, el proyecto que trascendió establece que la reforma en el impuesto tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2017. A buen entendedor... Un anuncio de tal magnitud en medio de una campaña electoral de comicios de medio turno suma votos. Más aún cuando el mismo Gobierno viene presagiando que la macroeconomía mejorará el año que viene, de la mano del consumo y de la obra pública, otros puntales en tiempos de elecciones. José Luis Machinea, el ex ministro que diseñó la tablita (con la que se procuraba cobrar impuestos más altos a quienes más ganan), ha dicho recientemente: “si se hubiera actualizado, hoy sólo pagaría el 35% alguien que gane $ 170.000 mensuales”. Sin embargo, Ganancias no discrimina. Lo pagan los jubilados; se lo cobran a los docentes; castiga a los solteros y obliga a los casados a hacer una y mil piruetas para efectuar las deducciones personales. Claro, esto será posible siempre y cuando no deba apelar a los servicios de un contador público. Ese suele ser el costo oculto de un contribuyente frente a la maraña impositiva que presiona, cada vez más, al zoológico tributario.
Si la intención real es que todos se beneficien, el oficialismo y la oposición tendrían que sentarse, de una buena vez, a diseñar un proyecto de modificación del impuesto consensuado. Y no que pululen, en el Congreso Nacional, una treintena de iniciativas que seguramente se perderán en algún cajón del viejo edificio parlamentario. ¿Es mucho pedir que los políticos cumplan sus promesas de campaña? ¿Cuánto vale la palabra de un candidato? ¿Por qué es más fácil esquilar al pequeño contribuyente y no tocar a los que lucran con el juego o con la renta financiera?
El nuevo año fiscal está a punto de arrancar con ciertas dudas. Las certezas son que este año recesivo se despedirá con un reajuste de los impuestos patrimoniales. Paradojas fiscales.
El Gobierno aún no muestra una clara intención de cumplir su promesa electoral sobre un impuesto que, hasta hace un año y medio alcanzaba a un millón de asalariados registrados; que este año, por efecto de las paritarias y del cobro de horas extra (increíblemente convertidas en una suerte de mochila de plomo al momento de tributar), gravará a dos millones de trabajadores y, si no hay cambios al régimen vigente, es posible que llegue al año electoral con tres millones de contribuyentes forzosos de un impuesto al salario.
Tiene razón Massa cuando dice que a la actual gestión le falta coraje para gravar la renta financiera y prefiere seguir sosteniendo el peso de los tributos sobre las espaldas de los empleados públicos y privados (y hay que incluir también a medio millón de jubilados). Tiene razón el gabinete de Macri cuando sostiene que el costo fiscal de una reducción en la cantidad de aportantes de Ganancias no sólo le hace un hueco al Tesoro federal, sino más bien a las provincias. Por caso, con cualesquiera de los esquemas que se barajan a Tucumán puede costarles unos $ 800 millones de coparticipación más baja de lo esperada para 2017.
Macri y Massa coinciden en algo: juegan con las expectativas socioeconómicas de la población en un tema tan candente como es el bolsillo de la gente. La Casa Rosada muestra una orientación hacia la mejora transitoria del poder adquisitivo. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, ha confirmado que aquellos trabajadores que ganan hasta $ 55.000 de sueldos brutos (sin descuentos). Aún faltan conocer detalles sobre el anuncio que, en los próximos días, se conocerá a través del Boletín Oficial. Lo importante e imprescindible es que no haya retenciones, como sucedió con el aguinaldo del primer semestre, en el que muchos aportantes han desistido de hacer trámites engorrosos y burocráticos para recuperar la plata con la que se quedó el fisco, después de otro acuerdo político en el Congreso. No era el espíritu del anuncio; fue la solución política a una contingencia fiscal.
Hay intenciones oficiales de prolongar el debate de Ganancias más allá de marzo del año que viene. De hecho, el proyecto que trascendió establece que la reforma en el impuesto tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de 2017. A buen entendedor... Un anuncio de tal magnitud en medio de una campaña electoral de comicios de medio turno suma votos. Más aún cuando el mismo Gobierno viene presagiando que la macroeconomía mejorará el año que viene, de la mano del consumo y de la obra pública, otros puntales en tiempos de elecciones. José Luis Machinea, el ex ministro que diseñó la tablita (con la que se procuraba cobrar impuestos más altos a quienes más ganan), ha dicho recientemente: “si se hubiera actualizado, hoy sólo pagaría el 35% alguien que gane $ 170.000 mensuales”. Sin embargo, Ganancias no discrimina. Lo pagan los jubilados; se lo cobran a los docentes; castiga a los solteros y obliga a los casados a hacer una y mil piruetas para efectuar las deducciones personales. Claro, esto será posible siempre y cuando no deba apelar a los servicios de un contador público. Ese suele ser el costo oculto de un contribuyente frente a la maraña impositiva que presiona, cada vez más, al zoológico tributario.
Si la intención real es que todos se beneficien, el oficialismo y la oposición tendrían que sentarse, de una buena vez, a diseñar un proyecto de modificación del impuesto consensuado. Y no que pululen, en el Congreso Nacional, una treintena de iniciativas que seguramente se perderán en algún cajón del viejo edificio parlamentario. ¿Es mucho pedir que los políticos cumplan sus promesas de campaña? ¿Cuánto vale la palabra de un candidato? ¿Por qué es más fácil esquilar al pequeño contribuyente y no tocar a los que lucran con el juego o con la renta financiera?
El nuevo año fiscal está a punto de arrancar con ciertas dudas. Las certezas son que este año recesivo se despedirá con un reajuste de los impuestos patrimoniales. Paradojas fiscales.
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