07 Mayo 2017
BUENOS AIRES.- Esta semana puede haber novedades en relación a las causas por irregularidades en la provisión de medicamentos para pacientes diabéticos en Tucumán y en Salta, de acuerdo informaron ayer fuentes de la Unidad de Investigaciones que interviene en los delitos cometidos contra el PAMI (UFI-PAMI).
La oficina judicial lleva adelante pesquisas en varias provincias relacionadas con remedios falsificados, provisión ilegal y con el otorgamiento de subsidios destinados a cubrir necesidades de afiliados afectados por catástrofes.
El proceso que se realiza en Tucumán puso la lupa sobre trámites para supuestos pacientes insulinodependientes. Se sospecha que se les brindaba remedios mediante recetas y troqueles falsos, y que esto provocó un perjuicio millonario al organismo.
Sucede que, al constatarse los datos de las personas que figuran como beneficiarios, los funcionarios judiciales advirtieron que muchos de ellos no estaban enfermos o ya habían muerto.
La investigación comenzó a fines de 2015, cuando el fiscal Javier Arzubi Calvo recibió una base de datos con información sobre pacientes con esa enfermedad y, al entrecruzar información, se detectaron las anomalías.
Se registraron en total 1.133 casos de afiliados que, pese a haber fallecido, registraban consumos por más de 23 mil unidades de insulina, en un período que comprende entre 2010 y 2015.
En una primera etapa se notaron falsificaciones en las tiras de reactivos (un dispositivo para medir el nivel de azúcar en la sangre), pero desde la UFI PAMI se conjeturaba que la maniobra comprendía además provisiones de insulina facturadas mediante este mecanismo. Actualmente, se llevan a cabo investigaciones sobre diversos tipo de maniobras en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, Corrientes, La Rioja y Santiago del Estero.
La semana pasada, el fiscal Arzubi Calvo, por ejemplo, radicó una denuncia ante la Fiscalía Federal de Formosa contra el ex director de la Unidad de Gestión del organismo en esa provincia, Víctor Fernández por “apoderamiento” de sumas de dinero.
Se trataba de fondos que iban a destinarse a los jubilados que habían padecido las consecuencias de inundaciones. La suma era de $ 8 millones.
Los fondos, se sospecha, no se entregaban en su totalidad, puesto que los beneficiarios eran obligados a firmar un documento en blanco por una parte del dinero asignado, mientras que la diferencia era retenida (Telám).
La oficina judicial lleva adelante pesquisas en varias provincias relacionadas con remedios falsificados, provisión ilegal y con el otorgamiento de subsidios destinados a cubrir necesidades de afiliados afectados por catástrofes.
El proceso que se realiza en Tucumán puso la lupa sobre trámites para supuestos pacientes insulinodependientes. Se sospecha que se les brindaba remedios mediante recetas y troqueles falsos, y que esto provocó un perjuicio millonario al organismo.
Sucede que, al constatarse los datos de las personas que figuran como beneficiarios, los funcionarios judiciales advirtieron que muchos de ellos no estaban enfermos o ya habían muerto.
La investigación comenzó a fines de 2015, cuando el fiscal Javier Arzubi Calvo recibió una base de datos con información sobre pacientes con esa enfermedad y, al entrecruzar información, se detectaron las anomalías.
Se registraron en total 1.133 casos de afiliados que, pese a haber fallecido, registraban consumos por más de 23 mil unidades de insulina, en un período que comprende entre 2010 y 2015.
En una primera etapa se notaron falsificaciones en las tiras de reactivos (un dispositivo para medir el nivel de azúcar en la sangre), pero desde la UFI PAMI se conjeturaba que la maniobra comprendía además provisiones de insulina facturadas mediante este mecanismo. Actualmente, se llevan a cabo investigaciones sobre diversos tipo de maniobras en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Misiones, Corrientes, La Rioja y Santiago del Estero.
La semana pasada, el fiscal Arzubi Calvo, por ejemplo, radicó una denuncia ante la Fiscalía Federal de Formosa contra el ex director de la Unidad de Gestión del organismo en esa provincia, Víctor Fernández por “apoderamiento” de sumas de dinero.
Se trataba de fondos que iban a destinarse a los jubilados que habían padecido las consecuencias de inundaciones. La suma era de $ 8 millones.
Los fondos, se sospecha, no se entregaban en su totalidad, puesto que los beneficiarios eran obligados a firmar un documento en blanco por una parte del dinero asignado, mientras que la diferencia era retenida (Telám).
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