Jorge Jiménez, el amigo de César Soto, consiguió ayer que le firmaran la orden para que pudiera recuperar la libertad. Estuvo casi dos semanas tras las rejas porque el tribunal solicitó que sea investigado por falso testimonio y por su posible participación en el crimen de Paulina Lebbos.
“Estaba muy nervioso, no mentí en ningún momento. Si caí en alguna contradicción fue porque me apuraron un montón de personas. Era amigo personal de Paulina y por eso la llamé varias veces”, explicó cuando declaró ante el fiscal Diego López Ávila quien recibió el caso.
Su defensor, Álvaro Zelarayán había asegurado que si a su cliente se le dictaba la prisión preventiva sería una situación anormal. “Estamos hablando de un delito que en todo caso es excarcelable y se lo quiere implementar a una persona que no tiene antecedentes penales y que jamás entorpeció el accionar de la Justicia”, destacó el profesional.
Orden en la sala
El tono firme que tuvo Dante Ibáñez, presidente del tribunal, para poner punto final a las discusiones o cuestionamientos que realizaron las diferentes partes a lo largo de la audiencia.
Asustados
El temor que demostraron tener los testigos cuando se sentaban a declarar. En varias oportunidades los jueces debieron aclararles que no había motivos para que se asustaran.
Debate áspero
La tensión que se vive en las audiencias produce cruces ásperos. Las partes, con el fragor del debate, comenzaron a faltarse el respeto y a intercambiar opiniones a los gritos. Eso alteró la paz del juicio.
Polémica
El testigo Ramón Fernández generó una polémica en el juicio al afirmar que se le había fraguado la firma en una declaración que había hecho ante el fiscal Diego López Ávila. Fernández fue uno de los operarios de Vialidad Provincial que declaró en la jornada de ayer. Gustavo Morales, defensor de Eduardo di Lella, pidió que se inicie una investigación contra el titular de la fiscalía IV por falsedad ideológica y falsificación de instrumento público, planteo al que se adhirieron los defensores y rechazaron los acusadores. El tribunal, integrado por Rafael Macoritto, Dante Ibáñez (presidente) y Carlos Caramuti, después de una breve deliberación, decidió rechazar por unanimidad el planteo. Luego, las partes coincidieron que Fernández podría haber incurrido en falso testimonio, por lo que solicitaron que sea investigado por ese supuesto delito, pedido que sí fue aceptado.