Caso Lebbos: polémica por el programa de protección a testigos

La titular de Derechos Humanos dijo que la normativa se aplica de manera efectiva; mientras que Lebbos negó la asignación de fondos.

EXPLICACIONES. Tras ser citada, Brunotto se presentó ayer ante los integrantes de la Sala III en lo Penal. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso EXPLICACIONES. Tras ser citada, Brunotto se presentó ayer ante los integrantes de la Sala III en lo Penal. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso

Después de varios planteos por la demora en la implementación del Programa de Protección de Testigos de la provincia, la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, recibió ayer un llamado de atención del Tribunal y las quejas de algunas partes intervinientes en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, a raíz del incumplimiento en uno de los casos urgentes.

El 28 de febrero, los fiscales Diego López Ávila y Carlos Saltor habían requerido a la Sala III medidas de protección para las testigos Macarena Bordato y Magdalena Karina Cruz. El Tribunal, integrado por Dante Ibáñez (presidente actual), Rafael Mocoritto y Carlos Caramuti, hizo lugar luego a esta presentación y ordenó que ambas personas ingresaran al Programa de Protección de Testigos. Después de cuatro meses, el otro representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Carlos Sale, realizó nuevos planteos marcando las deficiencias en la aplicación del programa en el caso de Cruz, en particular.

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La acusación contra Gómez tomó inesperada fuerza en el caso Lebbos

“El 3 de marzo se libró un oficio a los efectos de que se implemente el plan, no tan sólo referido a la custodia, que es lo más fácil de establecer. Magdalena es una persona de cuidado, con antecedentes en el tema del narcotráfico. Por eso, se ha pedido que se arbitren los medios de manera urgente. Hoy, mes de julio y a días de la feria, todavía no tenemos respuesta. Hablé por teléfono con ella (por Brunotto) en mayo y me dijo que se estaba implementado el programa. Pero la señora Cruz ha ido a la Fiscalía dos veces por semana en los últimos tiempos solicitando ayuda”, remarcó el funcionario judicial.

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Sale contó que la testigo “está sola, desvinculada de su familia, perdió su trabajo y no tiene cómo pagar el lugar donde está alquilando”. “En mayo me dijo (Brunotto) que había fondos y que el programa se estaba implementando. Pero ya estamos en ...,” insistió.

El Tribunal había citado a la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, luego de conocer el informe del fiscal de Cámara Sale, el que se advertía que la testigo “estaba en riesgo” debido a su situación. Así, la funcionaria se presentó ayer ante los vocales. “Queremos que nos explique qué es lo que pasa y qué se está haciendo respecto del caso. Nos importa la persona, tanto por la condición de ser humano como por ser valiosa. Pero también nos importa para tener en cuenta el precedente que se puede asentar. Como Tribunal de Justicia, queremos saber si contamos o no con este programa de protección de testigos”, le dijo Ibáñez.

Caso Paulina Lebbos: las hipótesis del informe desconocido

Brunotto respondió a los jueces que Cruz contaba ya con custodia de la Policía. El plan provincial contempla, además, una cobertura laboral, sea la designación de un puesto de trabajo o el beneficio de los planes sociales estatales. “Esto no se puede conseguir ahora. La Secretaría sí le dará un subsidio económico. (La demora) tuvo que ver con una cuestión administrativa, pero está subsanada. El plazo que yo había pedido en la nota (enviada a la Fiscalía) tenía que ver con poder implementar efectivamente el subsidio para la señora, y con falta de precisión de la duración de esa cobertura”, expresó la funcionaria, quien enfatizó que la ayuda estará disponible esta semana y que el programa se implementa de manera efectiva, con presupuesto asignado. “Cualquier juzgado puede requerir protección para un testigo de cualquier causa de la provincia”, indicó.



EXPLICACIONES. Tras ser citada, Brunotto se presentó ayer ante los integrantes de la Sala III en lo Penal. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO

Según la Ley de Protección de Testigos, sancionada en 2006 por la Legislatura y reglamentada en 2016, esa cobertura debe extenderse hasta el fin del juicio de la causa. “Nos preocupa la situación, ya que no estamos ante una persona que ha cometido un ilícito, prima facie. Está dentro de un programa resguardado (…) Ante el hecho de tener una consigna policial y estar aislada de todo, no sé si hubiese sido mejor no incluirla en el programa para que siga haciendo su vida”, remarcó, por su parte, el vocal Macoritto.

“Soy un pobre perejil”, dijo uno de los testigos del Caso Lebbos

“Se trata de una persona vulnerable. Se quedó sin trabajo por la misma situación (la causa). Tiene que alquilar una vivienda. El Tribunal y las partes consideraron importante el testimonio, pero se la ha colocado en una condición de que alguien pueda ofrecer pagarle el inmueble, comprometiendo así la imparcialidad de la testigo. Entonces, es un caso urgente y uno no se puede tomar todo el tiempo del mundo. Es cumplir con la ley”, destacó Caramuti.

Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada en 2006, cuestionó el informe de la funcionaria provincial. “Estamos en presencia de una gravísima falta de respeto que recibieron el Tribunal, las víctimas del delito y todo el pueblo tucumano. El Poder Ejecutivo le debe pedir la renuncia. Ha mentido al decir que hay presupuesto para implementar el programa”, remarcó. “El Gobierno nunca le asignó ni un peso a este programa porque no le interesa proteger a los testigos ni la seguridad del pueblo tucumano”, finalizó.

Galería 41 fotos Raúl Ferreyra, ex subjefe de la Brigada de Investigaciones, quien fue detenido por falso testimonio durante el juicio, mantuvo un careo con Hugo Cabezas, actual referente del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales de la Policía Judicial (ECIF), creado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Edmundo Jiménez. Ferreyra, al igual que Orellana, sostuvo en su declaración que vio a Cabezas en el lugar del hallazgo el 11 y de 12 marzo de 2006. Sin embargo Cabezas, volvió a ratificar que no estuvo presente. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Polli remarcó que había buscado con la camioneta de la “secretaría privada” de la Policía a Sánchez, la señora y la hija. Pasadas las 23, todos partieron hacia Raco por la ruta 9, respondiendo a la invitación a un “evento social” de Eduardo Di Lella. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex jefe de Policía Hugo Sánchez cumplió mas de 60 días de arresto. Su defensor, José Luis Chaván, solicitó el cese de la medida. Sin embargo, el ex funcionario de José Alperovich continuará con prisión preventiva hasta el fin del proceso penal, según lo había dispuesto ya el Tribunal. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
“Soy un pobre perejil”. Diego Sebastián Nieva manifestó frente a los jueces su resentimiento por la vinculación a la causa Paulina Lebbos. El joven, de 37 años, afirmó que había sido sometido a la investigación y ratificó que falsearon su “firma y la declaración” durante los procedimientos encuadrados en la etapa de instrucción. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
"Es una situación muy grave", comenzó diciendo ayer el juez Dante Ibáñez. "Estos testigos contestaron expresamente que se adherían al artículo 230 y al privilegio de responder por escrito. Ahora, con lo que acabo de ver, ni siquiera quieren hacerlo de esa forma. Para este magistrado es muy grave cuando cualquier persona, sea quien sea, quiere estar por encima de la ley. Es más, me parece una actitud obstruccionista, dilatoria e impropia del funcionario de alta jerarquía que desempeñan ambas personas", añadió en plena audiencia el integrante de la Sala III en lo Penal, para sustentar su oposición a las presentaciones de José Alperovich y de Edmundo Jiménez. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Hugo Sánchez, ex jefe de Policía de Tucumán, durante el gobierno de José Alperovich, acusado de encubrimiento agravado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera, y el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, acusados de encubrimiento agravado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte, acusado de encubrimiento agravado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
“Es la conducta que han mantenido en estos 12 años. Han sido funcionales a la protección de los asesinos de Paulina (...) Ahora, siguen con esa maniobra de impedir que se llegue a la verdad. No sólo no quieren venir a declarar personalmente, sino que pretenden elegir las preguntas”, expresó Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada en febrero de 2006, refiriéndose a la postura de José Alperovich y Edmundo Jiménez. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los abogados defensores Cergio Morfil y Gustavo Carlino, conversan durante la audiencia. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Alperovich enfatizó que el representante del imputado Eduardo Di Lella, Gustavo Morales, realizó preguntas sobre “sus familiares, siendo un interrogatorio impertinente y pudiendo agravar el buen nombre y honor” de los integrantes del núcleo familiar. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los abogados querellantes Roberto Tejerizo y Emilio Mrad. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Hugo Rodríguez, acusado de partícipe necesario del encubrimiento, de falsificación de instrumento público y de falso testimonio, junto a su abogado Carlos Posse. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex secretario de Seguridad de la Provincia acusado de encubrimiento agravado, conversa con el abogado defensor, José Luis Chaván. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex jefe de Policía durante el gobierno de José Alperovich, Hugo Sánchez, imputado por encubrimiento real. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex policía de Raco, Hugo Rodríguez, imputado de ser partícipe necesario del encubrimiento y de la falsificación de Instrumento Público y autor de falso testimonio. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, imputado por encubrimiento real, junto a su abogado, Cergio Morfil. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Roberto Luis Gómez, acusado de la privación ilegítima de la libertad de Paulina seguida de su homicidio. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex sub jefe de Policía durante el gobierno de José Alperovich, Nicolás Barrera, está, imputado por encubrimiento real. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
José Luis Gómez, de 68 años, padre del acusado Roberto, negó la titularidad y tenencia de un número de teléfono móvil. Aunque, de acuerdo con la posición del Ministerio Público, “esa línea sí fue utilizada en 2006” y estuvo a nombre de este testigo. “Hubo comunicaciones con Sergio Kaleñuk, a quien dijo no conocer, y otros contactos sospechosos”, agregó. Kaleñuk ha sido una de las personas nombradas en uno de los móviles investigados: “los hijos del poder”. Su padre, Alberto Kaleñuk, fue el secretario privado del ex gobernador José Alperovich e integró Gendarmería Nacional. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Roberto Luis Gómez, acusado de la privación ilegítima de la libertad de Paulina seguida de su homicidio. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los defensores de Roberto Gómez, Macario Santamarina y Guillermo Villalba, escuchan el testimonio del padre de su defendido. Villalba destacó que el padre del imputado había relatado ante la Sala III que el día de la desaparición de la estudiante universitaria hubo una fiesta familiar para celebrar el cumpleaños de la “abuela materna de Roberto, en la localidad de San Andrés”, con el fin de sostener la inocencia de su patrocinador.Y continuó: “el celular de Paulina nunca fue peritado, ya que no fue encontrado. El IMEI del teléfono apareció después, con los números aportados por el fiscal Diego López Ávila. Hemos ofrecido un testigo calificado, un perito que explicará por qué el IMEI que era de Paulina apareció en el celular que tenía entonces Roberto Gómez”, manifestó el abogado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Llamó mucho la atención el requerimiento de un informe judicial, que contendría un análisis de las pruebas y los procedimientos que se habían efectuado para hallar al autor del homicidio de la joven. Según la querella, este estudio podría reafirmar irregularidades. El ex jefe de homicidios, Hugo Cabezas, quien se presentó ante el Tribunal como testigo, confirmó la elaboración de ese estudio por pedido de Albaca. “Un fiscal como Albaca, acusado de encubrimiento y otros delitos, después de siete años pidió a la División Homicidios que haga un análisis de un expediente que no había tenido ningún tipo de movimiento hasta ese momento. El mismo fiscal se dedicó a mandar oficios con falsas numeraciones de IMEI de teléfonos que debía investigar, o no realizó las pericias técnicas necesarias en la causa y en el tiempo útil para el esclarecimiento de los hechos”, enfatizó el representante de la familia Lebbos, Emilio Mrad. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Alberto Lebbos, padre de Paulina y querellante, junto a su abogado Emilio Mrad y el fiscal Diego López Ávila, quien manifestó: “Entendemos que este es un camino para tratar de demostrar la hipótesis del Ministerio Público, que Roberto Gómez y alguien más, posiblemente dos o más personas, participaron en el homicidio de Paulina Alejandra Lebbos. Tengo mis sospechas y este plenario (por el juicio oral), que tiene una amplia discusión, nos permitirá llegar a la verdad”. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El representante del Ministerio Público Fiscal, Carlos Sale. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Los ex policías acusados de encubrimiento agravado, Nicolás Barrera, Héctor Brito y Hugo Sánchez. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Nicolás Barrera y Héctor Brito, acusados de encubrimiento. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex Secretario de Seguridad de la Provincia durante el gobierno de José Alperovich, Eduardo Di Lella, acusado de encubrimiento agravado. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El policía Gustavo Orellana, aseguró en su declaración que vio a Hugo Cabezas en el en lugar del hallazgo los días 11 y 12 de marzo de 2006. Sin embargo, el ex jefe de homicidios, lo negó durante el careo. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía y, Hugo Sánchez, ex jefe de Policía, se saludan al concluir una de las audiencias. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Comenzó a declarar Claudio Nieva, quien en el año 2006 era remisero y realizaba viajes desde San Miguel de Tucumán hasta Raco. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Después de varios planteos por la demora en la implementación del Programa de Protección de Testigos de la provincia, la secretaria de Derechos Humanos, Érica Brunotto, recibió un llamado de atención del Tribunal y las quejas de algunas partes intervinientes en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos y su posterior encubrimiento, a raíz del incumplimiento en uno de los casos urgentes. “El 3 de marzo se libró un oficio a los efectos de que se implemente el plan, no tan sólo referido a la custodia, que es lo más fácil de establecer.
Claudio Nieva no reconoció los logos de remiserías que constan en el expediente de la causa. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Brunotto respondió a los jueces que Cruz contaba ya con custodia de la Policía. El plan provincial contempla, además, una cobertura laboral, sea la designación de un puesto de trabajo o el beneficio de los planes sociales estatales. “Esto no se puede conseguir ahora. La Secretaría sí le dará un subsidio económico. (La demora) tuvo que ver con una cuestión administrativa, pero está subsanada. El plazo que yo había pedido en la nota (enviada a la Fiscalía) tenía que ver con poder implementar efectivamente el subsidio para la señora, y con falta de precisión de la duración de esa cobertura”, expresó la funcionaria, quien enfatizó que la ayuda estará disponible esta semana y que el programa se implementa de manera efectiva, con presupuesto asignado. “Cualquier juzgado puede requerir protección para un testigo de cualquier causa de la provincia”, indicó. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Alberto Lebbos enseña a los abogados de La Provincia, Carlos Parajón Ferullo y Cecilia Vaccaro, que la Ley de Protección de Testigos, fue sancionada en 2006 por la Legislatura y reglamentada en 2016. “Estamos en presencia de una gravísima falta de respeto que recibieron el Tribunal, las víctimas del delito y todo el pueblo tucumano. El Poder Ejecutivo le debe pedir la renuncia Brunotto. Ha mentido al decir que hay presupuesto para implementar el programa”, remarcó Lebbos. “El Gobierno nunca le asignó ni un peso a este programa porque no le interesa proteger a los testigos ni la seguridad del pueblo tucumano”. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
“Este Tribunal tiene facultades para dictar la prisión preventiva durante el juicio. En esta etapa se constataron las situaciones presentadas (por las acusaciones). No es cierto que esto signifique la restricción de la defensa del acusado, ni que se haya limitado la posibilidad de recurrir, como insinúa la defensa técnica cuando se refiere a los requisitos, procedimientos y las autoridades competentes (competencia)”, explicó Carlos Caramuti, presidente de la Sala II. En definitiva, el Tribunal consideró que el pedido de Chaván no aportaba nuevos datos para conceder la liberación de Sánchez. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
El ex subjefe de Policía Nicolás Barrera, conversa con su abogado Gustavo Carlino. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Guillermo Arturo Polli ex chofer de Hugo Sánchez, afirmó que el día de la desaparición de la joven había trasladado al funcionario hasta la localidad de Raco para participar en un “evento social” . “Dijo que se enteró de la desaparición de Paulina por lo medios muchísimo tiempo después (...) Creo que a este hombre lo prepararon de tal forma que le hace difícil sostener una mentira. Creo que ni siquiera conoce Raco, por las referencias que ha dado”, expresó Alberto Lebbos, padre de la víctima. “También contó que llevó a Sánchez y que iba cantando con su mujer y su hija. Además, dijo que nunca escuchó al jefe de Policía dar órdenes o preguntar (sobre casos delictivos). Ha dicho que no había escuchado conversaciones dentro de la camioneta en la que transportaba al jefe”, añadió. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Con el paso de la declaración de Polli, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella hicieron preguntas al testigo para obtener descripciones precisas, como el tiempo que le habría llevado el traslado, la llegada a Raco y las ubicaciones de la comisaría y del club, además de las características de la sede, entre otras, y sabiendo que la organización de esa velada había sido el argumento de defensa, tanto de Sánchez como de Di Lella, para rechazar la hipótesis de un encuentro entre las autoridades del área de seguridad de la provincia, con relación al asesinato de Paulina, ese domingo 26 de febrero.Las miembros de la Sala III, Dante Ibáñez (presidente), Carlos Caramuti y Rafael Macoritto, también insistieron en algunas consultas para clarificar partes de la descripción del testigo. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Guillermo Arturo Polli, ex chofer de Hugo Sánchez , afirmó que vio la camioneta del ex subjefe de Policía Nicolás Barrera y a sus choferes, en la supuesta reunión social de Raco. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Las partes del juicio Paulina Lebbos argumentaron su pedido en las inconsistencias de datos del declarante. En uno de los recesos, Gustavo Morales (foto), defensor del ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, advirtió al otro acusado Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía, sobre las insistentes preguntas que le realizaba el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), Diego López Ávila, a Polli. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
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