Por Gustavo Rodríguez
21 Abril 2019
Legislatura provincial ARCHIVO LA GACETA
Deténgase en cualquier calle fuera del microcentro. Observe a las personas que esperan cruzar una arteria; las que aguardan el colectivo en las paradas; las que caminan lentamente por las veredas; o los que se detuvieron en un semáforo cuando sienten el ruido de una moto. Descubrirá que la gran mayoría, si no todos, reaccionan instintivamente y protegen sus bienes. Esa es la repuesta a los incesantes ataques de motochorros. Es un problema al que no se le encuentra, por el momento, solución, pese a que en la Legislatura hay más de seis proyectos que nunca se analizaron y hasta perdieron estado parlamentario.
En el informe que el ministro de Seguridad, Claudio Maley, envió a los legisladores integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia en Seguridad se descubre que entre el 11 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de este año, en nuestra provincia se denunciaron 403 ataques de motochorros. Con los guarismos recolectados desde el 1 de agosto al 1 de diciembre de 2018, se dio cuenta de 402 casos. Esas cifras son superiores a la medición de seis meses (del 1 de enero al 30 de junio de 2018) cuando se registraron 397 hechos.
En estos informes sólo están discriminados los motoarrebatos y los robos pirañas de moto como delitos cometidos por estas personas. No están contemplados, por ejemplo, los asaltos a comercios y a personas cometidos por delincuentes que utilizan rodados por delinquir. Además, en los dos últimos trabajos que abarcan casi ocho meses, no se detallan casos de “rompevidrios”, cuando varias víctimas reconocieron públicamente que sí hicieron las denuncias.
“Toda herramienta que ayude a la prevención será bien recibida. Pero tenemos que coordinar el trabajo para que los responsables de tránsito de todos los municipios también realicen controles”, aseguró Maley. “Pero esta no debe ser una razón para que se generen peleas, sino para buscar una solución. También se debe contemplar el trabajo con los niños con Educación Vial”, agregó.
El principio del fin
Paul Hofer comenzó a despedirse como secretario de Seguridad en febrero de 2017, cuando les pidió a los legisladores que analizaran la sanción de una ley para que la Policía pudiera prevenir a los motochorros. Entre otros puntos, solicitaba una norma para que los ocupantes llevaran chalecos reflectivos donde tengan el dominio inscripto, restricción para que circulen dos mayores de edad determinadas zonas y horarios y la prohibición de venta de combustible a los motociclistas que no circulen en regla, entre otras medidas. “Creíamos que podría ser una herramienta para frenar la notoria crecida de delitos cometidos por estas personas. Buscábamos una solución a un problema que estaba creciendo en esos momentos”, explicó el ex funcionario.
Hofer desconocía que en la Legislatura ya existían proyectos similares. Pero jamás se imaginó que, dos años después, diputados de Buenos Aires aprobarían por mayoría una norma similar a la que él había sugerido sancionar.
“Nuestra problemática es muy similar a la de Tucumán y teníamos que buscar los mecanismos necesarios para contrarrestar esta modalidad delictiva. Y creemos que esta norma será muy útil”, dijo Vicente Ventura Barreiro, viceministro de Seguridad de Buenos Aires que visitó la provincia.
Los proyectos presentados hace cuatro años por los legisladores Marcelo Caponio y Claudio Viña eran similares a los del ex secretario de Seguridad. El oficialista lo retiró cuando se produjo la polémica y prefirió no opinar sobre el tema. El del legislador de Nueva Fuerza, por no haberse tratado en tiempo y forma, perdió estado parlamentario.
“La ausencia de controles sobre las motos, salvo algunos esporádicos retenes de la Policía, son caldo de cultivo para que el motoarrebato, los ‘rompevidrios’ y el infernal mercado de motos robadas sean moneda corriente en la provincia”, explicó Viña. “Se tiene que tomar una decisión drástica para desalentar al delincuente a seguir robando y matando”, agregó.
La otra cara
El radical Fernando Valdez reconoció que esos temas no se trataron porque la Comisión de Seguridad no se reúne desde hace varios meses. Además, agregó: “también considero que es una situación crítica que debe tratarse. En la provincia hay unas 500.000 motos, pero no todos los que circulan son delincuentes”.
“Creo que hay que entender que circular de manera irregular es una infracción, no un delito. La Policía debería preocuparse más en acabar con el mercado negro de todo tipo para lograr reducir este delito. Pero es muy importante que se busque una solución”, indicó el legislador.
El oficialista Javier Pucharras, que preside la Comisión de Seguridad, resumió que los proyectos son muy difíciles de tratar. “Mantuvimos reuniones con el grupo de motoqueros para analizar el uso del chaleco. Sólo escuchamos reclamos de que sería una norma que los estigmatizaría. Los empresarios del sector también rechazaron la posibilidad de negar a vender combustibles a los que no cumplan las normas. Es muy complicado avanzar con este tipo de norma”, indicó.
“Soy un convencido -agregó- que no hace falta que se dicten más leyes, sino que se controle su cumplimiento. Pero esta debe ser una tarea de todo el Estado en conjunto. La provincia y los municipios deben trabajar de manera conjunta”, concluyó.
Hace más de dos años que en la Legislatura funciona la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia de Seguridad. De ese cuerpo, en el que están representados los tres poderes del Estado, tampoco surgió ni una idea para combatir a los motochorros. Tampoco fue tratado el proyecto presentado por su presidente, Julio Silman.
Sí se aprobó lo que mediáticamente se conoció como Ley de Motochorros. Propuesta por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, se suponía que serviría para combatir con los arrebatos, los rompevidrios y los escruches. Pero, tras más de un año de aplicación, los resultados no fueron satisfactorios, puesto que los índices de estos delitos no sólo no bajaron, sino que se incrementaron.
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