27 Diciembre 2019
ACUSADO. El senador Alperovich fue licenciado en el Congreso por seis meses, mientras la Justicia lo investiga. la gaceta / foto de Analía Jaramillo (archivo)
Un mes y cinco días después de que ingresaron las denuncias tanto en la Justicia tucumana como en los tribunales porteños, un juez ordenó las primeras medidas en la investigación jurisdiccional abierta contra el senador José Alperovich por abuso sexual, formulada por la ex secretaria y sobrina.
El juez en lo Criminal y Correccional número 35 porteño, Osvaldo Rappa, ordenó que se realice una pericia psicológica a la víctima y requirió una inspección en el departamento de Puerto Madero en el que habrían ocurrido algunos de los hechos denunciados en la presentación realizada en Buenos Aires.
Fuentes judiciales explicaron a LA GACETA que el objetivo de la pericia solicitada busca determinar la existencia de síndrome de estrés post traumático producido por violencia sexual, una prueba clave para el esclarecimiento de la causa, considerando que los hechos denunciados ocurrieron entre diciembre de 2017 y mayo de este año, cuando la denunciante se desempeñó como colaboradora del senador y ex candidato a gobernador provincial.
Mariano Cúneo Libarona, abogado de Alperovich para la causa porteña, expresó lacónicamente a este diario que las medidas ordenadas por Rappa a comienzos de esta semana fueron las que había solicitado.
Trascendió que fiscal de instrucción porteño Santiago Vismara y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, presentarían un escrito respecto a determinados puntos de la pericia para evitar la revictimización de la denunciante, porque se trata de una investigación de un delito contra la integridad sexual.
Vismara tildó como “positivo” que se comience a investigar al ex gobernador ya que si bien la competencia judicial de la causa no está definida, “eso no invalida que se comiencen a colectar pruebas”, dijo el funcionario.
Respecto a la prueba solicitada, el fiscal consideró que está orientada a “determinar el estrés postraumático con el que convive”. “Estas medidas son positivas. Junto a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) también pedimos la declaración testimonial de varias personas, que aún no fueron ordenadas por el juez”, señaló Vismara.
El abogado de la denunciante, Ricardo Santoro, y el equipo técnico que la acompaña, aclararon que no realizarían declaraciones. Expresaron que la joven de 29 años se encuentra a disposición de la Justicia y que mantiene la custodia de la Policía Federal, como había solicitado cuando presentó las denuncias.
Competencia
Las medidas ordenadas por Rappa se producen a la quinta semana de realizadas las denuncias, a la espera de la definición de la competencia. Es decir, conocer qué despacho avanzará con la investigación jurisdiccional -cuando el investigado tiene fueros y el fiscal delega la instrucción a un juez-.
Hace una semana, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decidió que se investigara en Buenos Aires, rechazando la declaración de incompetencia de Rappa. Por el criterio de economía procesal, los hechos denunciados tanto en Tucumán como en Buenos Aires deben ser investigados por un solo juez.
En los Tribunales tucumanos, el juez de Instrucción N° 2 Facundo Maggio había decretado que a su criterio correspondía la unificación de los expedientes en la ciudad de Buenos Aires, por lo que se declaró incompetente para avanzar con el proceso local.
La defensa de Alperovich apeló la decisión de Maggio y ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones de Tucumán. Si ese estrado no acuerda con el criterio de la Cámara Nacional, “deberá ser resuelto en la Corte Suprema”, había explicado Vismara.
La denunciante había presentado las denuncias en Tucumán y Buenos Aires el 22 de noviembre. En las dos semanas siguientes ratificó y amplió las acusaciones. Alperovich, en tanto, fue licenciado en el Senado por seis meses.
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