El caso repercute en un juicio de acceso a los datos públicos

Recusación en la Corte.

04 Septiembre 2020

El constitucionalista Luis Iriarte ha solicitado formalmente que el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, se aparte de la acción de amparo que promovió contra la Legislatura de Tucumán para que dé a conocer su nómina detallada de personal. Iriarte promovió la recusación con causa de Leiva a partir de la publicación en LA GACETA de la denuncia del juez de Impugnación de la capital, Enrique Pedicone, en la que acusa al integrante del alto tribunal de la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, coacción y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pedicone dijo que grabó a Leiva cuando él le pedía, invocando al gobernador Juan Manzur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo, que “manejara la intensidad” de la causa contra Ricardo Bussi por presunto abuso sexual y corrupción, de acuerdo con lo funcional que fuese el legislador opositor con el oficialismo.

Según el constitucionalista, considerando “la gravedad de los hechos” que menciona la denuncia, “se dan todas las condiciones para considerar que el vocal Leiva no es el juez independiente e imparcial que exige la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”. Iriarte citó en particular la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que la imparcialidad es una garantía fundamental del debido proceso. Y añadió que bastaba la sospecha de que Leiva no iba a ser independiente para que su impugnación prosperara.

El letrado promueve ante la Corte Suprema provincial un amparo para que se haga público el listado de empleados del Poder Legislativo, tal y como -argumenta- ocurre con el Congreso de la Nación. “Peticiono que el alto tribunal, en su sentencia, ordene al vicegobernador Osvaldo Jaldo a publicar en la web de la Legislatura, con carácter permanente y actualizada hasta junio, la nómina completa de los empleados permanentes o transitorios de cada bloque legislativo y de cada legislador, especificando sus documentos de identidad y monto mensual percibido, desde 2015”, definió en la demanda que presentó este año.

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