Según Jaldo, “grave” es liberar a 104 presos

“El reclamo por el que el Colegio de Abogados considera que se vive una grave afectación a la institucionalidad de la provincia no se condice con la extrema gravedad que esta Legislatura viene atendiendo desde junio, cuando por unanimidad, mediante la resolución 45/2020, solicitó al Poder Judicial ‘un informe pormenorizado de las personas que se encontraban privadas de su libertad el 1 de marzo y que hubiesen recuperado su libertad por disposición judicial desde el 17 de marzo’”. En estos términos, el vicegobernador Osvaldo Jaldo rechazó “la imputación de una pretendida intromisión de este Poder Legislativo en las competencias de los otros poderes”.

La entidad profesional alertó “con extrema alarma la existencia de conductas que interfieren gravemente con la institucionalidad provincial y el sistema republicano de división de poderes”. Entre esas acciones, objetó que la Legislatura haya solicitado un centenar de fallos del ex camarista Enrique Pedicone mediante los cuales, según el vocal Daniel Leiva, el juez cesó la prisión preventiva de procesados por delitos graves. El ente colegiado también le reprochó a Jaldo que demandara “públicamente ciertas actitudes” del ex camarista. La semana pasada, el titular de la Legislatura le “exigió” a Pedicone que presentara en la Justicia las pruebas de su denuncia contra Leiva, a quien acusa de haberle pedido que “maneje la intensidad” de una causa contra el legislador Ricardo Bussi.

“La confirmación de la liberación de 104 detenidos, ordenadas por Pedicone, fue informada a esta Legislatura el 4 de septiembre y dada a conocer a la prensa para poner en contexto la denuncia que el camarista desautorizado por la Corte realizó en estos días”, consignó Jaldo en su respuesta escrita. La expresión “desautorizado” refiere al apercibimiento que la Corte (con el voto de Leiva, Eleonora Rodríguez Campos y Antonio Estofán; y disidencia de Claudia Sbdar y Daniel Posse) le aplicara a Pedicone por haber actuado sin competencia (según la sanción) en la causa del Bar y Billares Punto y Banca, clausurado por infringir el distanciamiento social.

“Esa es la verdadera gravedad institucional que debe preocupar a la sociedad tucumana y en particular al Colegio de Abogados, del que -como exige su ley de creación N° 5.233- se espera un aporte propositivo al orden público y a la vigencia del estado de derecho, son calificaciones alarmistas e inquietantes”, manifestó.