Verdades y mentiras de la puerta giratoria

“No queremos más complicidad de la Policía; no queremos una puerta giratoria para delincuentes que puedan pagar fianzas millonarias, dinero que nosotros no tenemos pero que ellos sí. Queremos una Policía que nos cuide cuando salgamos a trabajar, y no una que nos avergüence”. Rocío Dominé, sobrina de Ana Dominé, la empresaria asesinada.

Como un vórtice de miedo y enojo, la tragedia de Ana Dominé está llevando al centro del problema de la inseguridad a jueces, fiscales, policías y funcionarios. También la indiferencia social. Este drama “nos interpela a cada uno de nosotros”, dice Patricio Char, abogado de la familia Dominé. ¿Qué conclusión saldrá de este torbellino? ¿Realmente es un “punto de inflexión” y habrá un antes y un después, como promete el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, quien dio la cara por el Gobierno? A medida que se apacigüen las angustias, con el procesamiento a la banda acusada del crimen se podrá tener una idea de la capacidad del hartazgo social para generar cambios. Ya ocurrió hace dos meses con la tragedia de “Pepe” Porcel, que dio lugar a promesas y movimientos de policías, pero la dura realidad -hay un homicidio cada dos o tres días- mostró que era pura hojarasca.

Ahora el debate está centrado en la puerta giratoria. Expresión que pega fuerte con cada episodio de violencia y que los mismos funcionarios usan para echar una carrada de responsabilidades a la Justicia por soltar a los presos. Pero no sabemos si los 1.300 detenidos que están encerrados en las cárceles y los 830 que están hacinados en las comisarías son los que entran y salen por la puerta giratoria. Porque ya en el sistema penitenciario no cabe ni uno más. Lo planteó hace una semana el Departamento Judicial de la Policía en nota al Ministerio Fiscal, informando que no había lugar para nadie más y que no podían mover a los que estaban alojados en distintas dependencias, porque ya hubo casos de covid y hacerlos circular era riesgoso.

Ciertamente, por ahí no pasa lo de la puerta giratoria, sino por la trágica lentitud del sistema judicial que ha estirado hasta la exasperación los casos. Char contó en el ciclo “Panorama tucumano” que hace unos días se llevó a cabo una audiencia por un caso de homicidio de 2003 – “el acusado ya debe ser abuelo”- dijo. Esa horrorosa lentitud, reconocida por todos los actores del sistema, quedó expuesta como en un espejo deformante en el caso de los jueces de la Sala II, que llevaron a cabo el juicio por la desaparición y el homicidio de Paulina Lebbos. Por un lado dieron una respuesta contundente y esperanzadora a la sociedad para llevar adelante un proceso que había sido demorado 13 años –hasta el momento del juicio- y por otra parte quedaron expuestos por ignorar el juicio contra “Hormiga” Quiroga, uno de los acusados del crimen de Ana Dominé, que esperaba ir al banquillo por un asesinato de 2014. Esos jueces, que procuran escapar al escrutinio público amparándose en que hablan por sus sentencias, ahora han sido denunciados por el abogado Gustavo Morales por esa contribución al funcionamiento de la puerta giratoria.

Ahí radica un conflicto: ya no se trata de que los policías hagan mal las cosas o que las muletillas procesales hayan estirado las causas sine die, sino de que evidentemente el sistema se volvió obsoleto porque pocos se preocuparon por ver por qué funcionaba mal y qué había que hacer. Se conformaron con esperar la reforma del Código Procesal Penal, que vino a los ponchazos desde 2012; y el cambio, después de prórrogas de urgencia, les llegó brutalmente. El informe de agosto, previo al lanzamiento del CPP, fue demoledor: el sistema “conclusional” deberá resolver 40.000 causas pendientes en tres años, entre ellas 360 por homicidio, 900 por abuso sexual y 7.000 por robo (en su mayoría). Los responsables de las salas conclusionales no creen que vayan a poder hacer dos sentencias diarias hasta 2023. O sea, la horrorosa lentitud se mantendrá porque no se pensó en qué se necesita para agilizar esos procesos de arrastre. Algunos de ellos saltaron de vez en cuando a la luz pública, como el escándalo de los expedientes contra políticos, cajoneados en el juzgado de Instrucción V, y volvieron a perderse tras la polvareda mediática.

La pregunta es si el nuevo sistema, elogiado por la celeridad con la que las audiencias orales permitirán resolver los crímenes, será efectivo realmente, siendo que los actores son los mismos que amasaron el ahora fracasado Código Procesal de 1991. Nada sabemos de los resultados de la prueba piloto del Centro Judicial de Concepción, que viene batallando desde hace un año y medio con el nuevo Código. ¿Ha servido, no ya para bajar la inseguridad, sino, por lo menos, para dar alivio rápido a las víctimas? No hay estadísticas ni un observatorio independiente que lo analice. Por otra parte, con el caso Dominé se están viendo las carencias de tecnología y de recursos para investigar con el nuevo código.

En el tránsito entre ambos sistemas está el escándalo de la supuesta liberación de presos. ¿Son 104 (o 107) largados a la calle durante la pandemia, como acusan el vocal de la Corte, Daniel Leiva, y la Legislatura oficialista, al ex camarista Enrique Pedicone? ¿Son 235 casos, como informó la Corte Suprema a la Legislatura, de los cuales Pedicone dice que su responsabilidad es por seis? “¿Quién liberó a los otros?”, preguntó, ¿Todos son parte de un agujero negro de la impunidad, como teme Vargas Aignasse, que pidió a la Corte el dato de las causas del fuero conclusional?

“¿Hay una puerta giratoria en la Justicia?”, le preguntaron al abogado Char en “Panorama Tucumano”. Y él no recurrió a estadísticas sino al caso concreto de “Hormiga” Quiroga, acusado de homicidio que entró y salió de los calabozos hasta que llegó el crimen de Ana Dominé. “Hay una responsabilidad en no expedirse en tiempo y forma”, dijo.

Los funcionarios quieren culpar a la justicia lenta. Los jueces, incluso los denunciados, se quedan callados, porque los casos los interpelan. Con la sola excepción de Mario Velázquez, titular del Centro Judicial de Monteros, que exhibe un funcionamiento ejemplar en su juzgado. Él recordó que funcionarios, legisladores, jueces y fiscales aprobaron un sistema que prevé la investigación de actos ilícitos con los acusados en libertad (con excepción de casos específicos) hasta que lleguen la condena o la absolución. Un gran problema en una sociedad violentada es elegir un sistema que prevé el procesamiento en libertad y al mismo tiempo promover el punitivismo, tener las cárceles abarrotadas de gente y buscar culpables porque eso no detiene la violencia en las calles. “La seguridad es responsabilidad del Gobierno”, lanzó Velázquez.

En “Panorama tucumano”, Vargas Aignasse, portavoz del Gobierno, prometió inversión ($ 900 millones) en cámaras de seguridad, autos, policías y edificación carcelaria. El experto en seguridad Federico Pelli le contestó que “es una lástima que el Gobierno actúe ante la presión social cuando debería hacerlo por default”, con un programa a 20 años, atendiendo los tres ejes: policía, justicia y cárceles. Ante el argumento de Vargas Aignasse de que las medidas propuestas surgen de la urgencia por llevar soluciones a la gente, Char le contestó que hacer más cárceles “es una vacuna para hoy”.

El debate fue sustancial y debería extenderse. ¿Qué nos depara el futuro? Cuando baje la polvareda de la conmoción de hoy y se conozcan las cifras reales de presos liberados y las razones de jueces y de policías, ¿habrá quien pueda analizar con imparcialidad la efectividad de las políticas públicas de seguridad? Hasta ahora el Gobierno y la Justicia son absolutamente opacos; sólo ellos se analizan, hasta que llegan los escándalos y quedan en el ojo de la tormenta. Pero nada cambia.

Acaso la tragedia de Ana Dominé realmente nos interpele como sociedad y nos movilice hacia una sociedad menos violenta.