Los tres caminos que puede recorrer la reforma previsional en la Cámara Baja

Primera hipótesis: el proyecto es rechazado

Para el tratamiento de este proyecto, Diputados actúa como cámara revisora del texto aprobado por el Senado. El Frente de Todos tiene 119 legisladores en la Cámara Baja y necesita 128 para conseguir la sanción de la norma. En ocasiones anteriores (durante la votación de la Ley de Solidaridad, por ejemplo), consiguió el apoyo de diputados del peronismo no kirchnerista (como la tucumana Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social) y logró la mayoría.

Ahora, sin embargo, los tres integrantes del bloque de Consenso Federal ya anticiparon que rechazarán la iniciativa, mientras que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no publicitó su posición. En el Parlamento dan por descontado que el interbloque de Juntos por el Cambio votará en contra; en consecuencia, el proyecto tambalearía si los cuatro diputados de Schiaretti lo desestimaran y fracasaría si también lo desechara otra parte de la oposición no alineada con el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica.

Si finalmente la mayoría le bajara el pulgar a la nueva fórmula de movilidad, el tema no podría ser discutido en el Congreso durante un año. Además, en marzo la Anses debería actualizar las jubilaciones de acuerdo con la Ley 27.426, hoy suspendida. LA GACETA utilizó la inflación proyectada en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central y la variación que experimentó el índice de salarios del Indec entre junio y septiembre para calcular cuánto arrojaría, en el primer trimestre del año que viene, la fórmula interrumpida.

El resultado (preliminar, como los datos) es que las jubilaciones subirían 10,6 %. El número estaría por debajo de la inflación acumulada en los tres primeros meses de 2021, que según el REM de noviembre treparía al 12,4 %.

Segunda hipótesis:  el proyecto es aprobado y promulgado

Máximo Kirchner y Sergio Massa han trabajado para atraer a algunos diputados de la oposición y lograr la mitad más uno de los votos. De hecho, el miércoles pasado, después de que el proyecto obtuviera dictamen de mayoría, el sitio oficial de la Cámara Baja dio casi por descontada su aprobación. “Se espera que la iniciativa se convierta en ley la semana próxima”, pronosticó el redactor del comunicado de prensa.

En el caso de que la reforma previsional fuese aprobada y enviada a la Casa Rosada, el presidente podría promulgarla sin cambios o vetarla total o parcialmente. La ley que recibiría Alberto Fernández no sería idéntica a la que él envió al Senado, sino que tendría varias modificaciones: la Cámara Alta cambió la periodicidad de las actualizaciones (serían trimestrales en lugar de semestrales), eliminó la cláusula que tomaba a cuenta del aumento de marzo el 5 % otorgado en diciembre y agregó a la fórmula el índice de salarios del Indec (se lo compararía con la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, Ripte, y se usaría el que diera más alto).

Si Fernández aprobara la ley tal como salió del Senado, en marzo la Anses debería utilizar el cálculo para subir las jubilaciones establecido por la cámara que preside Cristina Fernández. En base a los dos últimos boletines anuales de Seguridad Social de la AFIP y el indicador salarial del Indec, este diario estimó (siempre de manera provisoria) que ese aumento trimestral llegaría al 7,8%. En este caso, el haber mínimo pasaría de los $ 19.035 actuales a cerca de $ 20.390 (en cambio, con la fórmula promulgada por Mauricio Macri en 2017, ascendería a $ 21.050).

Tercera hipótesis: el proyecto es aprobado pero vetado

La reforma previsional original, que llevaba las firmas de los ministros de Economía, Martín Guzmán, y Trabajo, Claudio Moroni, contenía una introducción orientada a argumentar que “la fórmula de movilidad debe ser leída como parte del programa macroeconómico para la reconstrucción argentina y no como una medida aislada de su contexto social, económico y político, y que (...) precisamente por ello requiere de una alta dosis de responsabilidad para no volver a caer en profundas decepciones”.

Pero las alteraciones que introdujeron los senadores oficialistas afectarían aún más las cuentas rojas del sector público nacional. Martín Vauthier, economista de EcoGo consultado por Infobae, estimó que solo la eliminación del descuento de 5 % que Guzmán y Moroni habían previsto para marzo implica un crecimiento de 0,3 % en el déficit de ese mes. Por eso, aunque la ley fuera aprobada por la Cámara Baja, existiría la posibilidad de que el presidente la vetara para sostener la planificación de sus ministros.

En esta eventualidad, Fernández podría apelar a un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y prorrogar así su facultad de otorgar con discrecionalidad los aumentos de las jubilaciones y pensiones. Ya recurrió a este instrumento en junio, cuando extendió por seis meses el poder que le había otorgado la Ley de Solidaridad. En esa ocasión, el Ejecutivo sostuvo que por “la realidad impuesta por la pandemia mundial del covid-19, resulta absolutamente imposible (...) determinar, a priori, pautas serias para fundamentar técnica, económica y políticamente los ajustes trimestrales”.

En su artículo 83, la Constitución Nacional norma que si el Gobierno desecha un proyecto aprobado por el Congreso, este luego necesita reunir los dos tercios de de los miembros de ambas cámaras para forzar su promulgación. Con las composiciones actuales del Senado y Diputados, el kirchnerismo legislativo no puede llegar sumar ese número de legisladores sin la ayuda de Juntos por el Cambio.