El arranque del año ha sido el escenario esperado por Juan Manzur. Detrás del escenario, comanda una liga de gobernadores del Norte Grande que demanda definiciones a la Casa Rosada. Ha viajado tantas veces a Buenos Aires a capitalizar, en obras, el apoyo político que le viene dando al presidente Alberto Fernández, incluso antes de ser electo. En el entorno del mandatario señalan que hay que dar dos vueltas al mundo para poder igualar la cantidad de millas aéreas que acumuló Manzur en los cinco años de gestión. No parece una exageración.

Además de las cuestiones institucionales, el gobernador no le pierde pisada a las internas que se están registrando en la oposición local. Al celular del titular del Poder Ejecutivo llegan varias encuestas sobre posicionamientos de dirigentes con vistas a las próximas elecciones. Los escenarios posibles son múltiples a la hora de evaluar cómo será la pelea electoral de octubre. La lógica justicialista indica que José Cano es número puesto para encabezar la nómina de postulantes a senador de Juntos por el Cambio y que Silvia Elías de Pérez puede estar al frente de la oferta de candidatos a diputados por ese espacio. El otro escenario es más cambiante y dependerá de la osadía de los díscolos (tal como se los menciona en la Casa de Gobierno). Los intendentes Mariano Campero (Yerba Buena) y Roberto Sánchez (Concepción) le están generando múltiples dolores de cabeza a la dirigencia orgánica del espacio opositor. A eso se suma la misteriosa jugada preelectoral del intendente capitalino Germán Alfaro, que hasta ahora no ha dado señales acerca del rol que tendrá el Partido por la Justicia Social en las próximas elecciones. Hay un común denominador en estos tres espacios que, históricamente, han formado parte de la coalición opositora a la Casa de Gobierno: Horacio Rodríguez Larreta. Todos ellos, por separado, hablan vía videoconferencia con el jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No es un dato menor. Cada uno de los espacios en pugna en Juntos por el Cambio quieren traerlo al alcalde porteño a Tucumán, con el fin de lograr una bendición política del dirigente opositor con mejor imagen en el país.

Más allá de eso, el oficialismo tucumano saca la calculadora y apela a un clásico en tiempos de elecciones para captar el voto: los anuncios de obras públicas. Apenas pasaron las festividades de los Reyes Magos, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, vino a la provincia para renovar el anuncio de una inversión global de $ 25.000 millones (equivalente al 10% del presupuesto provincial) en trabajos camineros, en plantas de tratamiento y en cloacas en distintos municipios.

Luego fue el turno del titular de Educación, Nicolás Trotta, que, en su paso por Tucumán, indicó que esa área del Poder Ejecutivo nacional proyecta la ejecución de obras de infraestructura escolar por $ 2.700 millones. A fines de la semana pasada, tras reunirse en Buenos Aires con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, Manzur anunció la ejecución de 3.600 viviendas con una inversión estimada en $ 14.700 millones.

La gira del gobernador por las oficinas de la Casa Rosada continuarán hoy. El mandatario solicitará formalmente que la Nación financie la construcción del Hospital Regional Alderetes, un complejo que costaría cerca de $ 1.000 millones. Viajará junto con el intendente Aldo Salomón y con la ministra de Salud Rossana Chahla. En ese mismo vuelo también irá el intendente de Monteros (elegida Capital Alterna del país), Francisco Serra, que acompañará a Manzur para tramitar el financiamiento para la elaboración del proyecto ejecutivo de la Quebrada del Portugués, una vieja aspiración de varios gobernadores.

La expectativa está en que esos casi $ 50.000 millones de inversión nacional y externa se concreten hasta el final del mandato de Manzur, en 2023. La realidad, no obstante, indica que habrá que esperar el ritmo de ejecución de esas obras y que no se queden en meros anuncios. En el mientras tanto, al jefe del Ejecutivo le quedan algunas cuestiones que debe atender rápidamente para que no se profundice al crisis en la provincia. Una de ellas es la prórroga de la Ley de Biocombustibles. Sin eso, peligra el futuro de la actividad azucarera, que genera 30.000 puestos al año. La norma no fue incluida en el temario para las sesiones extraordinarias del Congreso. Hay una puja de intereses entre los gobernadores del norte (a los que se sumarían los de distritos productores de biodiesel) con los patagónicos y petroleros por aquella norma que brinda beneficios a la producción de bioetanol. La prórroga vence en mayo y podría ser zanjada por un decreto presidencial. Por las dudas, la Legislatura tucumana prevé convocar al cuerpo a una sesión extraordinaria para sancionar el pedido de insistencia de la prórroga de la Ley de Biocombustibles. Ese sería el tema central si van al recinto, porque la compra de otro avión para la provincia y el aumento de alícuotas para la intermediación financiera genera mucho ruido entre los legisladores, lo mismo que el pedido efectuado por el Ejecutivo en el Presupuesto para hacer uso del crédito que, inexorablemente, deberá ser avalado por la misma Cámara. Todo un mensaje, puertas adentro.

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