“Pedicone y Valladares tenían un trato normal”

El juez Eudoro Albo declaró bajo juramento y por escrito que su colega Enrique Pedicone y el secretario Fernando Valladares mantenían una relación corriente para las funciones de ambos. “Entiendo que era el trato normal de un magistrado jefe con el personal subalterno”, expresó Albo en las respuestas que remitió al Jurado de Enjuiciamiento que mañana comunicará si destituye o no a Pedicone. Zacarías Khoder, el legislador oficialista que lidera la acusación, sostuvo que está acreditado que el magistrado denunciado coaccionó a Valladares, como este dijo al desmentir el contenido de un acta que escribió y firmó, y que Pedicone presentó al momento de denunciar a Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Albo, único compañero de Pedicone en la ex Cámara de Apelaciones (se transformó en Tribunal de Impugnación cuando entró en vigor la reforma procesal penal), puso en tela de juicio la versión de la coacción. “No me consta”, contestó el magistrado, quien prefirió acogerse al beneficio de no declarar oralmente ante el Jurado. En la misma declaración, el magistrado afirmó que correspondía al secretario y al prosecretario, en su condición de fedatarios, controlar la identidad de las partes al momento del inicio de las audiencias ante la Cámara. Entre otros cargos, Khoder y la mayoría oficialista de Juicio Político reprochan a Pedicone haber celebrado un acto en ausencia de una de las partes. El juez añadió que las reglas vigentes al tiempo de realización de la audiencia en cuestión no preveían la participación de la víctima en los recursos de apelación de las prisiones preventivas.

En otro tramo de su exposición, Albo corroboró que había sido él quien sugirió la idea de incorporarse al staff de la miniferia de agosto con el objeto de finalizar la aplicación de las normas procesales anteriores con “carga cero”. El testigo agregó que citó al relator de Leiva encargado de implementar la reforma, Andrés Garmendia, y que este sugirió la presentación de la nota conjunta con Pedicone que la Corte terminó rechazando. La desestimación prosperó con los votos de los vocales Antonio Daniel Estofán, Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, y la disidencia de los vocales Claudia Sbdar (presidenta) y Daniel Posse, presidente del Jurado. La decisión en cuestión fue comunicada horas antes de que Pedicone celebrara una audiencia para controlar un procedimiento anti-covid-19 practicado por el fiscal Carlos Picón en el bar y billares Punto y Banca: el acto fue declarado estéril y las partes, entre ellos el hoy codefensor de Pedicone, Arnaldo Ahumada, terminaron sentadas en el pasillo de la Cámara puesto que les denegaron el acceso a la sala. Según Pedicone, la funcionaria Mariana Merletti le comunicó que clausuraba el recinto “por decisión de la Corte”.

Pedicone había requerido la investigación de este “bochorno institucional”. Pero, al analizar esa solicitud, la misma mayoría de la Corte que desestimó el pedido de incorporación de Pedicone y de Albo a la miniferia sancionó a este último por “actuar sin competencia” en los casos del bar y billares, y “Bravo”, donde un preso recuperó la libertad con la anuencia del fiscal Alejandro Noguera y la intervención del juez Juan Francisco Pisa. Según Khoder, estas circunstancias revelan que Pedicone “se siente por encima de la ley” y que la desconoce.

“Por medio de la nota del 12 de agosto dirigida a la presidenta (Sbdar), Pedicone y yo solicitamos la afectación de la Cámara de Apelaciones a la miniferia dispuesta a partir del 17 de agosto de 2020. La respuesta formal fue dada recién el 20 de agosto mediante la Acordada 730 que denegó la petición”, informó Albo.

En su alegato, el codefensor Ahumada expresó que el Ministerio Público Fiscal que encabeza Edmundo Jiménez “se movilizó” en la Corte para impedir la audiencia de control del proceder de Picón. “El fiscal incurrió en exacciones ilegales en Punto y Banca: esto es un delito. Exigía unos lavarropas para levantar la clausura, pero no pudieron ni siquiera presentar el acta. La realidad es que, después de este escándalo, se acabaron los procedimientos de la pandemia”, opinó el abogado, quien trabaja en este caso con su colega Fernanda Battig. Según la defensa, Pedicone es perseguido por el oficialismo por haber expuesto que Leiva le había solicitado que “maneje las intensidades” de un proceso contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana). Leiva, quien en sede penal tiene como defensor al letrado Esteban Jerez, negó los hechos, y sostuvo que el acta de Valladares y los audios que lo incriminaban eran falsos, y que era atacado por haber impedido a Pedicone actuar sin competencia.

Exclusión de la miniferia

La Corte local aún debe integrarse para resolver un planteo contra la acordada 730

Aún no está firme la Acordada 730 de la Corte de Tucumán que desestimó el pedido de los jueces Eudoro Albo y Enrique Pedicone para intervenir en la miniferia dispuesta en agosto para preparar la entrada en vigor de la reforma procesal penal. El alto tribunal debe constituirse para tratar una impugnación presentada por el abogado Gustavo Morales, defensor del imputado de “Bravo”, uno de los dos casos en los que intervino Pedicone “sin competencia”. La Corte dispuso el sorteo de un camarista para completarse, pero Morales indicó que falta resolver la recusación contra la vocal Eleonora Rodríguez Campos.

Juicio en la Corte nacional

Un abogado solicitó al máximo tribunal del país que restablezca la justicia en Tucumán

Federico Tulio Rengel, abogado del foro local, inició un juicio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el fin de que ese tribunal restituya la legalidad y la vigencia de la Constitución en el territorio de la provincia de Tucumán. Rengel demandó al Estado provincial; al gobernador Juan Manzur; al vicegobernador Osvaldo Jaldo; al vocal Daniel Leiva y a la Corte local; a los ministerios públicos y al Poder Ejecutivo de la Nación. Según Rengel, en Tucumán no hay justicia: “este valor ha sido desalojado, y se han institucionalizado la injusticia y la corrupción. No existe en la provincia la división de poderes”.

La acusación

1- Zacarías Khoder, legislador oficialista, consideró acreditados los siete cargos endilgados al juez Enrique Pedicone y pidió su destitución.

2- Dos objeciones se fundan en la actuación “sin competencia” del juez durante la miniferia de agosto (causas “Bravo” y de los billares).

3- A Pedicone lo acusan de haber desarrollado una “actividad política” vedada por la Constitución al denunciar al vocal Daniel Leiva.

4- También atribuyen al magistrado denunciado el haber “sometido” y coaccionado al secretario Fernando Valladares.

5- Otros cargos refieren que Pedicone violó “sistemáticamente” los derechos de las víctimas, y anuló fallos para oír a estas y a los imputados.