Hay dudas sobre cuántos votos hacen falta para echar al juez Pedicone

Enrique Pedicone sabrá hoy si conserva o si pierde el cargo de juez del Tribunal de Impugnación de esta ciudad. El Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer el veredicto en una audiencia programada para las 19 en la sala del tercer piso de la Legislatura. Será este el epílogo para los cuestionamientos que recibió el desempeño del magistrado luego de denunciar al vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. Las señales dadas por el oficialismo, que controla en forma directa cuatro de las ocho sillas del Jurado, indican que Pedicone tiene escasas posibilidades de salir airoso. El mayor resquicio de duda surge por el lado del número de votos necesarios para decretar la destitución, debate que podría darse por primera vez en el órgano creado en 2006.

La Constitución exige dos tercios de las ocho firmas posibles, estándar que da como resultado un número con decimales: 5,33. Esta cifra divide las aguas entre quienes “tiran hacia abajo” la mayoría exigida y quienes “la tiran hacia arriba”. En el primer grupo está el presidente del Jurado y vocal de la Corte, Daniel Posse, quien la semana pasada y luego de recibir los alegatos de las partes, se inclinó por la cantidad más baja. “Es una pregunta interesante porque hay una discusión muy finita. Entiendo que con cinco votos alcanzaría para destituir”, explicó Posse. En las únicas dos oportunidades anteriores en las que actuó el cuerpo no hizo falta interpretar la cláusula constitucional puesto que sus miembros se inclinaron por unanimidad a favor de la destitución. Las tensiones institucionales y circunstancias muy peculiares ligadas al caso de Pedicone podrían dar lugar a disidencias, expectativa fundada en los perfiles y la actuación previa de los jurados (ver por separado).

En la última audiencia, la acusación a cargo del legislador oficialista Zacarías Khoder consideró probados los siete cargos endilgados al magistrado. Estos reproches comprenden desde una actuación sin competencia en la miniferia de agosto hasta dos cuestiones vinculadas con el conflicto de Leiva: primero, “la grabación clandestina” de un diálogo donde la voz atribuida al local solicita “el manejo de las intensidades” de una causa penal contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) hasta “la coacción” del secretario Fernando Valladares, quien, tras la denuncia de Pedicone, desmintió el contenido de un acta que escribió y firmó relativa a los hechos expuestos en aquella. Khoder también adujo que está probado que el juez violó en forma sistemática los derechos de las víctimas, y su ignorancia al anular decisiones tomadas sin oír a estas y a los imputados.

Los codefensores de Pedicone, Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig, afirmaron que nada está acreditado, y que todas son excusas para disfrazar el verdadero objetivo de este jury: “castigar a un juez por haber sido independiente y valiente, y honrado el juramento que hizo al asumir el cargo”. La defensa aseguró que, en el camino, el oficialismo transgredió los derechos y garantías del magistrado, y que el procedimiento es nulo por haber sido sustanciado con jurados ausentes. Cualquiera sea el veredicto, Pedicone anticipó que seguirá litigando, incluso afuera de la provincia.