Los contratos de la discordia

La Legislatura no tiene paz. La Casa de Gobierno es un laboratorio de experimentos electorales. La oposición comienza a desperezarse de su larga siesta política. La cifra de contagios de Covid-19 sigue creciendo. Llegan las vacunas, pero siguen sin alcanzar para todos. El limón vuelve a la Unión Europea tras la mancha negra que ha bajado el volumen de exportaciones en el último tramo de la temporada pasada. Las chimeneas de los ingenios azucareros comienzan la lanzar humo marcando el inicio de una zafra que, en gran medida, dependerá mucho de la decisión que adopte la Casa Rosada, previo debate en el Congreso, acerca del Régimen de Promoción para la producción de biocombustibles. Tucumán se mueve a un ritmo político, institucional, financiero y económico tan vertiginoso que suele ser un anticipo de lo que luego sucede a nivel nacional.

En el plano político, el oficialismo Frente de Todos está lejos aún de la unidad. Una prueba de eso fue la tumultosa reunión de Labor Parlamentaria en la que el Partido Justicialista sacó todos los trapitos sucios que, como alguna vez dijo el gobernador Juan Manzur, debieron lavarse en la sede peronista. Los contratos políticos del personal que depende de los 14 legisladores del bloque Lealtad Peronista no prosperaron. Los manzuristas Sergio Mansilla y Gerónimo Vargas Aignasse se pusieron firmes y clamaron por una respuesta al planteo para contar con ese personal político. El presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, tuvo que prolongar el encuentro hasta que llegó el vicegobernador Osvaldo Jaldo para dar las respuestas del caso. “Le ofrecimos algo muy razonable”, indicó el titular de la Legislatura. En cifras, el 50% de los 1.100 puestos dados de baja para que puedan designar a los empleados políticos. El manzurismo, a su vez, señala que el porcentaje es mucho más bajo de lo que esgrimen los parlamentarios que responden al vicegobernador. Hubo y habrá cobertura para el personal cesanteado por parte de la Casa de Gobierno. Hay una lluvia de decretos cruzados. De un lado están aquellos borradores que propician designaciones temporales; también adscripciones y hasta subsidios. Del otro, se tiran sobre la mesa decretos mediante los cuales el Poder Ejecutivo ha dado de baja a empleados políticos que responderían a legisladores jaldistas, además de los que renunciaron apenas arrancó el conflicto de poder del binomio gobernante.

En Labor Parlamentaria hubo varios pases de facturas y altercados que no llegaron a mayores. El encontronazo que mayores comentarios ha causado fue el protagonizado por Federico Masso (Libres del Sur) y Armando Cortalezzi por los “coqueteos” a uno y otro poder. Otro tuvo a Vargas Aignasse como protagonista, al señalar a las autoridades del cuerpo que no están dispuestos a ir al recinto el 6 de mayo próximo porque no tienen personal administrativo. Además, denunció que la Legislatura se está convirtiendo en una estancia en la que el patrón (por Jaldo) sanciona a aquellos que no acatan sus instrucciones. Hubo tiempo también para las intervenciones directas de Jaldo al enterarse de las críticas del legislador Enrique Orellana sobre “las actitudes mezquinas del vicegobernador” al no avalar la contratación del personal político. “Antes me veían muy generoso y ahora me llaman mezquino”, espetó el presidente de la Cámara a los mellizos de Famaillá.

La oposición saca pecho y cree que puede capitalizar esta pelea en el PJ. Cuentan que en la reunión de presidentes de bloque el radical Raúl Albarracín ha señalado que no tomarán partida en el enfrentamiento peronista y que sólo estaban en ese encuentro para definir el temario de la próxima sesión. De reojo, no obstante, mira cómo vuelan los dardos justicialistas.

La cumbre de los principales líderes radicales, la noche del lunes, es una señal para reordenar la tropa y encauzar la lucha dentro de la Legislatura. Por eso, algunos legisladores de la UCR creen que puede encarrillarse pedidos de informes contra dos ministros manzuristas: Juan Pablo Lichtmajer (Educación) y Claudio Maley (Seguridad). Si el cuerpo les da lugar a las citaciones a los miembros del gabinete, será otro round en la pelea interpoderes. Los radicales seguirán de cerca la puja de poder, mientras afianzan lazos con Buenos Aires. En esa orientación, el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, visitará el lunes al ex presidente Mauricio Macri, con el fin de analizar la estrategia electoral de Juntos por el Cambio en el distrito Tucumán. El miércoles es posible que se realice la cumbre más amplia de la UCR y, luego de ese encuentro, habrá otro con los socios de la alianza opositora.

En Tucumán no hay tregua política, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo deberían descuidar el escenario socioeconómico que ha profundizado la pandemia. Ningún gobernante debería perder de vista la situación y, más allá de las diferencias, tendrían que estar analizando políticas que tiendan a sacar, cuanto antes, de la pobreza a ese 43,5% de la población urbana que no reúne los ingresos necesarios para mejorar su situación en la pirámide social. También recrear las condiciones para que el 10% de la Población Económicamente Activa consiga un empleo que le brinde dignidad sin apelar al favor de algún político a través de un contrato laboral. La economía tucumana necesita más que un rebote para salir del pozo. Es allí donde deberían estar puestas todas las fuerzas y todas las acciones más que en berrinches internos que irán desapareciendo a medida que se acerque el turno electoral. No por convicción, sino por conveniencia, algo habitual en la dirigencia política moderna.