¿Cómo bajar la velocidad en las calles de Yerba Buena?

Pocas medidas -o anuncios, para ser rigurosos- han logrado tan amplio consenso como la intención de instalar radares para controlar la velocidad en las avenidas y en las calles internas de Yerba Buena, una ciudad que por momentos parece convertirse en una pista de carreras con consecuencias siempre desgarradoras.

La agenda del municipio yerbabuenense en materia de seguridad vial corre siempre por detrás del horror. A mediados de febrero, un choque apuró la decisión de salir a la calle a controlar la velocidad con radares, en un primer momento de manera manual. Ni siquiera los conductores que fueron llamados al orden durante esos operativos presentaron quejas: la “ciudad jardín” estaba de acuerdo en que se necesitaba una solución para que Yerba Buena bajase la velocidad, principalmente a la noche y a la madrugada. Es en esos momentos donde se concentra la mayor cantidad de incidentes viales.

El caso testigo que se menciona arriba fue durante la madrugada del sábado 13 de febrero. Un joven de 23 años conducía un Ford Fiesta a alta velocidad por la avenida Aconquija. En la intersección con calle Moreno, un camión se había detenido en el semáforo, que estaba en rojo. El conductor no frenó y chocó de atrás al vehículo de mayor porte, y falleció a las 48 horas, internado.

Tras ese hecho, el secretario de Transporte de Yerba Buena dijo a LA GACETA que se trabajaría en “un sistema de radarización para lograr que se baje la velocidad en la avenida”. Rápidamente se implementaron operativos con radares móviles, y se dijo que sería un tiempo de adaptación hasta que se instalaran los radares fijos, que podrían combinarse con controles aleatorios manuales en distintas calles internas y en diferentes horarios. Sin embargo, una vez que volvió la calma los controles se esfumaron. Hasta el momento, cuatro meses después de aquella tragedia, no se han puesto en marcha los radares fijos ni tampoco se ha continuado con los controles móviles, al menos no de manera sistemática y sostenida. De hecho, el intendente de esa ciudad los ha desestimado hace dos semanas.

Si los controles de tránsito -sobre todo aquellos tendientes a reducir la velocidad- quedaron en pausa, lo que no se ha detenido fueron las desgracias. El viernes 4 de este mes, durante la siesta, una nena de 4 años murió luego de que la moto que conducía su mamá chocara contra una camioneta, en la funesta esquina de Perón y Bascary. Es allí mismo donde perdieron la vida María Silvia Jantzon de Marchese (diciembre de 2006), Bruno Rubén (octubre de 2018) y en la que se salvó de milagro el matrimonio de Alejandra del Carmen de San Lucila y Gustavo Adolfo Lorca (mayo de 2018), cuando un conductor a toda velocidad se “tragó” un lomo de burro y terminó con su vehículo encima del de la pareja.

La imprudencia de los conductores es innegable y, como cara de la misma moneda, es innegable que no se trata de accidentes. Accidentes, explican los expertos en seguridad vial, son aquellos que no se pueden evitar. No es el caso de Yerba Buena, donde la mayoría de los siniestros fueron perfectamente evitables. En situaciones menos extremas que las que mencionamos, las infracciones están a la orden del día en las calles de esa ciudad: vehículos que no respetan carteles ni semáforos, motos que se detienen sobre las sendas peatonales y automotores que sobrepasan la velocidad máxima fueron algunos de los casos captados por las cámaras de LA GACETA durante un recorrido posterior a la tragedia del 4 de junio.

Se hace evidente que los lomos de burro y otros sistemas reductores de velocidad han sido insuficientes. Ni la cartelería, ni los semáforos, ni las señalizaciones de alerta consiguen que algunos conductores cambien de actitud. Lo que queda, entonces, es la imperiosa necesidad de una intervención más enérgica y activa por parte de las autoridades para poner freno a un flagelo que tanto dolor cuesta. Las idas y vueltas de la Municipalidad respecto de los controles para la seguridad vial no hacen más que dejar una sensación de descreimiento por parte de los ciudadanos acerca de las capacidades del Gobierno para poner orden en el tránsito y, mientras tanto, las víctimas en las calles se siguen contando.