Tensiones tras las PASO: “El 80% de los tucumanos le dijo que no al vicegobernador”

Pasaron las elecciones, pero las tensiones dentro del peronismo no sólo persisten, sino que regresaron al ámbito institucional.

La reunión de Labor Parlamentaria de ayer estuvo atravesada por reclamos y acusaciones entre el jaldismo y el manzurismo, debido al personal que fue dado de baja en la Cámara como en oficinas del Poder Ejecutivo. Ese cruce escaló de temperatura, al punto que los legisladores de Lealtad Peronistas se retiraron prematuramente del encuentro. Para intentar limar asperezas se acordó sesionar recién el martes 28. Allí se tratarán los pliegos de ocho jueces subrogantes, cinco convenios con la Nación, entre otros.

El presidente del bloque manzurista, Sergio Mansilla, remarcó a LA GACETA que una tercera parte de los legisladores de la Cámara están sin personal desde hace meses. “Es una situación atípica, irregular. El vicegobernador Osvaldo Jaldo dijo que era una reestructuración por cambio de bloques, pero es política. Queremos tener las condiciones necesarias para trabajar para lo que la gente nos eligió. No vamos a participar de una sesión de la que no estamos de acuerdo; lo vamos a manifestar en el recinto”, dijo.

Parlamentarios que asistieron a la reunión indicaron que Jaldo replicó que el manzurismo fue el que judicializó el tema. Además, legisladores jaldistas denunciaron que Casa de Gobierno echó personal en las comunas y que en algunos municipios administrados por el manzurismo son perseguidos los comerciantes que respaldan al vicegobernador.

Más de 1.500 contratos

El presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, dijo a la prensa que Jaldo se expresó predispuesto a dialogar para llegar a la sesión sin inconvenientes. Respecto a las tensiones que persisten en el oficialismo a pesar del resultado de las urnas, el legislador monterizo dijo: “fue la primera reunión que tenemos después de las elecciones. Lo primero que dijo el presidente de la Legislatura es que tenemos que tener el diálogo superador, escucharse y tratar de llegar a un consenso”.

El manzurista Zacarías Khoder calificó como “descabellado” que lleven más de cinco meses sin personal. “No tenemos con qué trabajar y legalmente esto es inconstitucional”, dijo. Consultado por este diario sobre cuántos empleados del bloque fueron despedidos, dijo: “exactamente no tengo el número, pero yo calculo que son más de 1.500”.

Mansilla criticó que el jaldismo insista con la pulseada a pesar de que la lista de Juan Manzur se impuso en la interna por 100.000 votos. “Primero se planteó una interna en el Consejo partidario, y se aclaró. Luego en el Congreso, y se aclaró. Después electoralmente, y se aclaró. ¿Siguen las dudas? Todo el mundo sabía que el vicegobernador medía fuerzas para 2023. La gente ya habló”, dijo. Y agregó: “escuché decir que sólo el 30% de los ciudadanos apoyaron al gobernador. Bueno, el 80% le ha dicho que no al vicegobernador. Han sido gobierno hasta hace cuatro meses. De los errores que ha cometido o no Manzur también se tienen que hacer cargo ellos. Hablan de inseguridad y de educación, como si vivieran en Santa Fe. Fueron parte del gobierno”.

Consultado sobre si hay unidad en el PJ, Amado dijo que en PJ hay dos secciones muy marcadas. “Las hubo antes de las elecciones y lo sigue habiendo”.

Juicio político contra Pisa: se viene una nueva audiencia del proceso

El juez Francisco Pisa presentó ayer por escrito su defensa ante el Jurado de Enjuiciamiento por la acusación de la comisión de Juicio Político. El magistrado, cuestionado por su desempeño en una de las denuncias de Paola Tacacho, rechazó cada una de las acusaciones. Así lo confirmaron los abogados defensores Ernesto Baaclini y Camilo Atim. “Lo único que hizo el juez fue resolver una cuestión traída por el Ministerio Fiscal (MPF), que determinó el tipo de delito del que se acusaba a Mauricio Parada Parejas: desobediencia judicial. Aquí, la perjudicada era la administración de justicia y no la persona particular, en este caso, la profesora Tacacho”, señaló Baaclini. Y sumó: “nadie hizo mal las cosas. El MPF efectuó un requerimiento de elevación (a juicio) y el juez Pisa consideró, en ese momento, que los elementos de prueba no podían demostrar una desobediencia judicial”. Lunes o martes se fijará una audiencia para oír los argumentos de defensa.