El anteproyecto de ley que propone regular el transporte público de pasajeros en Tucumán, creando una sociedad anónima para estatizar el servicio y estableciendo “un área urbana que abarcará exclusivamente al municipio de San Miguel de Tucumán”, fue severamente cuestionada por el oficialismo municipal.
El Partido por la Justicia Social, que lidera Germán Alfaro, sostuvo que la iniciativa “replica la técnica kirchnerista de querer ir por todo”.
“La iniciativa busca atentar contra la autonomía municipal y nos defenderemos”, advirtió el intendente.
“Tratan de distraer a la población de las reales necesidades, como si pudieran lograrlo... Esta semana tenemos que presenciar esta supuesta solución a un problema que sometió a los tucumanos a casi 60 días sin transporte público el 2020 y decenas de otras jornadas de huelga en 2021”, plantea el documento.
“Sufrimos temperaturas agobiantes, falta total de provisión de agua potable en muchos sectores de la provincia y cortes de energía eléctrica insoportables a causa de las décadas de desinversión en el servicio... Nosotros defenderemos la autonomía municipal ante todo”, consigna el pronunciamiento que también suscriben el secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Ocaranza; el legislador Walter Berarducci y los concejales Agustín Romano Norri, Sandra Miranda y Rodolfo “Johny” Ávila, y el director de Transporte de la capital, Marcos Krystal.
El anteproyecto de ley es promovido por el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri, y llegará a la Legislatura en marzo, cuando se inaugure el período de sesiones ordinarias. El jueves, el autor lo expuso ante el gobernador Osvaldo Jaldo. Ayer, el alfarismo se reunió para analizar la propuesta y pronunciarse al respecto.
“Se busca tapar las ineficiencias actuales de la Provincia, apropiándose de lo que no les corresponde, que es la posibilidad de determinar las concesiones del transporte público de pasajeros, lo cual es una atribución de la Municipalidad garantizada por la propia Constitución provincial”, manifiesta el comunicado del oficialismo municipal.
“Nuevos perjuicios”
Cuando Juri presentó su propuesta, planteó que la estatización del sistema, mediante la creación de una sociedad estatal que tendría a su cargo el otorgamiento de las licencias a las empresas a cargo del servicio, sería la medida óptima para conjurar los trastornos que vienen sufriendo los tucumanos a causa de paros y la baja calidad del servicio. “Llevará soluciones a los usuarios, tranquilidad a los trabajadores del sector y a los empresarios”, aseguró.
Los alfaristas plantean que, en nombre de que se trata de un anteproyecto que habla del transporte público en toda la provincia, se esconde el hecho de la aplicación automática del sistema, si llegase a ser aprobado, “sólo se dará en San Miguel de Tucumán. Al resto de los municipios únicamente se los invita a adherirse al resto de los municipios. Y como si esta acción fuera a brindar algo más que nuevos perjuicios a esta ya magullada provincia”, cuestiona el texto suscripto por los alfaristas.
“En caída libre”
“Las únicas reacciones que puede provocar el anuncio son preocupación y alarma”, cuestionaron el intendentente, los funcionarios, los ediles y el legislador que firman el comunicado.
“En primer lugar, es sorprendente que en su artículo 3 establezca que el área urbana de Transporte Público de Pasajeros de la Provincia abarque exclusivamente al Municipio de San Miguel de Tucumán, y que el resto de los municipios sean invitados a sumarse... ¿O sea que el resto de las localidades de Tucumán, incluso las del Area Metropolitana, están excluidas porque el transporte público de pasajeros allí funciona a la perfección? Claramente buscan regular, por la vía de un poder extraño, atribuciones que le son propias por Constitución provincial al municipio de San Miguel de Tucumán”, subrayaron.
“Todo lo que se va a lograr (si prospera el anteproyecto) será someter la libertad y la sana competencia económica, para terminar violentando los derechos de casi 500.000 pasajeros que esperan una mejora en la calidad de servicio”, aseveraron.
El comunicado sentencia que “Tucumán está en caída libre”. “(Juan) Manzur y (Osvaldo) Jaldo no pueden explicar la desocupación creciente, el aumento de la presión fiscal, la violación de los derechos tributarios de los contribuyentes, la desinversión energética, la falta de agua, el fracaso educativo. Y ahora quieren invadir las competencias de los gobiernos municipales que no les son afines políticamente”.
“Engrosar gastos”
Ocaranza, en particular, advirtió que la iniciativa busca crear una nueva estructura burocrática en el Estado, tratando de imponer únicamente para la Capital quiénes van a otorgar las licencias a las empresas.
“Lo más curioso es que no será esta empresa estatal la que explote por sí misma el sistema. Por el contrario, pretenden subconcesionar el servicio a las mismas empresas que hoy ya lo están prestando. Es algo extraño que pareciera tener otra intención que no es la de solucionar el problema de los tucumanos”, deslizó el secretario político.
“Lo único que propone este anteproyecto es la creación de una empresa en sociedad con el Estado, lo cual engrosará la planta estatal y la planilla de gastos que tiene la provincia, como si fuera una solución. La cuestión a resolver no es quiénes otorgan las concesiones, sino cómo garantizar los fondos, ya sea por subsidios o por incremento tarifario”, diferenció.
“Basta de atropellos”
El legislador Berarducci hizo público un pronunciamiento personal en el que convocó a la comunidad a no perder la memoria y decirle “basta a los atropellos del oficialismo”.
“Pedimos al Gobierno que se dedique a brindar los servicios esenciales que le competen: garanticen el agua que hoy escasea; y aseguren la prestación del servicio eléctrico. Hoy es una vergüenza de permanentes cortes de suministro haciendo padecer a los tucumanos uno de los veranos más calurosos de la historia. Piensen en la gente y no socaven la república”, reclamó.