20 Febrero 2022
ROBERTO PALINA
El nuevo Código Procesal Penal de Tucumán es muy claro a la hora de detallar cómo debe ser el proceso judicial cuando un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político o juicio de destitución, es denunciado haber cometido algún delito.
Los detalles son de vital importancia para entender cómo es el proceso que se le abrió al legislador oficialista Roberto Palina que fue denunciado por una pariente política por un presunto caso de abuso sexual.
El artículo 25 establece que el fiscal de turno deberá comunicar de manera inmediata la denuncia al fiscal Regional (en el Centro Judicial Capital esa función la cumple Mariana Rivadeneira) que deberá ejercer personalmente la dirección de la investigación, formulará acusación o requerimiento de sobreseimiento, actuará en juicio y podrá formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, cualquiera sea su instancia.
En ningún caso podrán delegar esta función a otro representante que cumpla funciones en el ámbito de la fiscalía regional a su cargo. En caso de apartamiento o vacancia, sólo podrán ser reemplazados por otro fiscal Regional designado por el Ministro Fiscal. En Tucumán sólo están en condiciones de realizara esta tarea Miguel Fernández (fiscal Regional de Concepción) y Miguel Varela (cumple con esa tarea en el Centro Judicial de Monteros)
El acusador, deberá solicitar al juez competente a iniciar una investigación en contra de un funcionario que tenga fueros para no vulnerar su inmunidad. La pesquisa no podrá exceder dos meses, bajo pena de caducidad.
El CPP también deja muy bien en claro que, en caso de que en el desarrollo de la pesquisa surjan indicios para imputar a un legislador, deberá realizar un pedido ante el juez competente para que solicite el desafuero o destitución a la Legislatura.
El magistrado está obligado a presentar la copia de todas las actuaciones que se realizaron y expresar las razones que justifiquen que se cumpla con la solicitud. La resolución del juez de garantías puede ser impugnada.
Si fuera denegado el desafuero, la suspensión o la remoción solicitadas, el tribunal declarará por auto que no puede proceder a la detención o mantenerla, continuando la causa.
En la cámara, hasta que no se cumpla con estos pasos, no puede tomar ningún tipo de medida en contra del denunciado.
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