Por Gustavo Rodríguez
12 Abril 2022
Hace unos días, un grupo de personas atrapó a un motochorro y le cortaron dos dedos
En octubre de 2020 se produjo un caso que tuvo trascendencia a nivel internacional. Tucumán quedó en los ojos del mundo al conocerse que José “Culón” Guaymás, el acusado de haber abusado y matado a la niña Abigail Riquel, fue asesinado por una turba de vecinos que lo atrapó en un descampado ubicado al sur de la capital. No fue muy lejos del barrio San Felipe, donde hace una semana, un motochorro perdió dos dedos por la golpiza que recibió luego de que un policía lo aprehendió por haber cometido dos robos.
En las calles de la provincia circulan los mal llamados “justicieros”. Son personas que violan la ley en nombre de ella. Las normas son claras: nadie puede arrogarse el derecho de ser juez aplicando una sentencia cargada de odio y violencia. El código procesal penal de la provincia hace una clara referencia sobre este tipo de situaciones. Una persona puede aprehender al acusado de un delito y retenerlo hasta que se presenten las autoridades. Obviamente está contemplado el uso racional de la fuerza para sujetar al acusado. Aplicar una golpiza no sólo no está permitido, sino que constituye un delito.
Lamentablemente, estos casos se repiten una y otra vez. El subcomisario Carlos Daniel Suárez lo reveló claramente cuando relató la detención del motochorro. “Después que lo tenía reducido, lo primero que hice fue llamar al servicio 911 porque sabía lo que pasaría”, declaró. ¿Y qué pasó? Una turba se presentó en el lugar para agredirlo con patadas en la cabeza. El policía lo defendió y evitó que lo mataran cuando un vecino pretendió arrojarle una piedra de más de seis kilos de peso. A una semana del caso, el segundo jefe de la Brigada Este no cambió de opinión. “Volvería a hacer lo mismo porque mi misión es hacer cumplir la ley. Y agredir salvajemente a una persona, por más que haya cometido un robo, es un delito. No hay diferencias”, opinó.
Golpizas
La excusa de los vecinos que agreden a los delincuentes es siempre la misma. Es la reacción natural por la ola de inseguridad y la falta de respuesta por parte de las autoridades de proteger a los habitantes. Pero bajo ningún aspecto puede considerarse como un argumentó válido. Ni siquiera puede ser tomado como un atenuante. No puede combatirse a los que violan ley fuera de la ley. Las víctimas deben denunciar los casos y esperar que las fuerzas de seguridad y la Justicia actúe. Y si las autoridades no lo hicieran, pueden agotar todos los caminos administrativos para conseguir el fin que busca.
Aunque suele ser una tarea extra, se deben denunciar los ilícitos y continuar con la acción penal. El nuevo código les da un importante protagonismo a las víctimas. El valor de sus palabras en una audiencia se cotiza en dólares. Son herramientas que el Estado necesita para castigar a los que delinquen.
En Yerba Buena, los habitantes de un country estuvieron a punto de realizar una protesta porque estaban cansados de sufrir robos. Pero sus intenciones se frenaron cuando descubrieron que uno de sus vecinos no quiso denunciar a un adolescente que le sustrajo varios elementos y que fue detenido por la policía a los pocos minutos. Al no haber ninguna acusación en su contra, el menor fue entregado a sus padres sin ninguna causa penal en su contra.
En las redes sociales y en los foros de opinión se aplican otro tipo de golpes. Lo sufren defensores, fiscales y jueces que están dispuestos a luchar contra los “justicieros”. Y los funcionarios judiciales no están a favor de los delincuentes, están a favor de que se cumplan las leyes. Pero están solos, ya que ninguna de las cabezas de los tres poderes salió públicamente a defender su tarea, que consiste en evitar que se instale la anarquía en la provincia. Está en juego nada menos que el Estado de derecho.
Balance
El Ministerio Público Fiscal es una especie de caja de resonancia de lo que ocurre en materia penal. Sus funcionarios aseguran que los casos de golpizas a acusados de robar se redujeron con respecto al año pasado. Pero al mismo tiempo están manejando otra situación.
Está creciendo considerablemente la cantidad de acusados primerizos, es decir personas que cometen delitos contra la propiedad por primera vez. Piensan que serían dos las razones de esta realidad: el nuevo código está sacando de las calles a los reincidentes y por la grave crisis económica y social que -no se trata de ningún justificativo- salen a la calle a robar. Son pequeñas alarmas que comenzaron a encenderse.
La cuestión social influye, y mucho. Todos los linchados que se conocieron tienen entre 16 y 25 años. Son jóvenes que no terminaron la primaria, no tienen un trabajo y un 90% sufre por las adicciones a las drogas. Su recuperación no sólo se solucionará con la persecución penal.
Se necesita de un abordaje mucho más amplio que debe ser garantizado por el Estado. Los golpes no ayudan, al contrario, agravan el panorama porque se produce un enfrentamiento entre los mismos ciudadanos. Por ese motivo, no existen los “justicieros”, ni deberían tener cabida en ningún lado. Porque en definitiva, son personas que violan en la ley en nombre de ella.
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