Por Gustavo Rodríguez
14 Abril 2022
“Lo siento, pero no podrá realizar ninguna diligencia, la empresa por estoy está cerrada”, le dijo el gendarme a Marcos, un joven que se había trasladado desde Aguilares para hacer un trámite en Adhemar Capital, la compañía financiera de Solano Vera primera cuadra en Yerba Buena. “Pero quiero saber qué pasa. Quiero recuperar mi dinero y hace dos semanas que me tienen dando vueltas”, insistió el ahorrista. El muchacho se retiró sin conocer que Gendarmería Nacional había ordenado realizar un allanamiento en la sede de la firma, minutos después de que diera un importante paso procesal en contra de sus propietarios y algunos de los ejecutivos que trabajaban.
Edgar Adhemar Bacchiani, el CEO de la empresa, sufrió un duro golpe procesal ayer a la mañana. El juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras le informó que está acusado de integrar una asociación ilícita, intermediación financiera sin autorización, lavado de activos y defraudación. Los mismos cargos fueron impuestos a su pareja Zaraive Celeste Garcés Rusa y a José Blas, uno de los gerentes. Trascendió que también se procesó a entre seis y 10 personas que formaban parte de la empresa. Entre ellos, habría varios tucumanos, aunque sus nombres no trascendieron.
Adhemar Capital se dedica a las inversiones de monedas virtuales. Desde el año 2021, los fiscales federales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz investigaban los movimientos de dinero que realizaba la empresa que tiene sede en Catamarca, Córdoba y Tucumán al pensar que podría estar involucrada en lavados de activos. Meses después, la Comisión Nacional de Valores, al descubrir numerosas irregularidades, también ordenó que suspendiera todas sus actividades.
Todos los consultados por LA GACETA coincidieron en señalar cómo era la operatoria. Una persona o un grupo entregaba una suma de dinero a cambio de una suculenta tasa de interés, ya sea en pesos o en dólares. Firmaba un contrato en el que establecía que durante seis meses recibirán el pago de los intereses y, si lo deseaban, el capital que habían entregado. En la moneda nacional, pagaban entre un 10% y un 23%, según el monto. Por ejemplo, si alguien entregaba $500.000, cada 30 días, durante seis meses, recibía $50.000 ($300.000 en total durante todo el acuerdo) y cumplido el plazo, podía retirar los $500.000 o seguir invirtiendo.
Las inversiones en dólares eran mucho más tentadoras para quienes buscaban acrecentar sus ahorros. La empresa ofrecía un 15% promedio a los que les entregaban sus billetes verdes, eso sí, tenía que estar en perfecto estado y debían ser “los de las caras grandes de Washington”, como señaló un ahorrista.
Pero al empezar a tener problemas legales, la firma no pudo afrontar los pagos y comenzaron a tener problemas en las tres sucursales. En Tucumán, se hicieron denuncias ante el fiscal Carlos Brito y, en Córdoba, en la justicia provincial por estafas. Los fiscales catamarqueños solicitaron a las otras jurisdicciones que declinaran la competencia para que ellos llevaran adelanta la pesquisa. El juez Fernando Poviña aceptó el pedido, pero los cordobeses no, por lo que la Corte Suprema de Justicia deberá resolver la cuestión.
Los imputados fueron notificados de la acusación y se les prohibió salir del país y que además deben presentarse mensualmente al juzgado federal de esa provincia.
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