Por Gustavo Rodríguez
15 Abril 2022
La investigación en contra de Adhemar Capital sigue su curso. Hasta el momento la justicia federal de Catamarca anunció que procesó a nueve personas por las supuestas irregularidades que habría cometido con la actividad económica que desarrollaba en esta provincia, Catamarca (donde tenía la sede central) y Córdoba. Entre ellos, por ahora, aparecen los nombres de tres tucumanos.
El miércoles, el juez federal Miguel Alejandro Contreras decidió acusar formalmente al CEO de la firma Edgar Adhemar Bacchiani por intermediación financiera sin autorización, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita. Pero también aparecen en la lista los tucumanos Sofía Esther Aylan (sería la gerenta de la sucursal de Yerba Buena), Lucas Barrera Oro (ex integrante del seleccionado tucumano de rugby) y María Lihue Banegas (hija de un actual funcionario de la provincia). Los otros acusados son Savaire Celeste Garce Ruso (pareja del titular de la empresa), José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca; Héctor Rodolfo Sagripanti Orellana y Pablo Antonio Sosa.
Todos los acusados se presentaron el jueves en los tribunales federales catamarqueños. Allí se le informó que estaban siendo investigados, que no podían salir del país, que debían fijar un domicilio fijo y que próximamente serán citados a declaración indagatoria donde se podría definir su situación procesal.
La causa por la que terminaron siendo procesados se inició en nuestra provincia. Tres tucumanos que denunciaron haber sido afectados, representados por Alfredo Aydar, presentaron la denuncia ante el fiscal federal Carlos Brito. Enterados de la situación, sus pares catamarqueños Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz, solicitaron que se decline la competencia, puesto que ellos también estaban llevando una pesquisa contra la empresa. El juez federal Fernando Poviña, al entender que el expediente estaba más avanzado en la vecina provincia, aceptó el planteo.
Según trascendió, la teoría del caso es que Baachiani habría liderado una organización que se dedicaba a la compra y venta de criptomonedas sin autorización legal, utilizando dinero del que no podría justificar su origen. También fueron acusados de defraudación porque, en principio, no le devolvieron el dinero que les entregaron los ahorristas. Las operaciones las habrían realizado en las tres sucursales que tenía la firma.
Los denunciantes se presentarán en los próximos días en Catamarca para ratificar la denuncia que realizaron y, con seguridad, presentar más pruebas. Una vez que se cumpla con ese paso, los sospechosos serán citados a declarar.
La situación de Bacchiani en Córdoba es más complicada. La justicia ordinaria de esa provincia decidió no declinar la competencia, por lo que el tema debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia. El CEO fue imputado por estafa y para no quedar detenido, debió afrontar una caución de $40 millones. Al parecer, ofreció una propiedad que tendría pedido de embargo, por lo que si no consigue cubrir ese monto con otro bien, terminaría tras las rejas.
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