12 Mayo 2022
El barrio Las Mesadas, ubicado en El Timbó Viejo, debe ser desalojado en virtud de una sentencia de reivindicación a favor de los dueños del terreno, la familia Maulú, en contra de Raúl Ernesto Silva, quien había reclamado derecho a la prescripción adquisitiva por haber vivido su familia en ese predio durante muchos años.
El desalojo complica a unas 80 familias que compraron lotes a los Silva, muchas de las cuales construyeron casas –hay unas 40 viviendas en las ocho hectáreas-. Para visibilizar su situación cortaron durante dos horas la ruta de acceso al Cadillal el domingo. Adujeron no ser usurpadores sino compradores de buena fe.
Los Maulú, según el juicio de reivindicación ante la jueza Civil y Comercial VII, Mirta Estela Casares, descubrieron en 2014 que un grupo de personas estaban realizando remociones de tierra y colocando postes. Así comenzó el proceso, en el que fueron asistidos por el abogado Fernando Poviña. Aportaron pruebas de que esas tierras les pertenecen por sucesión y mostraron escritura e inscripción en el Registro Inmobiliario. Aclararon que una fracción de 300 m2 del terreno había sido “facilitada de forma gratuita y en carácter de préstamo al Sr. Pedro Silva y su esposa, Justa Paz, padres del demandado”. Raúl Silva opuso defensa de prescripción adquisitiva. Dijo que su posesión del inmueble es una continuidad de la detentada por sus padres desde 1960, que en virtud de ella han realizado “diligencias que son propias de dueños, tales como cerramiento perimetral, desmalezamiento, mantenimiento, sembrados” y cría de animales. La jueza analizó que no cabe hacer valer la usucapión como defensa contra la acción reivindicatoria, “pues aquí el demandado no pretende la formación de un título (en sentido instrumental) sino evitar su desposesión”. Además, en la inspección ocular que se realizó en el lugar, la misma madre de Silva reconoció “como únicos dueños a la familia Maulú”.
La jueza rechazó la defensa de prescripción adquisitiva. Silva fue en casación a la Cámara Civil, la cual rechazó en diciembre la medida. En consecuencia, quedó expedita la vía del desalojo, y los vecinos tienen un mes para irse, a partir del 5 de mayo. Tras el corte de ruta del domingo, los vecinos esperan una intervención del Gobierno, dado que ellos ofrecieron a los Maulú comprar los terrenos pero mientras ellos valoran en $ 14 millones el predio, los dueños, según los vecinos, afirman que cuesta $ 157 millones.
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