Por Gustavo Rodríguez
27 Julio 2022
UN LUGAR CLAVE. La víctima del homicidio fue arrojado por los condenados en el Canal Sur.
El 25 de abril de 2021, las autoridades encontraron el cuerpo de Javier Leonardo Pacheco (32) en el Canal Sur, a la altura de la autopista a Famaillá. El fiscal Ignacio López Bustos ordenó que se realice la autopsia para descubrir cuáles habían sido las razones de su muerte. En un principio, los investigadores pensaron que se podría haber ahogado, pero el informe médico determinó que había sido arrojado sin vida al lecho (no le encontraron agua en los pulmones) y que las causas de su fallecimiento había sido un fuerte golpe en la cabeza. Después de más de un año, los jóvenes que pretendieron hacer la mal llamada “justicia por mano propia” terminaron recibiendo duras condenas.
Cuando la pesquisa parecía estancada, surgió un testigo que aportó los datos para realizar una hipótesis del caso. Señaló que la víctima había ingresado a robar y que tres jóvenes de entre 25 y 30 años le habían propinado una feroz golpiza. También dio detalles sobre las personas que podrían confirmar su versión.
Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Jorge Dib, logró a ubicar a otros testigos del barrio San Francisco que terminaron de aclarar el panorama. Por esa razón, López Bustos logró que se concretara la aprehensión de Ignacio “Nacho” Romano, Sebastián “Bebe” Suárez y Guillermo “Pollo” Cuellar. Los acusó de homicidio agravado por haber actuado más de una persona y por alevosía.
Después de permanecer varios meses detenidos, los acusados llegaron a un acuerdo con los funcionarios de la Unidad Fiscal de Homicidios I. Aceptaron declararse culpables a cambio de que sean condenados por homicidio simple, por lo que recibirían una pena menor. Al no haber oposición de la familia de la víctima, se desarrolló una audiencia para formalizar el convenio.
La teoría
El auxiliar Lucas Maggio, con instrucciones de López Bustos, al exponer la teoría del caso, explicó que Pacheco había ingresado a robar a la casa de una mujer y que fue demorado por dos rondines que informaron de la situación a la propietaria de la vivienda. “Nacho” Romano, pareja de la víctima, junto a Suárez y Cuellar, quienes se encontraban en una reunión familiar, se hicieron presentes en el lugar y con claras intenciones de causarle la muerte se abalanzaron sobre el mismo y en represalia por su accionar, le propinaron golpes de puño y patadas en el cuerpo y rostro, causándole diversas lesiones.
Pese a la intervención de un vecino, que intentaba separar a los agresores, estos continuaban golpeándolo mientras Romano vociferaba “tirémoslo al canal”, que llevaba gran cantidad de agua por las persistentes lluvias de esos días. Posteriormente, “Nacho” le arrojó una piedra en la cabeza, lo que le ocasionó lesiones a la víctima y viendo frustrado su intento de arrastrarlo hasta el Canal, por su tamaño corporal y por la presencia de vecinos que después pudieran incriminarlo, desistió de hacerlo y se alejó del lugar.
“Sin embargo, aprovechando que los habitantes se habían retirado y que la víctima se encontraba sola, retornaron los tres imputados quienes al advertir que estaba muerto procedieron a arrastrar el cuerpo y arrojarlo al Canal Sur para ocultar el mismo y procurar su impunidad”, indicó.
“El grado de ensañamiento, por la actitud de Romano, es lo que nos lleva a solicitar una pena más agravada sobre él. Se trata de un delito de una gravedad inusitada, no solamente es un delito contra la vida, sino que incluso por la pluralidad de intervinientes y que el móvil de la agresión de ningún modo justificaba una agresión de esta naturaleza”, expuso Maggio.
Los imputados aceptaron su culpabilidad y, con la aprobación del juez Gonzalo Ortega, “Nacho” Romano recibió una pena de 20 años al ser considerado autor del delito de homicidio simple y a “Bebe” Suárez y a “Pollo” Cuellar fueron sentenciados a 12 años por su participación en el crimen.
Reacciones
El fallo en contra de los mal llamados “justicieros” fue el tema de conversación ayer en tribunales. “Es muy duro enterarse que estos chicos se arruinaron la vida por hacer lo que no corresponde. Hay que hacer la denuncia y seguir adelante la causa, no actuar salvajemente”, comentó Luciana Aguirre, una mujer que realizaba trámites en el Ministerio Público Fiscal. “Hay que pelearla a muerte y no matar. Me gustaría que le pregunten al jugador de Atlético (Matías Orihuela) si tiene sentido hacer todos los trámites legales para solucionar el problema”, agregó Fernando Herrera.
“En un país democrático el poder de disciplina lo tienen las autoridades judiciales y no la sociedad”, explicó el abogado Aníbal Paz. “La criminología nos enseña que el castigo físico no lleva a reinsertar a la sociedad a la persona en conflicto con la ley penal. Por lo que, bajo ningún punto de vista se debe repeler la violencia con más violencia”, añadió.
Su colega, Álvaro Zelarayán agregó: “la justicia por mano propia no existe, ya que no configura un acto de justicia. Si no se sancionan este tipo de conductas, volveremos a la ley de la selva. Obviamente que se registran estos casos por las fallas del Estado al brindar seguridad al ciudadano común, pero no por ello se deben tolerar las reacciones desmedidas”.
“La justicia por mano propia en sí es un delito. La violencia no puede repelerse con más violencia. Vivimos en un estado de derecho. Tenemos normas que regulan un proceso de resoluciones de conflictos sociales. Es el único y legítimo modo de hacer justicia”, finalizó Ernesto García Biagosch.
Lo más popular
