El estacionamiento de la discordia

La Municipalidad, que había salido decidida a meter un gol, a esta altura del partido luce apretada en el área chica y rechazando los pelotazos que le llueven de todos lados. Así están las cosas desde que puso en marcha el estacionamiento medido: en vez de promover las (presuntas) bondades del sistema, la tropa alfarista se la pasa dando explicaciones. Defendiéndose, a fin de cuentas. Y no es sólo un problema de comunicación, ese que puertas adentro se habían juramentado no reiterar tras las críticas a la remodelada plaza Independencia. Pero tropezar dos veces con la misma piedra no es un dicho, sino un hecho. No, más allá de que la comunicación municipal no fue capaz de convencer/seducir al ciudadano, estrategia imprescindible cuando se agrega una nueva tasa a la infinidad de las ya existentes, lo que quedó en evidencia es una mala praxis ejecutiva. Difícil bajarse de esos escenarios.

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El 85-15 en el reparto de la recaudación es uno de los tantos ruidos que repiquetean desde el comienzo. A cambio de estacionar en el centro, los tucumanos sacan el dinero de su bolsillo para meterlo en el de una empresa llamada Tecno Vial Agro. Y sin prestaciones adicionales, porque la casa (la empresa) no se hace responsable por daños, robos, choques, rayones o cualquier otra plaga que le caiga al vehículo. Ese 15% que le queda al municipio siempre parecerá escaso, por más que la firma señale que con el 85% que se lleva debe pagar el sueldo de 30 empleados, impuestos y “otros gastos”. Es más: según Tecno Vial Agro, en otras ciudades en las que presta el servicio a los municipios les queda mucho menos que el 15% que recibe San Miguel de Tucumán, por lo que en lugar de quejarse los tucumanos deberíamos darle las gracias.

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Los primeros que cayeron en la volteada fueron los “trapitos”, a quienes la solución política se la prometió el bloque de concejales opositores. ¿Un abrazo de oso? Todo está en veremos. Tal vez el municipio debió haber cerrado ese frente antes de poner en marcha el estacionamiento medido. Ahí faltó cintura. De todos modos, el intendente Alfaro sinceró su opinión sobre los “trapitos”. Dijo que oficiaban de “campanas” para el robo de casas y que extorsionaban a los automovilistas rayando los coches o pinchando las gomas si no les pagaban. Una sobreactuación para la tribuna, similar a la del gobernador Jaldo cuando enfatizó: “prefiero la tranquilidad del ciudadano antes que la incomodidad de los presos”. Cuando no es que los presos estén “incómodos” hacinados en comisarías, más bien se trata de la vulneración de derechos básicos que, justamente, Jaldo debe garantizar.

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La Municipalidad atribuye todo a una operación armada en Casa de Gobierno. Los tentáculos de ese pulpo, según el análisis, van moviéndose con precisión: Jaldo atacando directamente a Alfaro; el bloque de ediles del Frente de Todos pugnando por voltear el contrato; el defensor del pueblo Eduardo Cobos presentando una medida cautelar para que se suspenda el servicio; y hasta denunciantes de otro pozo -como Alejandro Sangenis, que es concejal en Yerba Buena pero luce más preocupado por lo que sucede en otra ciudad- yendo por el lado de la empresa. Una maniobra política de pinzas cuya verosimilitud cae de madura. Su éxito parcial es incuestionable desde el momento en que la Municipalidad quedó entre la espada y la pared, condenada a dar explicaciones una y otra vez. Lo dicho: a la defensiva, colgada del travesaño.

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Pero vale regresar al apunte de la mala praxis ejecutiva y de la fundamentación que requiere. Aquí entra el tema de los frentistas, a quienes de movida les que cabían las generales de la ley (o mejor dicho, del contrato). ¿A nadie se le ocurrió en el municipio que una multitud de vecinos pondría el grito en el cielo? Hay varias respuestas posibles, dejemos dos. A) Lo sabían, pero prefirieron jugar al “si pasa, pasa”. B) No lo tuvieron en cuenta. Si la realidad es A estamos hablando, cuanto menos, de mala fe. Si es B, se reitera la llamativa carencia de cintura para anticipar el conflicto. Escojamos B, que al menos en apariencia es la menos grave. De uno u otro modo, el municipio debió volver sobre pasos que ya había pisado con pretendida firmeza y cambiar las reglas. Entonces los frentistas que estacionen en un radio de 200 metros en torno a su vivienda recibirán una bonificación. Derivada de esta situación queda una arista demostrativa de que siempre, por hache o por be, el que pierde es el ciudadano. Veamos: si de cobrar (el estacionamiento) se trata, implementaron todos los mecanismos digitales imaginables. Pero para obtener un beneficio (como la bonificación) hay que acudir -en forma presencial- a la Dirección de Vía Pública para abrir un expediente. “Mientras 10 ventanillas cobran una sola es la que paga”, cantaba León Gieco. Esto es peor.

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Según Rodolfo Ocaranza, uno de los funcionarios comisionados por el Lord Mayor para atajar penales, el estacionamiento no es desmedido, sino muy bien medido. “Estamos recibiendo respuestas favorables”, sintetizó. Habrá que ver cómo sigue el partido: si el municipio podrá adelantar un poco las líneas y, al menos, pelear el partido en la mitad de cancha. De ahí a ganarlo... Complicada misión cuando la táctica falló de entrada y el equipo quedó mal parado en la cancha. O tal vez corresponda decir mal estacionado.