Juicio contra Cristina Kirchner: según los fiscales, el perjuicio al Estado fue de 1.000 millones de dólares

Diego Luciani y Sergio Mola cierran los alegatos en el debate oral por la causa "Vialidad", en el que está acusada la vicepresidenta Fernández de Kirchner.

22 Agosto 2022

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola cierran este lunes los alegatos en la causa "Vialidad", en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), el perjuicio al Estado por las presuntas maniobras irregulares fue de $5.321 millones. En ese marco, anticiparon que solicitarán el decomiso de bienes propiedad de los imputados.

La hipótesis de la acusación es que la ex Presidenta lideró una presunta asociación ilícita dedicada a extraer recursos estatales mediante la adjudicación de proyectos viales en favor de las firmas de Lázaro Báez, en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

“Producto de sobreprecios, de la cartelización de las obras públicas y el abandono intempestivo de las se ocasionó un monumental perjuicio al Estado”, dijo Mola. Hizo hincapié, además, en el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), que es un sistema que utiliza Vialidad y al que los fiscales lo definieron como “poco confiable, aunque es la fuente de indagación natural” de los datos obtenidos. “Vamos a solicitar testimonios de otras personas que no se encuentran imputadas”, dijo el fiscal, al referirse a la poca transferencia en los procesos de adjudicación y control de las obras.

“La información del SIGO sirve solamente para tener un Excel de lo que se pagó. De algo de lo que se pagó. Pero no sirve para demostrar que lo certificado se realizó. Hemos comprobado muchos pagos que no están cargados [en el sistema]”, dijo el fiscal. Y agregó: “La información del SIGO es meramente referencial. Pero aún con sus falencias y deficiencias, el perjuicio es de un cálculo para el oportuno decomiso que vamos a solicitar”.

“Considerado que el perjuicio al Estado está constituido, no resulta menor $5.321 millones, aproximadamente 1000 millones de dólares. La suma debería ser actualizada”, precisó Mola.

El perjuicio por las obras abandonadas

“El perjuicio patrimonial es enorme. Todo lo invertido por el Estado en las obras abandonadas debe ser considerado perjuicio. Estamos hablando de un perjuicio que ascendió a $3.571 millones. Más de 539 millones de dólares es lo que se dilapidó”, precisó Mola en la audiencia de este lunes.

Además, habló de las “obras de cantera”, a las que definió como “la caja clandestina” de Báez. Dijo que por este rubro el empresario logró recaudar 228 millones de dólares.

Para hablar del perjuicio al Estado, el fiscal Mola primero aludió al peritaje realizado sobre cinco de las 51 obras que fueron adjudicadas al propietario de Austral Construcciones. Citó los cinco casos y, en base a las conclusiones de los peritos Roberto Panizza y Juan Pablo Eloy Bona (por parte de la Corte Suprema y de la Fiscalía), dijo que se encontraron en esos contratos de obras más de 173 millones de dólares de sobreprecios.

"Esto se dio en todas las obras que estamos analizando. Podemos colegir que esto pasó en todas, pero no solo porque pasó en estas cinco, sino porque estas cinco obras, al igual que la totalidad de las involucradas en la defraudación, responden al mismo patrón de mecanismos de direccionamiento a favor de Lázaro Báez”, expuso Mola.

DIEGO LUCIANI Y SERGIO MOLA. Fiscales del juicio DIEGO LUCIANI Y SERGIO MOLA. Fiscales del juicio

Luciani, por su parte, afirmó a su turno que "Báez empleó sus empresas como parte indispensable para que la maniobra funcionara". "Tenía un trato preferencial. Esto no podría haber sucedido de otro modo si no fuera porque la maniobra se encontraba dirigida desde el poder presidencial”, dijo el fiscal sobre el empresario santacruceño.

Y agregó que “Báez manejaba sus propios expedientes". "Nadie lo controlaba”, remarcó.

Expectativas por los pedidos de penas

Al final de la jornada está previsto que los fiscales hagan el pedido de pena para todos los acusados, incluida Cristina Kirchner.

El fiscal Luciani acusó el viernes pasado a la vicepresidente de ser la jefa de una asociación ilícita. “Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, sostuvo.

La Fiscalía también dijo que formaron parte de la asociación ilícita el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez. “Está acreditado el acuerdo de voluntades de la asociación que operó de manera permanente y que cada uno realizó con dolo los aportes necesarios”, sostuvo el MPF.

La expectativa para hoy estará en cuántos años de prisión la Fiscalía pedirá para Cristina Kirchner, en medio de las duras advertencias de "La Cámpora" contra los jueces y de los mensajes de apoyo a la vicepresidenta por parte de senadores y de diputados del Frente de Todos.

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