11 Octubre 2022
"Es surrealista": en su alegato, la defensa de Lázaro Báez critica a los fiscales del caso "Vialidad"
En el cierre de su alegato en la causa "Vialidad", la defensa del empresario Lázaro Báez expresó duros cuestionamientos a la labor de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Además, reiteró su pedido de absolución para el dueño de Austral Construcciones, acusado de haber integrado la supuesta asociación ilícita presuntamente liderada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
"Es un intento de quíntuple juzgamiento de un mismo hecho, es surrealista", reprochó el abogado defensor Juan Villanueva.
Además, sostuvo que "lo planteado en el alegato de clausura por el Ministerio Público Fiscal evidencia la falta de rigurosidad técnica".
"Este cuento de los doctores Mola y Luciani es falso", insistió Villanueva con relación a las supuestas maniobras adjudicadas a su cliente.
Un pedido de condena a 12 años de cárcel
El debate ante el Tribunal Oral Federal 2 se reanudó a partir de las 9, con la tercera y última jornada de alegato para el representante del detenido empresario.
Báez afronta un pedido de condena a prisión de 12 años en la causa por el supuesto direccionamiento a su favor de la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En las primeras jornadas de alegato, la defensa Báez expresó que el empresario "no participó en ninguno de los hechos descriptos" por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que lo acusaron por administración fraudulenta al Estado mediante direccionamiento, sobreprecios e incumplimientos en las obras.
Tras el alegato de la defensa de Báez, continuarán las declaraciones de los representantes legales de otros cuatro imputados, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.
En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.
La vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada de haber encabezado -durante su gestión presidencial, entre 2007 y 2015- una asociación ilícita dedicada a extraer recursos estatales mediante maniobras irregulares.
Según Luciani y Mola, el perjuicio estimado al erario ronda los 1.000 millones de dólares.
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