07 Noviembre 2022
Una distribución más equitativa de los subsidios que el Gobierno nacional otorga a las empresas de transporte de pasajeros de todo el país parece estar gestándose en la Cámara alta del Congreso. Los senadores que integran las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, y de Presupuesto y Hacienda analizaron ayer tres proyectos de ley tendientes a modificar el sistema mediante el cual se distribuyen estos recursos.
Actualmente, un 85% de esos fondos se destinan a firmas que actúan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), región que incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y parte del conurbano bonaerense. El restante 15% va a las empresas que operan en el resto de las provincias.
Esta objetiva inequidad profundizó los problemas con el transporte en el interior del país, donde cada vez con mayor frecuencia se dan amenazas de medidas de fuerza, que muchas veces, en efecto, se convierten en paros.
Esta situación motivó, por un lado, que una decena de gobernadores de las provincias del Norte Grande le pidan una solución al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. El requerimiento fue atendido por el tigrense, que incluyó en el proyecto de Presupuesto 2023 una asignación de un piso de $ 85.000 millones en concepto de Fondo de Compensación, para oxigenar este agobio.
Pero en paralelo, avanzan en el Senado iniciativas que habían sido presentadas meses atrás, y apuntan a cambiar el sistema de distribución de los subsidios nacionales. El plenario de las comisiones -ambas, presididas por el oficialismo- analizó los tres proyectos. El primero, firmado por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio (JxC), el mendocino Alfredo Cornejo (Unión Cívica Radical), por la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y por la cordobesa Alejandra Vigo (Córdoba Federal).
Este proyecto dispone la creación en todo el territorio nacional del “Programa Federal de Distribución Equitativa de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros”, y abarcaría líneas urbanas y suburbanas. Postula que el dinero de la Nación se distribuya sobre la base de criterios tales como unidades y agentes computables, y kilómetros recorridos.
Otra iniciativa había sido presentada por los sanjuaninos Rubén Uñac y Cristina López Valverde, y por el tucumano Pablo Yedlin -los tres, del Frente de Todos-. Propone que se cree en el país un Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros. Según los fundamentos: “(se busca) garantizar, con eficiencia económica y equidad social, una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la Argentina, destinadas a la prestación del servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas”.
Al igual que el proyecto de los opositores Cornejo, Ávila y Vigo, determina como criterios objetivos de distribución el parque móvil afectado al servicio, habilitado y declarado ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el promedio mensual de los kilómetros recorridos y los agentes computables.
El tercer proyecto fue presentado por el salteño Sergio Leavy y por el santiagueño Gerardo Montenegro -los dos, del Frente de Todos-. Este habla de un “Régimen Federal de Compensaciones Tarifarias del Transporte Automotor de Pasajeros en todo el territorio de la República Argentina”.
A raíz de los objetivos puntos de contacto entre la tríada de proyectos, los senadores se manifestaron a favor de que se avance en la búsqueda de un dictamen unificado. Coincidieron en que el parque automotor, los agentes computables y los kilómetros recorridos deben fijarse como criterios para el reparto de los recursos nacionales. En este sentido, se resolvió que los asesores irán trabajando en el texto unificado, y que para el próximo debate se citarán funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación y representantes del Comité Federal de Transporte (Cofetra).
La voz de las empresas
LA GACETA consultó sobre este tema al vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Jorge Berretta. “Es inevitable poner un poco de equidad. Hoy, de cada $ 10 en subsidios, entre $ 8,5 y $ 9 quedan en el AMBA, y en el mejor de los casos $ 1,5 se distribuye en 23 provincias. Esto perjudica todo el sistema de transporte del interior; a usuarios, a trabajadores y a empresas, que ya nos ‘comimos los fierros’. Si no hay equidad corren serios riesgos el transporte público, las fuentes de trabajo y la conectividad vía colectivos en el interior”, dijo Berretta.
El empresario celebró que, a partir del pedido de los gobernadores, se haya incluido el Fondo de Compensación de $ 85.000 millones en el Presupuesto 2023. “Pero con este cuadro inflacionario y asimétrico, es preciso que se garantice por ley”, puntualizó.
Además, pidió que el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán trate el pedido de aumento del precio del boleto. “Solo de ese modo, más la ayuda de la Provincia, podremos llegar a fin de año y resistir. Nuestro pedido está muy lejos de lo que debería ser; pero ayudaría a garantizar el servicio hasta fin de año”, afirmó.
A principios de mes, Aetat formalizó el pedido. Al texto adjuntó un estudio de costos, que determina un boleto a $ 192. Sin embargo, trascendió que buscan obtener un boleto mínimo de $ 85.
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