Pegan donde más duele

“Bala para la delincuencia y libertad para los vecinos”. La frase extrema de Eduardo Verón Guerra, el candidato de Fuerza Republicana para la intendencia de San Miguel de Tucumán sirve como señal de alerta para el gobierno tucumano. Desde siempre, el bussismo hizo de la seguridad su principal caballito de batalla, montado en el pasado militar de su fundador, el condenado genocida Antonio Domingo Bussi. Una enorme parte de su electorado los sigue justamente por tener a este flagelo como punto de partida para cualquiera de sus campañas. Fue el hijo de Bussi, Ricardo, actual legislador, quien propuso no una, sino varias veces sacar al Ejército a las calles para combatir a la delincuencia, y lo hizo cuando ocupó cargos en el Senado y en Diputados. Sabiendo incluso que esto no es posible jurídicamente sin modificar las Leyes N° 23.554 de Defensa Nacional y N° 24.059 de Seguridad Interior. Pero Bussi, y quienes lo acompañan, insiste y su discurso suena como el más fuerte dentro de una sociedad que ve a la inseguridad como el principal problema de la provincia, junto con la inflación.

Del lado del oficialismo, la palabra inseguridad no aparece tanto en los actos de campaña del candidato a gobernador, Osvaldo Jaldo, o del actual primer mandatario y candidato a vice, Juan Manzur quien, al abrir el año legislativo el 1 de marzo, afirmó que la seguridad sigue siendo una deuda para el Gobierno y que se trata de un problema multicausal. Es un tema al que no le encuentran la vuelta. Y la oposición sabe dónde debe pegar.

Sucede algo extraño en la principal pareja del oficialismo. Manzur siempre dejó que el ministro de turno en esa área se encargara de la Seguridad. En eso copió a su antecesor, José Alperovich. Ambos dispusieron que el ministro, cualquiera fuera, sea el encargado de velar por la seguridad de los tucumanos, y por ende, el fusible que saltaría si las cosas no salían bien. Jaldo, desde el primer momento en que le tocó gobernar, salió a tomar el toro por las astas y ya, desde la Legislatura cuando impulsó la ley de Narcomenudeo en momentos en los que ni Manzur estaba tan de acuerdo, tomó como prioridad el tema. A lo largo de los 513 días que estuvo en el sillón de Lucas Córdoba actuó como gobernador, como ministro de Seguridad y como jefe de Policía. Había reuniones todas las semanas con la cúpula de la fuerza y los policías se sentían presionados por mostrar resultados. Sabían, y así se lo hizo saber el mismo Jaldo, que si no había avances en la gestión rodarían cabezas. Se puso duro y exigió respuestas. Cuando Manzur volvió tras su paso en la Jefatura de Gabinete estas reuniones se terminaron. El de nuevo gobernador se presentó como jefe de campaña de Jaldo y ya al menos no se preocupó por ser la cabeza visible de la lucha contra la inseguridad, como sí lo había hecho quien ahora pretende sucederlo. Esto, por lo sucedido en las últimas semanas, parece haber llevado a una relajación de la Policía. Ya nadie del Gobierno les exige, en una reunión oficial dentro del mismo despacho del primer mandatario, que haya resultados. Y la situación explotó nuevamente en las últimas semanas.

A lo largo de las cuatro últimas décadas el delito mutó en Tucumán. Durante los 80, los 90 y gran parte del 2000, las bandas organizadas se ensañaron con la provincia. Había grupos de duros, muchos de ellos llegados de otras provincias, con un enorme poder de fuego y que se jugaban a matar o morir. Así hubo atracos contra bancos, camiones de caudales, tiroteos en el Aeropuerto, golpes comando contra empresas y hasta toma de rehenes. Y sí, hubo varios delincuentes fallecidos. Con la llegada del nuevo milenio se dio un cambio y las bandas se fueron o dejaron de estar tan organizadas, y les dieron lugar a los delincuentes que actuaban al voleo, o con poca preparación. Y el que más sufrió esta transformación fue el ciudadano común. La frase que dijo Verón Guerra luego de prometer “bala” para los delincuentes se escucha en todos lados: “La gente quiere salir a la calle, quiere ser libre. Hoy es al revés: los delincuentes están libres y los vecinos encerrados detrás de las rejas por miedo”. Nadie se siente seguro cuando camina para volver a su casa.

En el Gobierno, todos los años repiten lo mismo: se habla de incorporaciones a la Policía, de compras de armas, de camionetas, de chalecos antibalas y, sobre todo, de cámaras. Y no cualquier tipo de cámaras. Anunciaron compras de estos equipos hasta con reconocimiento facial. ¿Dónde estaban esas cámaras (o mejor dicho, ¿por qué no tomaron las imágenes que debían tomar?) cuando hace una semana les robaron las ruedas a cuatro vehículos a media cuadra de avenida Mate de Luna sobre calle Frías Silva? No se puede hablar de que los robos ocurrieron en una zona alejada, o inhóspita. ¿Por qué no hay alertas cuando se roban los medidores de gas que denuncian decenas de vecinos y hasta la misma Gasnor? ¿Qué pasa con esos recursos que, según el Gobierno, son tan importantes dentro de su plan de seguridad? Y las preguntas pueden seguir. Se anunció como una de las principales estrategias la confección de mapas del delito y la construcción de cuadrillas para la presencia policial. ¿No hay agentes apostados sobre la principal avenida de la provincia? Para peor, esta semana, los cadetes de los servicios de pedidos tomaron la plaza Independencia con reclamos por la inseguridad que viven. “Salimos a trabajar y no sabemos si volvemos vivos”, dijeron, recordando el caso de Guillermo ‘Willy’ Sahad, a quien mataron en mayo del año pasado durante un asalto. Y dejaron una amarga sentencia luego del ataque que sufrió un compañero esta semana: “Nosotros somos nuestra propia Policía. Tal vez a algunos de nosotros no nos hayan robado, pero sí hemos presenciado muchas veces y hemos intervenido cuando a un civil le han robado. También nos juntamos y vamos desarmados a recuperar la moto de algún compañero, vamos a la suerte porque no sabemos con quién nos encontraremos”. “Nosotros somos nuestra propia Policía”, dijeron. ¿Dónde están los que deben cuidarlos? Esto es mucho más que un llamado de atención.

Y la oposición utiliza frases que hieren aún más los planes del gobierno. “La inseguridad es un flagelo creciente y los vecinos de nuestra ciudad la sufren a diario, por lo que decidimos intervenir firmemente en ese tema”, afirmó Germán Alfaro al abrir las sesiones del Concejo Deliberante y recordar los recursos que pusieron a disposición de la seguridad. Otra vez, pegan donde más duele. En dos meses los tucumanos elegiremos nuevas autoridades provinciales. El oficialismo tiene muchas posibilidades de retener la Gobernación. ¿Jaldo se pondrá otra vez al frente de la seguridad y presionará para obtener resultados? Mientras tanto, el ciudadano es el que más sufre los golpes. Y casi nunca tiene respuestas.