Por Luis María Ruiz
22 Mayo 2023
ARCHIVO LA GACETA
Las elecciones de este año en Tucumán alcanzaron un récord de judicialización, con dos procesos en el ámbito de la Justicia provincial y siete causas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). No obstante, con nueva fecha para las comicios, y ya sin Juan Manzur en las boletas, solo dos de estos expedientes preocupan al PJ. Y también a un importante sector de la oposición.
Aunque por estas horas suena paradójico, el oficialismo había sido el primer espacio político en llevar a los tribunales cuestiones relacionadas al proceso de renovación de autoridades locales.
A mediados del año pasado, el partido peronista, mediante el consejero Fernando Juri, recurrió al fuero contencioso administrativo provincial para objetar la constitucionalidad de los artículos de la Carta Magna tucumana que fijan como fecha de votación “dos meses antes” de la finalización de los mandatos. Con el antecedente del caso “Frente Renovador Auténtico”, previo a la contienda del 9 de junio de 2019, el PJ obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, que quedó firme. Así, el Poder Ejecutivo (PE) se vio en condiciones de llamar a elecciones para el 14 de mayo de 2023.
El gobernador Manzur, por su parte, formuló luego un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), mediante una acción de amparo para buscar el aval que le permitiera secundar a Osvaldo Jaldo en la fórmula del Frente de Todos (FdT). Un fallo dividido dictado en noviembre del año pasado por el máximo tribunal local le dio la razón al entonces jefe de Gabinete. En este caso, sí hubo objeciones de la oposición, aunque no prosperaron.
Así, 2022 terminó con dos victorias del oficialismo en los tribunales provinciales: el adelantamiento de la fecha de votación y el binomio Jaldo-Manzur en las boletas. Sin embargo, aliados a Juntos por el Cambio (JxC) llevaron estas cuestiones a la Corte nacional.
Los planteos
De los siete planteos ante la CSJN, cuatro llevan la firma del intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, en su carácter de líder del Partido por la Justicia Social (PJS). Otros dos fueron impulsados por la agrupación CREO, representada por la diputada Paula Omodeo y por el candidato a legislador Rafael López Guzmán; y el restante, elevado por Martín Javier Augier y por José Ganim, postulantes al Concejo Deliberante de la Capital por el partido “Movimiento y de Unidad y Cambio”.
Cinco de esas causas objetaban la constitucionalidad de la participación de Manzur en la fórmula del FdT.
El 9 de mayo, cinco días antes de la fecha originaria de votación, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda dictaron una cautelar a pedido de Alfaro, que derivó en la suspensión de los comicios. Para “desactivar” la medida, Manzur decidió declinar de su postulación y anunció una nueva fórmula: Jaldo-Miguel Acevedo. Esto permitió, efectivamente, que se reactive el cronograma electoral y el dictado de un nuevo decreto de convocatoria, por parte del PE, para sufragar el 11 de junio. Si bien resta el pronunciamiento sobre la cuestión de fondo en estos procesos -es decir, si un gobernador reelecto puede ser candidato a vicegobernador en Tucumán-, estas causas ya no tendrán impacto en el proceso electoral en curso.
Los dos expedientes restantes mantienen expectante, sin embargo, a la dirigencia tucumana, puesto que cuestionan el adelantamiento de los comicios. Se trata de una acción declarativa de certeza formulada por Alfaro y de una acción de amparo promovida por Omodeo y por López Guzmán.
Según estos aliados a JxC, los comicios deben celebrarse a fines de agosto -los mandatos finalizan el 29 de octubre-, y más allá de los fallos en el fuero provincial, la Corte nacional debe declarar su competencia originaria para entender en la cuestión.
La demanda impulsada por Alfaro data del 23 de febrero, y cuenta con un dictamen de la Procuración General de la Nación en el que se abre la puerta a la intervención del máximo tribunal en este caso, en línea con los antecedentes “Santiago del Estero”, “La Rioja” y “Río Negro”. El PJ, mediante distintas presentaciones realizadas por Juri, acusó a Alfaro de “fraude procesal” y de haber ocultado a la CSJN la existencia de los dos fallos del fuero provincial referidos a la fecha de las elecciones. Además, señaló que el “demandante ha incurrido en una total contradicción”, dado que, cuando se habían suspendido los comicios sólo para gobernador y para vicegobernador, Roberto Sánchez y Alfaro habían solicitado a la Junta Electoral Provincial que se votara para el resto de las categorías (legislador, intendente, concejal y comisionado comunal) el 14 de mayo. “Se debe rechazar in limine la presente acción”, indicó Juri.
CREO, en tanto, planteó esta causa el jueves. Y si bien los sistemas del Poder Judicial de la Nación no evidencian aún movimientos en el expediente, en esta demanda se solicitó a la Corte nacional una cautelar para suspender los comicios del 11 de junio, hasta tanto se dicte un veredicto sobre la cuestión de fondo -es decir, si el adelantamiento de la votación colisiona con el texto constitucional de la provincia-. Al tratarse de una acción de amparo, en JxC esperan que este proceso reciba un rápido tratamiento por parte de la CSJN.
Restan tres semanas para la nueva fecha de elección, y no es posible saber si el alto tribunal se expedirá a tiempo sobre las demandas del PJS y de CREO; mucho menos si lo hará a favor o en contra. Pero el precedente que truncó la contienda del 14 de mayo y la candidatura de Manzur justifica la preocupación del oficialismo y de un sector de la oposición que no quiere más dilaciones.
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